Debieron pasar casi 16 años para que tres funcionarios fueran condenados por los hechos de 2003, pero el fallo judicial tuvo gusto a poco. La causa está en la Corte.
“Ese día va a quedar siempre en nuestra mente. Disparar del río fue aterrador. No sabíamos qué iba a pasar. El agua subió muy rápido y no dio tiempo a nada. Y lo que vino después fue más aterrador: la oscuridad, el frío, el hambre, la desolación. Escuchar a tu vecino pidiendo que alguien lo saque. Y el Estado ausente, como siempre, en todo”.
Quien habla es Patricia Pavón y se refiere al 29 de abril de 2003, cuando un enfurecido río Salado entró a Santa Fe y tapó un tercio de la ciudad. Ella integra la Marcha de las Antorchas, el movimiento que, desde entonces y hace 19 años, se planta frente a Tribunales a recordarles a los jefes de ese palacio lo que los inundados jamás olvidarán. “Creamos la Marcha con el objetivo de pedir justicia, de no quedarnos en nuestra casa a llorar, de salir adelante de aquello que nos habían hecho. Era necesario salir a gritarlo”.
Por Patricia, y por los más de 130 mil damnificados directos de la catástrofe, la por entonces titular del Sindicato de Amas de Casa, Ana Isabel Zanutigh (“Chabela”) presentó una denuncia ante el fiscal Ricardo Favaretto el 5 de mayo de 2003, pidiendo que se investiguen presuntos ilícitos penales durante la inundación y se identifique a los funcionarios responsables de una tragedia que ya comenzaba a palparse como evitable. La denuncia fue tomada por el juez de Instrucción de la 7ma nominación, Diego de la Torre. La sentencia llegaría recién el 1° de febrero de 2019. Casi 16 años después.
Quien las hace, las paga
La causa Inundación estuvo regida por el Código Procesal Penal viejo, ese disparate en el cual los jueces que llevaban adelante las investigaciones también resolvían sobre la base de lo investigado por ellos mismos, y en el que las víctimas no tenían voz porque no concebía la figura de la querella.
Sin embargo, Milagros Demiryi y Jorge Castro hallaron un vericueto para involucrarse en el proceso, y en marzo de 2004 se constituyeron en actores civiles, en representación propia y de sus hijos, contra quienes resultaren responsables para la Justicia, y contra los Estados municipal y provincial. Para el matrimonio, y para el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos que los respalda, mirar para un costado no era una opción: “Existen responsabilidades penales y políticas ante hechos que pretenden presentarse como imposibles de prever, como obras de la naturaleza. Era necesario demostrar que, en democracia, quien las hace las tiene que pagar”.
Entre 2003 y 2005, De la Torre llamó a declarar a 34 personas, sobre todo, funcionarios. Entre ellos, a Carlos Alberto Reutemann, quien a pesar de ser el gobernador durante la inundación solo fue citado en calidad de mero testigo de los hechos. Distinta suerte corrieron su ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, y su director de Hidráulica, Ricardo Fratti, quienes junto al intendente Marcelo Álvarez y a otros siete servidores públicos sí debieron atravesar indagatorias. Mientras tanto, Jorge Obeid, el mandatario provincial que inauguró en 1997 la defensa inconclusa por la que arremetió el agua seis años después, pasó totalmente desapercibido.
En 2005, los peritos Jorge Bacchiega, Jorge Maza y Juan Carlos Bertoni fueron designados por sorteo para realizar un informe técnico sobre las causas y efectos de la catástrofe. Sus conclusiones resultaron lapidarias para las gestiones de Reutemann, Obeid y Álvarez. Establecieron, entre otras cuestiones, que “la capital provincial presentaba problemas estructurales que no correspondían ser resueltos en una situación de emergencia, sino que debieron haberse evaluado y corregido en forma previa”, e hicieron especial hincapié en el cierre de la defensa a la altura del Hipódromo, la cual, aseguraron, no tenía posibilidades de éxito “una vez iniciado el escurrimiento hacia el interior de la ciudad”. Es decir: se llegó tarde y mal. Asimismo, indicaron que “el inicio del ingreso del agua a la ciudad y su incremento el 27 y 28 de abril conforman un aviso importante que debió haber determinado acciones de evacuación”, y garantizaron que “con los registros existentes en poder de las autoridades de la Provincia y la utilización de modelos matemáticos de fácil y libre disponibilidad, era técnicamente factible establecer tanto la fecha como la cantidad de agua y velocidad de la misma”.
