¿Hay voluntad en el Frente de Todos para poner la fuerza necesaria en la aplicación del control de precios que propuso el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti? Frente a un mercado poderoso y super concentrado, está en juego la potencia política de un gobierno muy pendiente de los acuerdos.

El lunes por la tarde el Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti se reunió con el pleno de los diputados del Frente de Todos, en el marco de la “gira interna” que realiza para solicitar apoyos verbales y concretos para la fiscalización del congelamiento de 1423 precios dispuesta por 90 días a través de la Resolución 1050 y que –según aseguran fuentes cercanas al funcionario que asumen que es una medida de coyuntura– podría prorrogarse en función de los resultados obtenidos. Con el mismo objetivo de coordinar el control de precios, ayer en una reunión en Casa Rosada estuvieron presentes el presidente, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Wado de Pedro, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y 20 gobernadores, que firmaron un acuerdo. Como era de esperar, faltaron el intendente de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de Córdoba.

Todos –incluidas la COPAL, CAME y todos los que se opusieron a la Resolución 1050– entienden perfectamente que buena parte de la suerte de la gestión de gobierno está atada al éxito o fracaso del congelamiento por 90 días, dada la imposibilidad de desempatar la carrera entre precios y salarios (ambos aumentaron un 82% durante la gestión del FDT sin solución para el atraso previo) y el alto perfil que asumió Feletti blandiendo la Ley de Abastecimiento y la posibilidad de abrir “un Mercado Central cada 200 mil habitantes”.

Es un mercado donde el 50% de los productos alimenticios y de higiene personal son producidos por 36 firmas y el resto por 12.000 pymes distribuidas a lo largo y ancho del país y donde el 57% de las bocas de expendio de esos productos son autoservicios nacionales o chinos, almacenes y despensa, que representan el 70% de la comercialización nacional y a los que no alcanza el acuerdo entre proveedores, grandes cadenas y el gobierno nacional. La medida es de aplicación compleja (más aún si las provincias no ponen el pleno de sus fuerzas de inspección en marcha) y es altamente probable que el impacto sea relativo. Pero en un desierto de propuestas desafiantes en defensa del bolsillo popular, es un activo que el gobierno debería aprovechar para apuntalar la recuperación tras la derrota de setiembre pasado y sin importar el resultado de las generales de noviembre.

Dada la diversidad ideológica de su composición y sin que nadie se anime a desacreditarla de plano, en el Frente hay quienes le reconocen esta centralidad y otres que le bajan el precio o directamente no hablan del asunto. “Yo no vine a hacer otra cosa y para esto fui convocado por el presidente, y sé que en esto me juego prestigio y credibilidad” asegura Feletti, quien es perfectamente consciente de hay restricciones externas e internas para implementar la medida, pues una de las principales complicaciones es alinear las declaraciones públicas y la voluntad de todos los sectores que componen el gobierno.

A las recientes declaraciones de Matías Kulfas –que es el único que parece tener claro cuál es el modelo de desarrollo productivo del Frente, más allá del grado de acierto en el diagnóstico– sobre que “la inflación no se resuelve en la Secretaría de Comercio Interior, con controles de precios”, se sumó el secretario de Comercio provincial Juan Marcos Aviano, que en una nota de Rosario 12 aseguró que van a controlar precios en cadenas de Santa Fe, Rosario y Rafaela pero que espera que “el gobierno nacional  y el sector empresario puedan volver a sentarse en una mesa” o que “sería importante un acuerdo nacional y federal donde, con la premisa de la competitividad, el abastecimiento y los precios de equilibrio se hubiese podido generar otro tipo de diálogo”. Sin noticias acerca de si habla en nombre del gobierno provincial, Aviano dice “yo sigo dejando abierta la posibilidad de que ésta resolución sea modificada en los próximos días, esperando que se genere una mesa de diálogo”.

Durante 12 años el socialismo se negó a aplicar la Ley de Abastecimiento y de Defensa del Consumidor, siguiendo el teorema de Binner sobre la infalibilidad del mercado y alegando que no tenían facultades delegadas. El gobernador Perotti terminó con esta falacia con dos decretos (263/20 y 319/20) pero su Secretario de Comercio pone reparos.

A cielo abierto

En suma, Kulfas entiende como Feletti que esta medida es un corte disciplinatorio, una demostración de carácter para discutir en otros términos, pero dice que la solución es macroeconómica y relativiza el peso que el Secretario de Comercio le confiere a la regulación de monopolios o de la puja distributiva. Aviano actualiza el reclamo del gobierno santafesino a Alberto y sus ministros, por la falta de diálogo previo y consensos en temas que atañen a la provincia (como pasó con Vicentín o el cupo para la exportación de carnes) y llega lejos al asumir que faltó diálogo y que la resolución con que se aplica la Ley 20.680 debería ser revisada.

