Diputadas presentaron una denuncia conjunta contra el juez Mingarini

Foto: Aguchi.

Legisladoras provinciales de distintos espacios políticos presentaron una denuncia conjunta al juez Rodolfo Mingarini en la Procuración General de Santa Fe. Piden que se investigue y se apliquen sanciones al magistrado, por haber dejado en libertad a un hombre imputado por abuso sexual con el argumento de que había usado preservativo.

A través de un documento presentado este viernes en los Tribunales de Santa Fe, diputadas provinciales de diversos espacios políticos le solicitaron al procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, que «realice la investigación y disponga las sanciones que considere pertinentes al juez penal de primera instancia del Distrito Judicial Nº 1 Rodolfo Alejandro Mingarini, por haber trascendido públicamente un decisorio que evidenciaría la carencia de aptitud esencial en el ejercicio de la función judicial». Esta semana se hizo pública una sentencia mediante la cual el magistrado dejó en libertad a un hombre acusado de abuso sexual por haber utilizado preservativo al momento de ejecutar la agresión.

Mediante el escrito, las legisladoras solicitan al procurador de la Corte que investigue la conducta del juez Mingarini y que disponga las sanciones correspondientes, que pueden ser administrativas o puede derivar en un jury, si así lo determina Barraguirre. Además, presentaron un proyecto de Comunicación en la Legislatura para pedir la intervención del Poder Ejecutivo ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que aborde el particular.

El escrito presentado en Tribunales lleva las firmas de las diputadas Gisel Mahmud, Lionella Cattalini, Érica Hynes, Claudia Balagué, Clara García, Lorena Ulieldin, María Laura Corgniali, Rosana Bellatti (PS-Frente Progresista), Lucila De Ponti, Matilde Bruera, Paola Bravo (PJ), Silvana Di Stefano, Georgina Orciani, Silvia Ciancio (UCR-Frente Progresista), Damaris Pacchiotti (Ciudad Futura-Frente Social y Popular), María Ximena Sola (PRO-Cambiemos), Mónica Peralta (GEN-Frente Progresista), Betina Florito (Somos Vida), Cesira Arcando (Partido FE) y Agustina Donnet (Igualdad).

El contenido de la nota

«Venimos en nuestro carácter de legisladoras y representantes del pueblo en el convencimiento de que un juez de nuestra provincia no puede dejar en libertad a un imputado por abuso, utilizando como único argumento para ello el uso de preservativo», dice la solicitada.

En su sentencia, Mingarini manifestó: «No puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima». Al respecto, las legisladoras santafesinas sostuvieron: «Esta conducta del magistrado no hace más que reafirmar la existencia de una justicia patriarcal que debemos revertir». En ese sentido, consideraron que «se torna menester la condena de dicha conducta no solo por parte de la sociedad –como está sucediendo– sino también mediante las sanciones instituidas para reprochar el obrar antijurídico de los miembros del Poder Judicial».

«Es que de corroborarse un patrón de conducta en este sentido podría, incluso, alcanzar la sanción más grave de destitución por desconocimiento manifiesto del derecho causal de remoción de magistrados conforme a la Ley Provincial Nº 7.050», argumentaron las diputadas. Sobre este punto, adujeron: «Esto podría entenderse porque se verían vulneradas de forma manifiesta la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Ley N° 23.173), con rango constitucional según Art. 75 inc.22 CN; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belem do Pará. Como así también la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Nº 26.485) y la Ley Provincial de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Nº 13.348)».

Este repudio viene acompañado de un proyecto de Comunicación presentado por diputadas de diferentes bloques para que «el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, tenga a bien interceder ante la Corte Suprema de Justicia a los fines de garantizar la efectiva implementación de las capacitaciones a todas las personas que forman parte del Poder Judicial, en Género y Violencia contra las mujeres, dispuestas por la Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela” y la Ley Provincial de adhesión Nº 13.891».

Las legisladoras provinciales argumentaron que «ninguna normativa exige que para la configuración del delito de abuso sexual deba existir resistencia de la víctima manifestada por actos ante el accionar del violador». «No podemos permitir que la justicia no le crea a las mujeres, que dude de su palabra y que le exija resistencia ante cada hecho de violencia», manifestaron

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