Matriz de impunidad
A fines de 2005, la causa recayó en el juzgado a cargo de Jorge Patrizi, cuya actuación más destacable fue su fallo. El 19 de abril de 2006 resolvió procesar al ex intendente Álvarez, el exministro de Obras Públicas Berli y al exdirector de Hidráulica Fratti por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. Asimismo, dictó la falta de mérito para otros siete imputados y en un desconcertante apartado, aseveró: “En el estado actual del proceso no existen elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos”. Hasta el día de hoy persiste la duda: ¿por qué el magistrado dispensó de responsabilidades a alguien que nunca fue siquiera indagado, que solo declaró como un testigo más y que no estaba entre los imputados sobre los que debía fallar?
Reutemann hizo su primera declaración testimonial el 12 de abril de 2004, por escrito, como se lo permitían sus fueros de senador nacional. El texto puede resumirse en una frase: “Ningún organismo técnico nacional, provincial ni municipal, ni ninguna autoridad o persona, dio aviso de la magnitud que alcanzaría el hecho, que constituyó una verdadera catástrofe, repentina, intempestiva, inédita e imprevisible”. Una versión reloaded del tristemente célebre “a mí nadie me avisó” que esgrimió en el momento más doloroso y álgido de la inundación.
En 2013, el expiloto de Fórmula 1 volvió a declarar, en iguales condiciones (como testigo, por escrito y con fueros). El 58% de esa testimonial es copia exacta de la anterior. La novedad estuvo en que, al “nadie me avisó” añadió el “no recuerdo”. El exgobernador acusó amnesia, por ejemplo, acerca de quién debía auditar la obra de defensa habilitada en 1997.
Como para cada inundado, para Demiryi “la máxima impunidad consagrada por todos los poderes del Estado ha sido hacia Carlos Alberto Reutemann”. Una impunidad que “fue construida desde la Justicia, de la mano con el Poder Legislativo, con el poder político y hasta con el poder económico”. Para ella, no caben dudas: “acá se construyó una verdadera matriz de impunidad”. Una matriz cuyo núcleo es el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, primo hermano de Noemí “Mimicha” Bobbio, primera esposa y madre de las dos hijas del exmandatario; es decir, su exprimo político.
En cualquier caso, Reutemann falleció el 7 de julio de 2021, sin haber tenido que pisar jamás los Tribunales santafesinos.
Los únicos destacables
El 5 de marzo de 2008, el fiscal Norberto Nisnevich formuló el requerimiento de elevación a juicio, con el fin de solicitar que comience de una vez por todas el juzgamiento de Álvarez, Berli y Fratti. Fue el primer funcionario judicial que dijo sin rodeos que los procesados “se desempeñaron en forma negligente al no haber adoptado los recaudos tendientes a minimizar los efectos del ingreso de las aguas”; y el primero en dar “por probado que la inundación del río Salado era previsible”.
Tres años después comenzó el plenario, la etapa definitoria. La causa se abrió a prueba, y tras pasar de mano en mano como papa caliente, en 2013 quedó a cargo del juez de Sentencia Gustavo Urdiales y la fiscal Mariela Jiménez.
Tras interponer una queja ante la Cámara Penal por las “dilaciones” de Urdiales, Jiménez consiguió acelerar la reapertura de la etapa de testimoniales. Además, junto a los actores civiles y sus abogados, logró que por primera vez sean llamados a declarar Jorge Obeid y Juan Carlos Mercier, el pluriministro que entre 2001 y 2002 ocupó la cartera de Obras y Servicios Públicos, además de la de Hacienda durante los dos mandatos de Reutemann.
El 12 de junio de 2013, Obeid, el jefe del Ejecutivo provincial que inauguró sonriente la inconclusa defensa Oeste, pasó por el Palacio de Justicia por primera vez. En calidad de testigo, claro. Lo que declaró es que cuando asumió en 1995, los tramos I y II de la defensa estaban ya en ejecución, conforme a los pliegos diseñados por la primera gestión de su antecesor, el expiloto. Y que no recordaba haber recibido en 1997 ninguna observación o crítica sobre la terminación del tramo II. También se justificó en el hecho de que, al momento de la catástrofe, él se encontraba en Buenos Aires porque era diputado nacional. El exgobernador —fallecido el 28 de enero de 2014— salió ese día escoltado por la Guardia de Infantería, sorteando los huevazos que le propinaron los inundados que había ninguneado minutos antes.
