El Foro Contra la Impunidad y por la Justicia repudia un pedido del Ejército para hacer "ejercitaciones operacionales" en el predio donde actualmente continúa la búsqueda de inhumaciones clandestinas de la época de la dictadura.
A días de iniciada una nueva etapa de búsqueda de fosas de enterramientos clandestinos en el Campo Militar San Pedro, esta semana se conoció un pedido del Ejército para hacer "ejercitaciones operacionales" en el predio. Esta presentación contradice la medida judicial de no innovar que pesa sobre el terreno de 2200 hectáreas, ubicado en jurisdicción de Campo Andino, donde en 2010 se halló una fosa común con los cuerpos de ocho personas desaparecidas en Rosario entre 1976 y 1977.
A través de un comunicado, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia manifestó su preocupación ante "una nueva embestida en contra de la medida cautelar por la que se encuentra preservado el Campo Militar de San Pedro". El organismo de derechos humanos tomó conocimiento de una nota enviada por la Directora de Memoria Histórica y Programas del Ministerio de Defensa de la Nación, Mariana Maurer, al Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. En la misma solicita que se informe el estado de prohibición de innovar, ante una nueva solicitud por parte del Ejército para realizar "ejercitaciones operacionales" en el campo. En 2016 se rechazó un pedido de similares características. Actualmente, el campo que fue utilizado por el Ejército en la dictadura se encuentra en la órbita del Ministerio de Defensa.
Hace dos semanas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -tras una serie de gestiones de la Secretaría de Derechos Humanos provincial- comenzó una nueva etapa de búsqueda de sitios probables de inhumaciones clandestinas ocurridas en la dictadura. Para ello, utilizó la tecnología LiDAR, que busca de forma aérea huellas terrestres de acciones antrópicas en el terreno. Es la misma tecnología que se usó en México para buscar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
"Resulta a todas luces aberrante que en el momento en que continúa la búsqueda de fosas comunes y enterramientos clandestinos como los hallados en 2010, se solicite autorización con fines de 'maniobras'", cuestiona el Foro. Los organismos de derechos humanos de Santa Fe han participado activamente, durante los últimos años, en la búsqueda de cuerpos en ese predio, que en la dictadura se utilizaba para entrenamientos militares.
En 2010 el EAAF descubrió una fosa con ocho cuerpos de militantes desaparecidos entre 1976 y 1977 en Rosario: María Esther Ravelo, María Isabel Salinas, Carlos Alberto Bosso, Gustavo Adolfo Pon, Federico Winkelmann, Miguel Ángel D’Andrea y otras dos personas aún sin identificar. Todos habían sido vistos en el centro clandestino de detención conocido como La Calamita, que funcionaba en Granadero Baigorria.
"Con muchas dificultades y limitaciones se continúa la búsqueda de los restos de nuestros seres queridos. Nuevos indicios nos animan a ello, a partir de la colaboración prestada mediante nuevos testimonios, lo que no debe ser afectado por la presencia de militares en el Campo", agrega el Foro en su comunicado.
"La búsqueda de personas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado, y la preservación de los sitios en los que se cometieron crímenes aberrantes, forman parte de una política asumida por el Estado Nacional, que se vincula en forma directa a la continuación de las investigaciones judiciales de delitos de lesa humanidad", afirman desde el organismo.
En 2012, el Campo San Pedro fue considerado Sitio de Memoria. A partir de una presentación de organismos de derechos humanos de Santa Fe, se espera que sea convertido en un Espacio de Memoria y Escuela de Campo de Ciencias Forenses. En marzo pasado las diputadas nacionales Cecilia Moreau, Josefina González y Patricia Mounier (Frente de Todos) presentaron un proyecto de ley en ese sentido.
