El canciller Santiago Cafiero informó que el Gobierno canceló el pacto Foradori-Duncan de 2016. El mismo entregaba concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las Islas Malvinas.
El Gobierno nacional puso fin al pacto diplomático Foradori-Duncan suscripto entre Argentina y el Reino Unido en la administración del expresidente Mauricio Macri, por considerarlo "lesivo" para los intereses nacionales. Además pidió a los británicos una reunión en el marco de las Naciones Unidas para discutir la soberanía respecto a las islas.
El canciller Santiago Cafiero se reunió este jueves con su homólogo británico James Cleverly, en Nueva Delhi, en el marco de la Cumbre de Cancilleres del G20. Allí le planteó la cuestión Malvinas, invadidas por los británicos en 1833, y le notificó (en forma verbal y por escrito) la decisión del Gobierno argentino de poner fin al pacto 'Foradori-Duncan', al considerarlo "lesivo" para los intereses nacionales.
En paralelo, el canciller planteó reiniciar la discusión por la soberanía de las islas Malvinas y propuso una primera reunión entre ambos países en la ONU, en Nueva York, en el marco de la resolución 1965 de las Naciones Unidas, que instaron a ambos países a dialogar sobre la "disputa de soberanía".
Sobre el pacto
El pacto "Foradori-Duncan" fue firmado por el gobierno macrista en 2016. Fue firmado por el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro británico de Estado para Europa y las Américas, Alan Duncan.
A través del pacto se intentó garantizar al Reino Unido la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había propuesto poner límites a la ocupación ilegal inglesa y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago.
El acuerdo contemplaba las dos principales demandas británicas que la primera ministra Theresa May le había realizado al presidente Macri en una carta que le había enviado breve tiempo atrás: remoción de obstáculos para explotación de recursos y vuelos al continente.
En cuanto a los vuelos, las partes "acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países" mientras que la "demanda de Argentina siempre fue promover un segundo vuelo desde territorio continental mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas".
Asimismo, el documento suponía "el levantamiento de las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la Argentina para proteger sus recursos frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos".
Para evadir someter el tema a la aprobación del Congreso, se adoptó la forma de "comunicado conjunto" entre ambos estados.
"Uno de los hechos más lesivos para el reclamo por la soberanía"
Según el gobierno de Alberto Fernández, "fue uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas". Agregaron que "si no hubiera sido por la reacción de amplios sectores políticos y sociales, del Congreso y de veteranos, sus consecuencias habrían sido irreparables".
En tanto, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, señaló a Télam que con la decisión formalizada este jueves "se deja atrás una etapa oscura" de la diplomacia argentina en relación al reclamo de soberanía por Malvinas.
Carmona propuso impulsar una "agenda concreta de negociaciones con eje en la soberanía que debe contemplar la conectividad aérea y marítima de las Islas con el territorio continental argentino, medidas en favor de los habitantes de las Islas".
También debe considerar "medidas para la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas y la desmilitarización del archipiélago".