En la misma fecha, Mercier hizo una compleja exposición, en la que asignó a la Nación la responsabilidad de hacer el tramo III del terraplén Oeste. También aseguró que asistió a la inauguración en 1997 en calidad de invitado, pero que en ese entonces desconocía si la defensa estaba bien terminada o no.
Llegó la sentencia
El 1° de febrero de 2019 el juez Octavio Silva condenó al exministro de Obras Públicas Edgardo Berli y al exdirector de Hidráulica Ricardo Fratti a tres años de prisión condicional, por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. El tercer imputado, el exintendente Marcelo Álvarez, había fallecido el 9 de abril de 2018.
En un tramo del fallo de 149 páginas, el magistrado aseveró que “el anegamiento pudo haber sido prevenido y retrasado e incluso aminorado los volúmenes de ingreso que al final alcanzarían a los mismos niveles embalsados adentro de la ciudad”.
El juez fue lapidario con ambos funcionarios reutemannistas: "No caben dudas de que este peligro inminente, en términos de cálculo de probabilidades, en el marco de las funciones públicas específicas que desempeñaban los acusados y sus capacidades individuales como ingenieros hidráulicos, era un riesgo conocido o al menos cognoscible y que por sus roles jerárquicos debían y les era exigible conocer". Además, alude a la abultada evidencia que prueba que los acusados estaban bajo aviso de que la ciudad corría peligro por la inexistencia del tramo III de la defensa.
La sentencia de Silva fue apelada por Fratti y Berli, que perdieron en esa segunda instancia. El exministro murió el 12 de mayo de 2021, tras contraer coronavirus.
¿Llegó la justicia?
Para Demiryi, el fallo de Silva “tiene gusto a poco” porque “no abarcó a todos los responsables ni se les dio la condena que consideramos que se merecían, y quedó afuera el máximo responsable”. Pero al mismo tiempo, valora: “En el contexto en el que nosotros peleamos, con un Código que limita mucho la participación activa, logramos sostener la causa, junto con la lucha, la gente en la calle, el reclamo permanente y la memoria viva. Y aún con las limitaciones que teníamos y con esta Justicia, que es una Justicia bien de clase que beneficia a los poderosos, haber llegado a una condena penal a funcionarios públicos no es menor”.
“Esto ha sentado precedente y jurisprudencia”, agrega. “No existía en nuestro país ninguna sentencia que condenara a funcionarios públicos por su mala actuación, inoperancia o negligencia ante lo que se presenta generalmente como desastres naturales. Que en realidad no lo son: son desastres antrópicos, producidos por la acción de los hombres y por la irresponsabilidad de los funcionarios. Falta todavía mucho por recorrer, y si bien es limitado, yo veo el vaso medio lleno”.
María Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra por la Memoria, la Verdad y la Justicia, es menos contemplativa:
—El 1° de febrero de 2019 hubo sentencia en la causa Inundación. ¿Hubo justicia?
—No, no hubo justicia, hubo sentencia.
No obstante, reconoce: “Se cerró una parte, que también era impensado en la Justicia santafesina y en la Argentina. Un juicio tan largo, con tantas trabas, con tanta suciedad. Se cerró algo que para nosotros era impensado: que se dicte una sentencia, y que diga que todo lo que dijimos durante un montón de años era así. Porque cuando dicen que hay culpables, en algún momento nos dan la razón. Así que no hubo justicia, hubo sentencia: hay culpables, dos se murieron, y uno está vivo y sigue generando inconvenientes, igual que la Provincia”.
19 años sin condena firme
En marzo de 2020, la Cámara de Apelación integrada por los jueces Bruno Netri, Fernando Gentile Bersano y Alejandro Tizón ratificó el fallo de primera instancia, y con él las condenas para Berli y Fratti, quienes argumentaban que debían ser sobreseídos porque la causa había prescripto cuando se dictó la sentencia.
Además, el tribunal dio lugar a los reclamos de Castro y Demiryi, relativos a daños e indemnizaciones. Los pagos corren por cuenta de los demandados, lo que incluye a la Provincia. En consecuencia, la Cámara abrió el camino para la apertura de nuevas demandas civiles contra el Estado.
