Reclaman celeridad en la reforma de la ley que regula los agroquímicos en Santa Fe

Esta semana la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados comenzó una etapa de convocatoria a senadores y funcionarios del Ejecutivo provincial. Desde Paren de Fumigarnos sostienen que se trata de una nueva dilación. El proyecto de reforma ya fue aprobado en tres oportunidades por la Cámara Baja, pero nunca fue tratado por el Senado santafesino.

La Multisectorial Paren de Fumigarnos reclama que se dictamine de forma urgente sobre el proyecto de reforma de la Ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos en el territorio provincial. La iniciativa de reforma ha obtenido tres media sanciones, pero nunca llegó a tratarse en el Senado. Esta semana la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales comenzó una etapa de convocatoria a senadores y funcionarios del Ejecutivo provincial. Su intención es encontrar puntos de acuerdo para avanzar en la reforma. Sin embargo, desde Paren de Fumigarnos consideran que la instancia generará nuevas dilaciones.

La organización socioambiental denuncia que el nuevo proyecto «está cajoneado» hace un año en la mencionada comisión. Durante una reunión realizada este miércoles, los legisladores que trabajan en ella acordaron convocar a sus pares del Senado provincial y pedir audiencias a los ministros de Salud, Medio Ambiente y Producción de la provincia de Santa Fe con el objetivo de lograr avances concretos en la nueva normativa. La convocatoria es encabezada por la presidenta de la comisión, Erica Hynes (PS).

El proyecto de reforma fue aprobado en tres oportunidades por la Cámara de Diputados (en 2010, 2015 y 2019) pero que nunca fue tratado por el Senado y la media sanción fue perdiendo estado parlamentario. Para Paren de Fumigarnos, la nueva convocatoria al diálogo «es una señal, una respuesta a los reclamos y pedidos de reunión que hiciéramos llegar a la propia presidenta [de la comisión, Hynes]». Sin embargo, entienden que la decisión «dilatará aún más el debate que toda la sociedad santafesina reclama hace mucho más de diez años». La multisectorial, conformada por una decena de organizaciones, hizo saber su punto de vista a través de un comunicado difundido esta semana.

«Se hace muy difícil creer que obtendremos una ley superadora producto de reuniones con senadores. Los mismos que de manera sistemática han imposibilitado el avance de proyectos para modificar/actualizar la vieja ley vigente», argumentan.

 

 

Un modelo que enferma

«En todos estos años, miles de personas han enfermado, muchas han muerto. Y paralelamente, los territorios han sido devastados. Cientos de miles de hectáreas quemadas y deforestadas. Como consecuencia, sequías e inundaciones dramáticas, contaminación de napas y cursos de agua, mortandad de peces. Miles de familias (hoy hacinadas en los cordones de pobreza de las grandes ciudades), han sido expulsadas de sus territorios», describe Paren de Fumigarnos.

«La situación se torna mucho más compleja en un contexto de pandemia como el actual. Para resistir el embate del Covid 19 necesitamos cuerpos sanos, organismos fuertes. Esto es imposible con territorios enfermos», denuncian.

Paren de Fumigarnos argumenta que «la salud de la población se deteriora día tras día, por la exposición directa a las fumigaciones, las derivas incontrolables de los venenos y la ingesta de alimentos contaminados con altas dosis de agrotóxicos».

El espacio multisectorial afirma que, a mediados de los años 90, se utilizaban alrededor de 30 millones de litros de agrotóxicos por año pero que hoy se esparcen más de 525 millones de litros cada año.

Para la organización, «los argumentos de quienes no quieren que se modifique el modelo, siguen siendo los mismos: maximizar la producción para atender una supuesta demanda mundial de alimentos». «Lo cierto es que no solo no se satisfacen imperiosas necesidades alimenticias de la gente, sino que lo que se exporta se destina a balanceados para alimentar ganado y a la producción de combustibles (biodisel y alcoholes)», manifiestan.

«Mientras la pobreza en nuestro país trepó a números increíbles, las divisas generadas, no se destinan a demandas sociales, sino a pagar los intereses de una deuda externa absolutamente impagable e ilegítima», cuestionan. «De ninguna manera se puede aceptar que el costo para obtener mayor rentabilidad, sea el deterioro de la salud y la pérdida de vidas», expresan por último.

La ley provincial de productos fitosanitarios se aprobó en 1995, un año antes de la autorización de la soja transgénica a nivel nacional. En su articulado se establece el radio de aplicación de los agroquímicos según su clase toxicológica y cercanía a los espacios urbanos.

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