El Concejo de Rafaela redujo el límite agronómico de 200 a 50 metros. De los 50 a los 200 metros se podrán aplicar “productos biológicos”. A partir de los 200, seguirán las fumigaciones con agrotóxicos.
En un trámite express, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó este jueves una ordenanza que reduce el límite para aplicar agroquímicos de 200 a 50 metros del perímetro urbano. Entre el metro 51 y el 200, autoriza sólo productos biológicos (no de síntesis química). Y a partir de los 200 metros, habilita las fumigaciones con agrotóxicos como el glifosato, tal como hasta ahora. Especialistas en derecho ambiental advierten que la norma es inconstitucional porque viola el principio de no regresión, que indica que no se puede disminuir la protección ya establecida, sólo se puede aumentar. El proyecto que proponía ampliar a 1000 metros la zona libre de venenos fue rechazado.
A contramano de lo que ocurre en otros municipios del país, donde se amplían las áreas sin fumigaciones, en Rafaela -la ciudad de donde proviene el gobernador Omar Perotti- se impuso la postura de la Sociedad Rural y de un sector del INTA. Ambas entidades llevaron adelante, durante meses, una campaña contra la iniciativa de extender la zona de resguardo ambiental y sanitario. El proyecto para establecer 1000 metros sin agrotóxicos y promover la agroecología había sido presentado en noviembre del año pasado por la concejala oficialista Brenda Vimo (PJ) pero nunca consiguió ser tratado ni aprobado. Por el contrario, el proyecto para reducir el límite a 50 metros fue presentado el miércoles pasado por Leonardo Viotti (Cambiemos, con mayoría en el Concejo) y en una semana fue aprobado.
El hito legislativo se dio en vísperas del 3 de Diciembre, Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, que conmemora a las víctimas de la tragedia de Bhopal, en la India (en 1984 un escape de gas tóxico de la empresa estadounidense Union Carbide mató a más de 20.000 personas y afectó a otras miles). Y a una semana de que los concejales recibieran un informe de más de 100 páginas elaborado por el ingeniero químico Horacio Beldoménico, docente, investigador y Director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El trabajo compila cientos de estudios científicos que documentan el impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente, en especial en niños y mujeres embarazadas. En base a ello, recomienda alejar las fumigaciones a una distancia mínima de 1000 metros y desarrollar producciones agroecológicas en la zona de resguardo.
Tras aprobarse la ordenanza, el ingeniero Beldoménico se mostró sorprendido. “Me impacta como optaron por la ignorancia al tomar decisiones que son tan importantes para el futuro”, dijo al referirse a los argumentos sostenidos durante la sesión por los concejales que aprobaron el proyecto, como Marta Pascual o Leonardo Viotti. Por ejemplo, dijeron que falta evidencia científica sobre los impactos de los agroquímicos en la salud y el ambiente, o que hay dos bibliotecas sobre el tema. “No hay dos bibliotecas, hay una sola que es la biblioteca de la ciencia”, sostuvo Beldoménico. “Claro que hay estudios orientados, con claras influencias de quienes pagan las investigaciones. Pero cuando se toman estas decisiones hay que optar por lo que la ciencia dice, y la ciencia son los investigadores independientes de altísimo nivel y calificación que hay en el país”.
Beldoménico también habló de responsabilidades. Para eso, citó uno de los estudios incluidos en el informe, en el que se encontró clorpirifós en alimentos infantiles. El clorpirifós es un insecticida de amplio espectro, prohibido a nivel nacional en agosto pasado pero que se puede vender por un año más. “Le estamos dando de comer todos los días a bebés, que no tienen ninguna protección desarrollada, un neurotóxico prohibido en el mundo”, advirtió. “¿Quién se va a hacer cargo de todos los niños que van a comer clorpirifós hasta que la prohibición se sustancie? ¿Los concejales de Rafaela?”, se preguntó.
A nivel nacional, esta semana se lanzó la campaña Basta de Venenos, en la que personalidades como Nora Cortiñas, Leonardo Sbaraglia y Francis Mallmann advierten sobre las consecuencias en la salud y el ambiente del uso de agrotóxicos.
Inconstitucional
Valeria Berros, abogada, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la UNL, advirtió que la ordenanza es inconstitucional. “Al ser menos protectora que la norma anterior, viola el principio de no regresión”, explicó. Este principio está presente en el derecho ambiental y en la Constitución Nacional cuando se refiere a la tutela de las generaciones futuras. También en el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso Nacional, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe
Enrique Marchiaro, también abogado especializado en el tema, coincidió con Berros y citó un caso reciente en la ciudad de Mar del Plata, donde la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró inconstitucional una ordenanza que intentó reducir el límite a las fumigaciones. Marchiaro participó junto con Beldoménico del encuentro con los concejales, la semana pasada. “El problema en Rafaela es que se cree que como aplican buenas prácticas no contaminan. Y eso es un grave error”, sostuvo.
Los concejales que aprobaron la ordenanza son Leonardo Viotti, Germán Bottero, Alejandra Sagardoy, Miguel Destéfanis y Marta Pascual (bloque Cambiemos). En tanto Lisandro Mársico, del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), votó su propio proyecto de mantener el límite de los 200 metros. Quienes votaron en contra fueron Brenda Vimo, Jorge Muriel y Juan Senn (PJ), que habían presentado el proyecto de los 1000 metros.
Durante el debate, tanto Mársico como los ediles de Cambiemos le achacaron a Vimo que durante sus años como responsable del área de Salud del municipio no tomó ninguna medida contra las fumigaciones. La concejala, que es médica, respondió que fue recién en 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud calificó al glifosato como probable cancerígeno, cuando comenzó a estudiar y denunciar la situación. También le cuestionaron al PJ, que gobierna en la ciudad y la provincia, la ausencia en la discusión del intendente Luis Castellano, del senador Alcides Calvo y de representantes del gobierno provincial, siendo que el gobernador y algunos ministros, como el de Producción, son de Rafaela.
