Yolanda Ponti tenía 18 años cuando fue acribillada por el Ejército en diciembre de 1976, mientras circulaba en un colectivo de la línea 3 por la esquina de Lisandro de la Torre y 25 de Mayo. En agosto iniciará el juicio que buscará memoria, verdad y justicia para la militante estudiantil.

Se iniciará el juicio oral y público contra el ex militar Alberto José Jaime, acusado de haber acribillado a la militante estudiantil Yolanda Ponti en el centro de la ciudad de Santa Fe, el 1° de diciembre de 1976. Las audiencias comenzarán el próximo 3 de agosto en el Tribunal Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe. El fiscal interviniente será Martín Suárez Faisal.

El objetivo del proceso es abordar la responsabilidad del coronel retirado, Jaime, en el homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y con el concurso premeditado de más de dos personas en perjuicio de Yolanda Ponti, de 18 años. Además de la militante de la Juventud Universitaria Peronista, fueron asesinados un chofer de colectivos de la línea 3 (en el que iba la joven) y un jubilado de 69 años.

El sociólogo e investigador Roberto Baschetti relata, en Hora Cero, que Ponti había nacido en 1958 en Rafaela y era la menor de cuatro hermanos. "Siendo adolescente ya se interesaba mucho por los temas sociales", cuenta el autor del libro Militantes Uno por Uno, y más tarde, "conformó el AES (Acción de Estudiantes Secundarios) y una revista que se llamó 'Qué Hacer".

En 1975, Ponti llegó a la ciudad de Santa Fe para estudiar. Quería ser asistente social. "Allí sumó a muchos compañeros que viniendo de Rafaela, de una militancia secundaria, engrosaron las filas de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y ella misma desde esa identidad partidaria fue elegida delegada de año por sus pares. También recorría los barrios ayudando a las personas más necesitadas", escribe Baschetti.

Jaime, prófugo por cuatro años

Alberto José Jaime estuvo prófugo cuatro años y medio, desde octubre de 2014 hasta abril de 2019, cuando lo encontraron y exhibió el DNI de su hermano. En noviembre de ese año, la Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento y prisión preventiva —más un embargo de dos millones de pesos— en una causa que lo investiga por "homicidio calificado con alevosía" en perjuicio de Ponti.

En ese entonces —según informó oportunamente el colega Juan Carlos Tizziani en Rosario/12— la Cámara lo consideró presunto "coautor" del crimen. Al respecto, la Justicia alegó: su "participación fue fundamental porque detectó a la mujer, ordenó perseguirla, planeó la estrategia para aprehenderla, dio órdenes para concretar su objetivo y disparó contra ella". Luego ratificó la detención de Jaime con el mismo argumento que había planteado el Ministerio Público: la "peligrosidad procesal" del imputado que en caso de quedar libre "intentará eludir la acción de la justicia".

Un supuesto "enfrentamiento"

El operativo militar en el que fue asesinada Ponti, en la esquina de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre, le costó la vida a otras tres personas: el chofer de un micro de la Línea 3 en el que viajaba la joven, Arnaldo Santiago Martinazzo, de 38 años; a un jubilado de 69, José Roberto Herrera; y al sargento Oscar Alberto Cabezas, que integraba el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 122 al mando de Jaime.

Del operativo, comandado por Jaime, también fueron partícipes el suboficial Nicolás "Tío" Correa y un oficial del D2 de Inteligencia de la Policía santafesina agregado a la Inteligencia militar: Héctor "Pollo" Colombini. Ambos circulaban en un Renault 6. También estuvieron el teniente Julio César "Potín" Dominguez, el sargento Elodoro Jorge Hauque, Cabezas, y un agente civil de Inteligencia (PCI) que se desplazaban en un Dodge 1500.

El sumario del Ejército redactado tras los hechos imputó a Yolanda Ponti las muertes de Cabezas, Martinazzo y Herrera. Pero el fallo de la Cámara desmiente la tesis del supuesto "enfrentamiento". Esto fue así porque quedaron al descubierto un "cúmulo de contradicciones" en los relatos de Jaime, Domínguez, Correa y Hauque (porque Colombini y el PCI no declararon en el expediente).

El fallo coincidió con un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El mismo estableció que la "finalidad" castrense era "ocultar las graves responsabilidades de una banda de agentes de Inteligencia" que "causaron no sólo la muerte de su 'blanco' -que era Ponti- sino la de otras dos personas ajenas al hecho": Martinazzo y Herrera.