Por ello, el Ejecutivo santafesino y el único condenado sobreviviente al día de hoy (Fratti), recurrieron a la Corte Suprema de Justicia provincial, donde reposa el expediente esperando resolución del Cuerpo conducido por Rafael Gutiérrez.
Albornoz y todos los inundados lo saben: las cosas se pueden complicar. Pero también saben que la memoria está activa y que la lucha no se detiene. “No esperamos mucho de la Corte. De la impunidad, nada. Sí esperamos, siempre, de la gente”.
Memoria es otra cosa
A principios de abril, tres diputados del bloque Vida y Familia ingresaron un proyecto para que se construya en Santa Fe un “monumento o espacio conmemorativo” en honor a Carlos Reutemann, por su “trayectoria deportiva”. También proponen la creación del “Día Provincial del Automovilismo Deportivo” coincidente con el natalicio del expiloto de Fórmula 1.
La idea de Nicolás Mayoraz, Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz es “erigir un busto o un monumento, o diseñar un espacio temático en la capital” para “contribuir a mantener viva la memoria”. Sí, “la memoria”, dicen.
“Esto es una expresión de lo que nos falta recorrer en esta ciudad y en este país, y una expresión de que la memoria se construye. Esto es una memoria sesgada”, opina, indignada, Milagros Demiryi. “Necesitan borrar la historia”, agrega Jorge Castro.
Para Claudia Albornoz, la iniciativa es “una provocación”. “¿Quiénes son los sectores que le siguen cuidando la espalda al inundador, por más que esté muerto?”, cuestiona. Y ella misma responde: “sectores que han comido mucho con él. Hay mucha gente que hoy está en cargos políticos en el gobierno provincial y nacional gracias a Reutemann. Y sectores de la derecha, que aprovechan espacios y se les ocurre hacer un monumento, justo en abril, al inundador”.
“Y eso también les da prensa”, continúa. “Porque son hábiles en ese sentido: necesitan que hablemos de ellos. En realidad, hay que preguntarse cuántos proyectos presentaron, cuántas veces fueron a la Legislatura, cuánto están cobrando y qué hacen con la plata que nosotros les damos. Estos que quieren levantar el monumento a la impunidad, en realidad, quieren fama y se prenden de una idea bastante macabra, para tenerla”.
“Al no estar más Reutemann, yo diría que sería el lugar al que podríamos ir a tirarle cosas. Nosotros lo corrimos a él, históricamente, de todos lados. Le tiramos huevos, cascos, celulares. Justamente porque la Justicia nos era esquiva y él también. Entonces, si hacen un monumento, tendremos un lugar para ir a decirle a Reutemann que todavía no pagó con la Justicia”, promete.
Patricia Pavón, por su parte, no puede ocultar su ira ante la propuesta. “Para nosotros es una trompada. Tantos años gritando acá en la plaza que es un asesino, que nos abandonó. Y siempre lo tuvieron ahí arriba. No merece más que nuestro odio y nuestra bronca, que va a ser eterna”.
La memoria como legado
“Pasaron 19 años y este aniversario nos encuentra a muchos construyendo desde diferentes lugares una conciencia crítica”, celebra Claudia Albornoz. “Hay aprendizajes que se van haciendo”, complementa Milagros Demiryi. “La Justicia, que sigue mirando y favoreciendo a los poderosos, no es el único camino que elegimos para luchar. Es uno más de los caminos: también peleamos en las calles, en las escuelas”.
“Las democracias que tenemos en Argentina y en Latinoamérica necesitan fortalecerse con la participación ciudadana”, reflexiona la referente de la Carpa Negra. “Porque la justicia no se te da, se te niega permanentemente. La memoria y la verdad son construcciones que no tienen nada que ver con lo caprichoso. Son hechos que fueron ocurriendo y que fuimos documentando, y eso es lo que nos da el entendimiento de qué pasó ese 29 de abril de 2003. Aprendimos qué pasa cuando llueve, qué pasa con la obra pública, a quién la licitan, cuáles son los negociados atrás, y también sabemos que hay complicidades entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que hasta hoy siguen instaladas en la provincia de Santa Fe. Entonces, tenemos que procurar todo el tiempo que esa memoria siga viva, y que los más chiquitos y más chiquitas puedan entender que no podemos dejar a los gobiernos hacer lo que quieren hacer. Porque eso ha costado muchas vidas”.