Ya es un clásico del FDT exponer públicamente diferencias y no sería grave si cada uno hiciera lo que tiene que hacer y el resto pusiera todo su empeño en acompañar; los matices son para la previa. Feletti es consciente de que «la fiscalización es territorial, hay que estar de acuerdo con los intendentes y sindicatos y las organizaciones sociales deben colaborar, sino no hay modo de que una herramienta como esta tenga efecto y habremos perdido una gran oportunidad», una gran oportunidad de encolumnar a todas las organizaciones afines al FDT en pos de un objetivo compartido y que hace honor al contrato electoral celebrado entre el presidente y sus electores.

Sin contar que para cuidar las formas, las nacionales y populares, muchos dirigentes del FDT a lo largo y ancho del país, deberían tomar nota de que la idea de que “los controles de precios no sirven para contener la inflación”, «que son una bomba de tiempo» y la propuesta de “retomar el diálogo” pero en otros términos (¿cuáles serían?), fue dictada hace pocas horas por la Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina y resulta comprensible que sean el libreto a memorizar para AEA o Juntos por el Cambio.

“El empresario es bueno, pero si se lo vigila es mejor”

Es cierto que Juan Domingo Perón no dijo exactamente eso, pero es sabido que al capital no se lo combate, se lo persuade o se lo disciplina y que un silogismo lo resuelve: los humanos son complejos y contradictorios, los empresarios son humanos, por lo tanto los empresarios también lo son. Es decir que controlarlos es indispensable para asegurar los beneficios de la prosperidad para todes les argentines.

El congelamiento transitorio de precios se suma a otros 18 programas de control con los mismos fines (entre los que pueden destacarse Precios Cuidados, Canasta de Ahorro en Ferias Populares, Súper Cerca, Canasta de Cortes cárnicos, Mercado Federal Ambulante y la Ley de Alquileres, entre los principales). Un estudio acerca de la eficacia real de ésos programas realizado por la consultora Focus Market, analiza dos escenarios, relevando el comportamiento de precios esenciales en bocas de expendio alcanzadas por los acuerdos y en otras que no y tomando el período enero-agosto 2021. El resultado es significativo: en los supermercados regulados por Precios Cuidados la variación de precios alcanza un 18% en promedio y en los que no hasta un 55%.

Es decir que, si bien la secuencia “ideal” es convocar, dialogar, consensuar, implementar, vigilar y castigar, los dos últimos verbos son esenciales para determinar el éxito de las medidas fiscalizatorias estatales.

Roberto Feletti se basó en un indicador sencillo y de lectura directa: el peso promedio de la canasta básica alimentaria (que aumentó un 54,5% interanual) en el salario privado registrado, se mantiene desde hace dos años alrededor del 11%. Si consideramos la canasta ampliada o básica total (que incluye bienes y servicios no alimentarios), ese peso asciende al 23%. No se consideran salarios de trabajadores formales que no empataron sino que perdieron un 4% contra la inflación en los últimos 20 meses, como los que pertenecen al sector público, que tienen ingresos indigentes como los municipales o que directamente revistan en las economías informales, donde la pérdida del poder adquisitivo duplica el promedio del sector registrado.

A favor de la capacidad de diálogo y consenso del Secretario de Comercio de la Nación, hay que decir que es una constante que las cámaras que agrupan a productores y grandes supermercadistas prefieren poner el acento en otros asuntos y resisten la potestad del estado para analizar sus estructuras de costos (secretos celosamente guardados contrariando el artículo 2 inciso g de la Ley de Abastecimiento) y fijarles topes de rentabilidad. Es el sentido de una Ley cara al peronismo, que fue sancionada en 1974 por Perón y modificada por Cristina Fernández en 2014, que además la aplicó dos veces; la primera para controlar los precios de la petrolera Shell y la segunda para garantizar precios razonables de trigo en el mercado interno a través de la Resolución 67/2013, las dos con Guillermo Moreno como Secretario de Comercio Interior, ambas derogadas por Macri en 2017. Debería ser defendida sin cortapisas y aplicada sin culpa, sin pedir permiso por ejercer una facultad inherente al único contrapoder con el que cuentan las clases populares cuando está en buenas manos, el Estado.

La modalidad del acuerdismo hasta que duela –al menos hasta que el vaporoso Consejo Económico y Social que preside Gustavo Béliz se ponga en marcha y eso puede ser a destiempo para todo– ha mostrado sus limitaciones y los resultados de implementarla han sido más bien escasos. En momentos en que se recuerda al fundador del movimiento que más votos aporta a la coalición de gobierno, en que los agradecimientos coinciden en que «nos enseñó a creer en la politica», «nos invitó a cumplir un sueño y demostró que era posible», pues bien: parece indicado que la política recupere potencia sin discriminar entre sueños grandes y chicos, entre construir una patria libre, justa y soberana y fijar precios razonables para que les argentines puedan comer y vivir dignamente. Porque sin hacer primero lo último, lo anterior es impensable.

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