Cerca de dos cuadras de personas se concentraron ayer por la tarde en Santa Fe para reclamar la renuncia de los cuatro integrantes de la Corte Suprema y el fin del uso de la justicia para la persecución y el armado de causas con fines políticos. El documento leído en nuestra ciudad.
Los juzgados federales de 9 de Julio y Monseñor Zaspe fueron ayer el punto de concentración del capítulo local de la marcha del 1F, cuyo epicentro fueron los tribunales porteños. Reclamos a la Corte Suprema y a la justicia en general por sus fallos tendenciosos y sus conductas corporativas y elitistas se conjugaron con los pedidos de libertad para presos políticos y de avance de la reforma judicial. "La cúpula del Poder Judicial pasó a ejercer las funciones políticas que les corresponden a los funcionarios de gobierno y legisladores, en total dependencia de la oposición neoliberal, que golpeó a sus puertas como antes lo había hecho en los cuarteles", se expresó el documento conjunto.
La convocatoria local estuvo motorizada por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la CGT y la CTA de los Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, ADUL, AMSAFE, ATE, FESTRAM, SADOP y Asociación de Prensa Santa Fe, entre otras agrupaciones. El documento estuvo consensuado por más de 70 organizaciones de nuestra región.
Entre otros reclamos, en la movilización se apuntó al no pago de impuesto a las ganancias de los magistrados judiciales, al fallo que limitó el decreto que convertía en servicio público a las redes de comunicación digital, al boicot a las medidas de cuidado sanitario en las escuelas cuando se autorizó de facto el inicio de clases en la Capital Federal durante el ascenso de la segunda ola, al cajoneo de las causas relativas al macrismo, como las de espionajes ilegales, deuda externa, parques eólicos, Autopistas o Correo Argentino. En particular, se apuntó a la reciente difusión del video de espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia donde se ve a altos funcionarios de la provincia de Buenos Aires junto con empresarios organizando causas armadas contra sindicalistas: la ya famosa "Gestapo".
"Todo este accionar ha suprimido de hecho el Estado de Derecho en nuestro país, situación que hasta ahora no se ha logrado revertir", reza el documento. Las consignas principales del texto fueron: por un Poder Judicial que no sea cómplice de los grupos económicos concentrados y de la derecha, terreno fértil para el lawfare y el recorte de derechos a lxs trabajadorxs; la renuncia inmediata de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han deslegitimado con su accionar; para decir basta a la persecución y el armado de causas judiciales para aquellos que se oponen a las políticas neoliberales; por una reforma integral del Poder Judicial, con perspectiva de género, inclusiva, que garantice el acceso y los derechos de todas y todos, y que devuelva la dignidad a la Justicia en nuestra Patria; por la libertad de los presos y presas políticas.
El documento
Los atropellos que ha venido perpetrando la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los poderes electos por el pueblo han llegado a niveles que ya no se pueden seguir soportando. Quienes por propia decisión detentan el privilegio de no pagar impuestos, se han constituido en un verdadero Partido Judicial apoyados en una élite de jueces, fiscales y camaristas concentrados en Comodoro Py. Desde su lugar de poder se han ocupado de boicotear a los gobiernos populares, perseguir y encarcelar a ex funcionarios, referentes sociales y dirigentes sindicales; y al mismo tiempo a construir impunidad para quienes saquearon y endeudaron al pueblo argentino.
Mientras el gobierno electo decidía regular y limitar las tarifas de un servicio público como Internet, la TV por cable y la telefonía celular, la Corte decidía excluir al grupo Clarín de esa resolución, y dejar que aplique los aumentos que se le ocurran. Cuando el gobierno nacional, con el asesoramiento de la autoridad sanitaria, decidió demorar dos semanas el inicio de clases presenciales en el AMBA para limitar los contagios de COVID, la Corte Suprema impidió la medida en CABA, tal como lo pidió su aliado que gobierna la ciudad.
De hecho, la cúpula del Poder Judicial pasó a ejercer las funciones políticas que les corresponden a los funcionarios de gobierno y legisladores, en total dependencia de la oposición neoliberal, que golpeó a sus puertas como antes lo había hecho en los cuarteles.
Sin prueba alguna el Partido Judicial mantiene presa a Milagro Sala y a decenas de otros presos políticos. Y al mismo tiempo cajonea causas de delitos graves cometidos por funcionarios del ex gobierno de "Cambiemos", como los espionajes ilegales, deuda externa, parques eólicos, Autopistas, etc. Y entre ellas la de la deuda de Macri al Estado por el Correo Argentino.
El mecanismo de persecución política a través del Poder Judicial también se replicó en nuestra provincia, mediante el armado de una causa a la abogada de Derechos Humanos Nadia Schujman y a todo el equipo que acompañó al ex ministro Marcelo Saín.
Tampoco hay que olvidar que dos de sus integrantes, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz, aceptaron e ingresaron a la corte por un decreto inconstitucional de Mauricio Macri. Cortesanos que no por casualidad votaron por el intento de impunidad del 2x1 y otras medidas a favor de los genocidas. Antes, la Corte había votado una Cautelar a favor del monopolio Clarín, que impidió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales aprobada por el Congreso de la Nación.
Aunque no tuvo gran repercusión pública, a mediados de diciembre de 2021 la Corte Suprema produjo un verdadero golpe de estado judicial: Declaró “Inconstitucional” una ley nacional aprobada 15 años atrás: la que establece la composición del Consejo de la Magistratura. Sin vergüenza alguna pusieron en vigencia la ley anterior, con lo cual Horacio Rosatti, el Presidente de la Corte, se apodera también de la presidencia de ese organismo, que actúa en la designación de nuevos jueces, y en la tramitación de los juicios a los magistrados.
Los santafesinos no olvidamos que Horacio Rosatti figura en el equipo “selecto” de inundadores de la ciudad. Durante su intendencia participó en la inauguración del cordón oeste, que debía proteger la ciudad de las crecidas del Río Salado. Obra que por estar inconclusa permitió que se produjera la tragedia evitable del año 2003, que se llevó la vida de más de 150 personas.
Al igual que Lorenzetti y Rosenkrantz, Rosatti utilizó sus influencias para hacer ingresar a su hijo al Poder Judicial, y hoy es aspirante a ocupar la titularidad del Juzgado Federal número 2, que funciona en este mismo edificio. Esa es la supuesta “honestidad” que ostenta este Partido Judicial y la forma en que se heredan los cargos y los privilegios, como en los tiempos de las viejas monarquías.
La reciente aparición de un video de espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia, puso en evidencia lo que todos ya sabían: El funcionamiento de “mesas judiciales” de persecución política durante el gobierno de Macri. Ahí actuaban espías, funcionarios de alto nivel, jueces y fiscales. Todo en coordinación con el aparato mediático encargado de instalar las mentiras a nivel público. En este caso fue la llamada “Gestapo Antisindical”, que como en todos estos casos actuó bajo la cobertura de silencio de la Corte Suprema de Justicia.
Todo este accionar ha suprimido de hecho el Estado de Derecho en nuestro país, situación que hasta ahora no se ha logrado revertir. De ahí la importancia de esta convocatoria, que se realiza a nivel nacional y que representa el comienzo de una lucha para recuperar la democracia plena, lo que debe comenzar con la liberación de todos los presos políticos y con la renovación total de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
