Jaquelina Balangione, titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, brega por una perspectiva integral y políticas sociales que alejen a la juventud vulnerable del delito y de la prisión.
El crecimiento del delito que afecta a la seguridad de la ciudadanía es una referencia taxativa del clima social. Así también, la sobrepoblación carcelaria forma parte del mismo entramado que entrecruza la pobreza, la vulneración de derechos y el punitivismo como una respuesta insustancial (e inadecuada) a una problemática tan compleja como histórica, ya arraigada en la estructura de la población argentina. Sobre estas cuestiones versó la entrevista que Jaquelina Balangione, responsable del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, brindó a Pausa.
En términos políticos, la funcionaria consideró que el hecho de que el Servicio Penitenciario integrara la cartera de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos provincial “había sido un avance” en virtud de las acciones que vinculan a esas competencias de gestión. En el pase a la órbita del Ministerio de Seguridad —ocurrido hacia diciembre de 2021— ya se aplica “otro criterio”. “De allí depende la policía. La función es la neutralización del delito. En cambio, el penitenciario es la aplicación de la pena. Según la Constitución Nacional, es un régimen de progresividad sin afectación de los derechos humanos. Es una contradicción pasarlo al ámbito de Seguridad”, esgrimió. A propósito, remarcó que en las cárceles “la alimentación no alcanza, el acceso a la salud es incompleto. Lo mismo el cupo laboral y educativo. Todo eso tiene que ver con la gestión”.
—¿Cuáles son los problemas que se identifican en las prisiones de la provincia?
—La realidad carcelaria en todos los lugares del mundo es compleja. En América Latina y el Caribe hay una deficiencia señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Papa Francisco. Hay un esquema de ‘cárcel depósito’ versus la cárcel resocializadora, que es la que establece la Constitución Nacional en su artículo 18. En Argentina, el fin de la pena es la resocialización. Para eso está la Ley de Ejecución Penal N° 24.660, que establece un régimen y un sistema que es progresivo en el cumplimiento de la pena. A su vez, la provincia de Santa Fe tiene una ley que se acopla a esa ley nacional y que va más allá, da más garantías. Pero en la realidad no se cumple.
—¿Qué se interpone en ese cometido?
—A partir del caso Blumberg (Axel Blumberg fue secuestrado el 17 de marzo del 2004 y posteriormente asesinado por sus captores), el clamor popular pidió más penas. Se crearon nuevos tipos de delito, nuevos agravantes y se endureció el modo en el cual se cumplen las penas. Esto significa que beneficios como la salida transitoria o a la libertad condicional son de muy difícil acceso. La mayoría de los delitos por los que los internos están presos impiden la obtención de esos de beneficios, lo que altera la progresividad de la pena. A su vez, el Código Penal ha sufrido muchas modificaciones siempre en el sentido de la mano dura, ampliando la cantidad de delitos, de agravantes y de penas. Hubo un endurecimiento que repercute en el sistema carcelario.
—¿Y qué pasa en las cárceles de la provincia de Santa Fe?
—El mayor de los problemas es la sobrepoblación que en algunos casos es hacinamiento. El hacinamiento genera afectación de derechos. Y esto repercute en la resocialización, porque en un lugar donde hay sobrepoblación y hacinamiento los cupos se reducen. Son los cupos educativos, laborales, de acceso a la salud y la alimentación. La capacidad máxima en el servicio penitenciario es 5894 presos y la cantidad de internos, al día de hoy es de 7593. Tenemos 11 establecimientos carcelarios. Los tres más grandes son Piñero, Coronda y Las Flores y tienen sobrepoblación y hacinamiento.
—¿Por qué hay presos en las comisarías?
—En las comisarías no debería haber presos. Simplemente, debería haber personas recién aprehendidas hasta que se resuelve la situación procesal. Tienen que pasar al Servicio Penitenciario en el caso que se decida la prisión preventiva. En la Unidad Regional I (URI), las comisarías tienen capacidad para 106 personas y hay 372. Algunas comisarías están verdaderamente hacinadas. Esta problemática incide directamente en los barrios, porque que la comisaría esté abocada a cuidar presos implica que no esté en la calle neutralizando el delito. Los detenidos van a las comisarías porque en las cárceles no pueden recibir más. En toda la provincia, hay 800 presos en el ámbito policial (comisarías, alcaidías y celadurías).
—¿Y qué pasa con los detenidos por delitos federales?
—Privados de la libertad efectivamente hay 476. Deberían estar en cárceles federales y están en cárceles provinciales. Si anulásemos esos 476 igual tendríamos sobrepoblación, pero es un problema más para la provincia. La cárcel federal de Coronda hace diez años que está en construcción. Es una cárcel para 500 plazas, va a alcanzar por poco tiempo.
—La respuesta al delito, como una cuestión estructural, ¿es construir más cárceles?
—Hay una permanente tensión entre el derecho penal, que está para ponerle un límite al poder punitivo del Estado y que genera garantías para las personas que son perseguidas penalmente, y la política criminal que incluye la política de persecución, que representa a la sociedad y que incluye al colectivo de las víctimas. Acá tiene que haber un diálogo. No se trata de la disyuntiva entre proteger a los imputados o proteger a las víctimas. El Estado le tiene que dar protección y respuesta a toda la sociedad. La única respuesta del Estado es punitiva, el encierro, sin estar acompañada por políticas sociales que contemplen las causas para ver qué es lo que está pasando en una sociedad cada vez más violenta, más armada y con índices de pobreza que suben de una manera calamitosa.
