Con la firma de diversas organizaciones de Santa Fe, se difundió hoy un comunicado que denuncia nuevas acciones de persecución del gobierno de Gerardo Morales sobre la dirigente indígena.
"La dirigente social Milagro Sala ha sido imputada en una nueva causa por el poder Judicial de la Provincia de Jujuy, aún estando en prisión domiciliaria. Ahora la acusan de 'instigación' a vecinos que fueron salvajemente reprimidos por la policía, por resistir un desalojo de un predio que habían recuperado para actividades deportivas", denuncian desde un comunicado organizaciones de Derechos Humanos de Santa Fe, en relación con una nueva imputación contra Sala, que fue notificada ayer, por aparente instigación a cometer delitos a vecinos del barrio capitalino Campo Verde que protestaron en marzo contra la decisión del gobierno jujeño de construir un colegio secundario en un parque de la zona y que derivó en una represión policial contra los manifestantes.
"El gobernador Gerardo Morales sigue cumpliendo con la amenaza que le hiciera a Milagro en 2016, de agregarle causas para que no pueda recuperar jamás su libertad y su derecho a luchar por su pueblo. No le perdona su origen indígena y humilde, su liderazgo y las notables obras realizadas por la organización Tupac Amaru: comedores, escuelas, viviendas, hospitales, espacios recreativos, etc. Los personeros del privilegio no toleran que los trabajadores más sumergidos y precarizados puedan acceder a los derechos que otorga la inclusión social", dice el comunicado, firmado por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, Norte amplio por los Derechos Humanos de Reconquista, Espacio por la Memoria de Rafaela, la APDH de Rosario, el Instituto venadense por la Memoria, Verdad y Justicia, Espacio por la Memoria de Suardi, Documenta Baigorria, Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario.
Según informa Télam, el 17 de marzo la policía de Jujuy lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra vecinos del barrio Campo Verde, en el marco de un operativo que involucró el infrecuente despliegue de 300 efectivos, que según se denunció ejercieron una "brutal represión" para el desalojo del predio. El conflicto se originó a partir de la determinación del gobierno de Gerardo Morales de construir un establecimiento escolar de nivel secundario en el único espacio verde con el que cuentan los vecinos de la zona, quienes quieren preservar ese terreno para la "recreación de niños, jóvenes y adultos". A Sala se la acusa de "instigar" la resistencia de los vecinos de ese barrio.
La nueva causa contra la dirigenta de la Tupac Amaru generó la inmediata reacción de funcionarios del Ejecutivo nacional, como la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
La persecución política y el hostigamiento al que Milagro Sala es sometida una y otra vez hace años es, no solamente una injusticia contra ella sino, además, un atentado contra el Estado de derecho que debemos repudiar.
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 12, 2021
Este particular ensañamiento compromete las garantias constitucionales y la responsabilidad internacional del estado Argentino.
— Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) June 12, 2021
"Morales no tiene vergüenza en distribuir la lista de sus candidatos en el mismo volante de los turnos de vacunación, y menos aún tiene escrúpulos para protagonizar esta nueva infamia contra Milagro Sala, como parte de su campaña electoral", dice el comunicado local, que también apunta a la "complicidad de su sector político", Juntos por el Cambio.
Finalmente, tras expresar su solidaridad con Sala, los organismos santafesinos exigen "su inmediata libertad, y que se termine la persecución política a la que está sometida hace más de cinco años".
