Santa Fe tuvo su acto reclamando el juicio político a la Corte Suprema

Foto: CTA de los Trabajadores.

Con la convocatoria del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, esta mañana se congregaron diferentes organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales y políticas a las puertas del Juzgado Federal, en reclamo del juicio político a la Corte Suprema.

Una nutrida concurrencia se concentró esta mañana en la esquina de 9 de Julio y Monseñor Zaspe, donde se localiza los tribunales federales de nuestra ciudad, para reclamar por el avance del juicio político a la Corte Suprema de la Nación. La movida fue promovida por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia y contó con la adhesión de diversas organizaciones y referentes, como la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras, la CTA Autónoma, la Corriente Clasista y Combativa, Nuestra América, el Movimiento Evita, Octógono FHUC, los diputados provinciales Fabián Palo Oliver, Ricardo Olivera y Leandro Busatto, la diputada provincial Lucila De Ponti y los concejales Federico Fullini (FDT) y Guillermo Jerez (Barrio 88).

Bajo la consigna "Con esta Corte no hay Derechos ni Democracia", en la concentración se leyó un extenso documento, en el cual se destacan estos fragmentos.

Dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia son santafesinos: Horacio Rosatti (de nuestra ciudad, intendente de obras inundadoras y gestor de impunidad) y Ricardo Lorenzetti (de Rafaela, con intereses en el negocio de la medicina privada).

Esta Corte decidió, en terreno que no le corresponde, quitarle recursos económicos a nuestra provincia y dárselos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, violando la Constitución Nacional y pasaron por encima del Congreso Nacional, que había votado un presupuesto para el año 2023.

Esta Corte, en plena pandemia, dictó un fallo urgente a favor de Larreta, que había decidido no acatar las medidas de aislamiento de las autoridades sanitarias nacional para evitar más muertes, solo para favorecer sus especulaciones políticas.

Esta Corte dictó un fallo para favorecer a las grandes empresas de Internet y TV por cable opuesto a la declaración por el gobierno actual sean considerados Servicios Públicos (como la electricidad, el agua corriente y el transporte), para de esta manera asegurarle la “libertad” de mercado con la cual establecer precios exorbitantes y seguir enriqueciéndose a costa del pueblo. En particular el grupo Clarín, del cual el “supremo” Rosenkrantz había sido su abogado.

Esta Corte, con sus fallos a favor de las empresas, está avanzando en el desmantelamiento del fuero laboral, tal como lo plantean los abogados laboralistas de todo el país, preparando el terreno para el camino a la flexibilización laboral que nos quite derechos. Hacia la misma destrucción se dirige la persecución a organizaciones sindicales y sociales que los cortesanos convalidan.

Esta Corte, con su reciente fallo en contra de Milagro Sala, ratificó la persecución inhumana a que es sometida por el Poder Judicial corrupto de la Provincia de Jujuy. Una Corte integrada por cuatro varones, que sustenta una Justicia sin ninguna perspectiva de género, que no actúa o lo hace tarde ante situaciones de violencia de género, femicidios, travesticidios; ante situaciones familiares, cuotas alimentarias, corresponsabilidad en los cuidados; que no protege los derechos de nuestros niños/as y adolescentes; que no garantiza el cuidado de nuestra salud. Necesitamos urgente la democratización y la reforma transfeminista del Poder Judicial.

Esta Corte se apoderó de la presidencia del Consejo de la Magistratura (el organismo que interviene en la designación y remoción de Jueces), declarando inconstitucional una ley con 15 años de vigencia. De esa forma coloca a todos los jueces federales del país bajo su control, para que ninguno vaya a dictar un fallo que no le guste.

Esta Corte, con su inacción y su marcada orientación, está avalando la infame actuación del tribunal que condenó a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin una sola acusación que pudiera probar imponiéndole una verdadera proscripción política. Así como poco antes, a través de una jueza fiel a sus dictados, habían encubierto a los instigadores y financistas de su intento de asesinato.

Esta Corte boicotea el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad, por negarse a reunir a la Comisión Interpoderes, encargada de agilizarlos. Actuación que se condice con el conocido fallo del 2x1, mediante el cual en 2017 intentaron liberar a cientos de genocidas condenados, con los votos de Rosenkrantz y Rosatti.

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