El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a seis ex policías de la provincia de Santa Fe por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. Los sobrevivientes son trabajadores y militantes paivenses que fueron secuestrados y torturados en 1980.
Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Fe resolvió esta semana sentenciar por privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos a seis ex policías de la provincia de Santa Fe, a quienes halló culpables de los secuestros y torturas de 11 obreros del Frigorífico Nelson, participantes de la lucha sindical a principios de los años 70.
El TOF condenó a 16 años de prisión e inhabilitación perpetua a Germán Chartier; a Fernando Sebastián Mendoza a cinco años e inhabilitación perpetua; a Eduardo Riuli a seis años y seis meses e inhabilitación perpetua; a Rubén Oscar Insaurralde a seis años de prisión e inhabilitación perpetua; a Antonio González a cinco años e inhabilitación perpetua; a Omar Molina a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua. El Tribunal dispuso que las penas se cumplan en cárceles comunes.
En la esquina de Primera Junta y San Jerónimo se reunieron a escuchar la sentencia los sobrevivientes, sus familias y organismos de derechos humanos, además de organizaciones sociales y sindicales. Allí estuvo la Madre de Plaza de Mayo Otilia Acuña. También participó Verónica Gauseño, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, organismo que llevó adelante la querella de la causa, y los abogados Federico Pagliero y Anabel Marco. Además participó Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de la provincia.
Entre los presentes estuvo Roberto Soria, uno de los militantes secuestrados por la patota juzgada esta semana. "Fueron 40 largos años que tuvimos que esperar, soportando la carga en nuestras espaldas de lo que hicieron para destruir nuestro pensamiento y nuestro deseo de algo más digno para los trabajadores argentinos", manifestó.
Soria estuvo privado de su libertad entre el 18 de abril de 1980 y el 20 de abril de 1984. "Fui un trotamundo de cárceles: estuve en Rawson, en Caseros, en Devoto, en Rawson. Quizás el lugar más difícil fue el Borda, en Buenos Aires. Me llevaron allí por tres meses y me tuvieron soportando torturas. Cuando me cargaron para arrojarme al mar, siento una voz en el altavoz que dice 'regresen los paquetes a Buenos Aires' y viene un joven y me dice 'te salvaste, viejo'", relató.
"No podían sacar de mí información, yo no tenía nada que ocultar. Pero sí podía reconocer el nombre de mis compañeros, con quienes estuvimos sembrando todo cuanto es necesario para la libertad del pueblo. Por todo esto hoy me siento muy emocionado", expresó.
Luego de la lectura de la sentencia, Gauseño reivindicó a Catalino Páez, víctima de los hechos que se juzgaron en la causa, y quien falleció en 2016. Por su parte, el abogado Pagliero aseveró que "las penas no están a la altura de las circunstancias, pero vamos a seguir solicitando indagatorias. Es una causa que va a abrir muchas causas nuevas". "Es el inicio, más allá de que hace muchos años que se viene dando esta batalla. Lo importante es que todos fueron condenados: todos tienen en sus cabezas las marcas de que son genocidas", acotó. A continuación, indicó que desde la APDH presentarán proyectos para que esas personas sean consideradas no gratas en Laguna Paiva y en la ciudad de Santa Fe.
La abogada Anabel Marconi destacó que durante el juicio se escucharon relatos sobre el secuestro de niñas y niños familiares de las víctimas, que también fueron blanco del terrorismo de Estado. "Logramos una empatía y pudimos reconstruir sus historias. Después de 40 años, las compañeras y compañeros pudieron tener un poco de reparación por el daño que se les ha hecho", consideró la letrada.
A su turno, Lucila Puyol afirmó, en relación a los juicios de lesa humanidad: "El Estado tiene que comprometerse, como lo hace el Estado nacional a través de la secretaría de Derechos Humanos; como lo hizo al firmar todas las convenciones de derechos humanos y como ha dicho desde diciembre de 1983: 'Nunca Más' al terrorismo de Estado". "Siempre memoria, verdad y justicia por nuestros 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos", concluyó.
Pausa registró esos momentos, a través de la lente de Gabriela Carvalho.