—En la cárcel se replica la desigualdad social…
—En las cárceles hay pocos peces gordos. El gran número de presos son pibes que caen por cosas menores. Entran a la cárcel y son mezclados con otras personas que quizás ya tienen condenas por delitos graves. Van pibes por el arrebato de una cartera, cuestión que está mal, que es una conducta disvaliosa, pero que el Estado la tiene que trabajar. Le da la misma respuesta que al triple homicida o al jefe de una banda narco. Es un joven que entra por una conducta disvaliosa, pero de menor envergadura, a un espacio donde hay poca posibilidad de control, de resocialización, de buena alimentación, de educación física, de atención para poder construir un ser social en un espacio de encierro. Lo único que se logra es conectar a esos jóvenes con el mundo del crimen. A la sociedad le debería interesar que se dedique mucho trabajo del Estado a esto, que es lo que no funciona. Y trabajar con las causas que llevan a la juventud a este tipo de conductas disvaliosas que impactan en la paz social.
—Cuando plantea esta situación ante los estamentos superiores, ¿qué respuesta recibe?
—En Santa Fe tenemos la defensa dividida: la defensa civil, que representa a las víctimas, y la defensa penal. Las dos atendemos a la misma población: los sectores más vulnerables, la gente que no tiene plata para ir a un abogado. Planteo que los conflictos se trabajen de forma integral. Porque si tuviésemos injerencia en la defensa civil, tendríamos otra forma de ser vistos en la sociedad y podríamos tener intervención en los conflictos. Podríamos dar respuestas efectivas y eficaces frenando los conflictos desde que arrancan. En cambio, intervenimos cuando ya llegó el conflicto penal. Nadie nace malo, es todo un camino. Lo hablé en su momento con el ex gobernador Miguel Lifschitz y luego con Omar Perotti. Pero no dan el paso.
—Entonces, ¿qué tipo de justicia es necesaria?
—Un sistema de justicia restaurativa que implica mucho más trabajo del Estado, pero daría respuestas más efectivas a la sociedad y tendrían impacto sobre los temas de seguridad. Hoy el Estado está dando una sola respuesta que es la punitiva y el encierro. Y vemos que no sirve de nada, más que para agravar el problema. Además, el Estado no atrapa a todas las personas que cometen delitos. Y a los que atrapa no les da un tratamiento como debería darle.
—¿La misma realidad se vive en las cárceles de mujeres?
—Es una realidad distinta. Las dos cárceles están sobrepobladas: la unidad N° 5 de Rosario y la unidad N° 4 de Santa Fe. La N°4 tiene lugar para 55 y hay 66 mujeres. Y en la N°5 hay 211 y tiene lugar para 170. En la N°4 hay dos niños y una mujer embarazada. Los niños viven en cautiverio con sus madres. Tienen menos de cuatro años. En la N°5 hay diez niños en el pabellón de madres. La población de mujeres es menor en comparación con la de varones, pero proporcionalmente está creciendo más rápido. ¿Por qué? Hay un común denominador: la mayoría tiene una situación de violencia de género previa. Son sometidas por un proxeneta. La prostitución no es delito, pero las lleva a vincularse con la trata o el robo o el narco. O son mulas. Son actividades que tienen que ver con el sustento económico. Es muy difícil salir de esos círculos porque en su mayoría son mujeres que están solas en la vida o sometidas por alguien. En el caso de que sean beneficiarias de la prisión domiciliaria y tengan hijos menores de cuatro años, fracasan. O no tienen casa a dónde ir. Si están presas con sus hijos es porque no tienen una familia donde dejar a esos chicos. Además, es cruel porque el día que el niño cumple cuatro años viene el Estado y lo institucionaliza. No puedo entender que, siendo 12 casos, el Estado no tenga un programa integral de sostén. No es premiarla a la mamá, es tener en cuenta el interés superior del niño. ¿Qué se puede esperar de un niño que nació en una cárcel, creció en una cárcel y de ahí pasó a un hogar?
—A nivel político se reclama que la Justicia Federal se active para atender al narcotráfico…
—Son necesarios mayores recursos y también mayor acción por parte de la Justicia Federal en coordinación con la Justicia Provincial. No estoy de acuerdo con la provincialización del narcomenudeo. Lo único que va a provocar es que se multiplique geométricamente la cantidad de personas privadas de libertad. Es cortar por el eslabón más bajo y más fino.
Dentro del penal
La defensora provincial Jaquelina Balangione analizó la convivencia dentro de las prisiones, atravesada por la violencia institucional. “La violencia institucional es muy alta en los lugares de encierro. Es alto el número de casos, no así de denuncias porque la persona que vive bajo encierro teme denunciar. Viven todos en el encierro, los penitenciarios con los internos. Los agentes penitenciarios tienen muchas carencias. Es una salida laboral para aquellos chicos y chicas que no tienen trabajo y que, generalmente, salen de los mismos sectores sociales de donde provienen los internos. No tienen capacitación. En el hacinamiento viven ellos también. Eso da lugar a que haya corrupción”, describió y añadió la violencia que se ejerce entre los mismos presos, más el consumo de “drogas legales e ilegales”.
—¿Cuál podría ser un principio de solución?
—El Estado está en deuda con el colectivo de víctimas porque no le da una respuesta eficaz. Ahora, el sistema penitenciario debe ser reservado para los delitos graves (que afectan la integridad física, sexual o la vida de las personas). Para los delitos que no son graves, la respuesta debe ser reeducativa y socioeducativa. Los delitos contra la propiedad deberían tratarse desde un sistema de justicia restaurativa que implica el acercamiento de las partes para buscar soluciones genuinas. En ocho años pasamos de 3500 a 8500 presos y los casos de inseguridad crecieron mucho más. Los tres poderes del Estado y la sociedad civil tenemos que abocarnos a buscar soluciones genuinas. La justicia restaurativa trata de restaurar la paz que se rompió con el conflicto.
