ANUARIO 2023 | A la falta de pediatras se sumó una crisis generalizada, y no solo en el sector público.
El año 2023 será indudablemente recordado por los profesionales de la salud, y por los pacientes de esta provincia, como uno de los peores que han debido atravesar mucho tiempo.
La primera señal de colapso fue el 15 de junio, cuando el gobierno declaró la Emergencia Pediátrica y Neonatológica en los efectores públicos de Santa Fe por 90 días. En ese entonces, la ministra Sonia Martorano justificó la decisión en la escasez de profesionales de ambas especialidades y atribuyó esa escasez al aumento de enfermedades respiratorias en los chicos por el frío. Pero lo cierto es que la carencia se arrastraba desde hacía un año, y continúa vigente. El problema no era estacional. Ya en 2022 Pausa advertía que los médicos no elegían esas disciplinas porque no son rentables, y en el caso del sector público, por la precarización laboral a la que son sometidos quienes optan por ellas.
Durante el último trimestre de este año, se sumó a esa situación una guerra (primero silenciosa y luego muy ruidosa) entre los profesionales del arte de curar y las obras sociales, con Iapos a la cabeza. La punta de lanza fueron justamente los pediatras, que a partir del 15 de octubre empezaron a atender únicamente por privado, cobrando la consulta $7.500. De más está decir que esto produjo un importante incremento en la demanda de atención en el Hospital de Niños Orlando Alassia, dada la cantidad de gente que, en un contexto económico asfixiante, se ve imposibilitada de pagar para llevar a sus hijos al médico.
También en octubre, los colegios que nuclean a todos los profesionales de la salud emitieron un duro comunicado contra obras sociales y prepagas, pero también contra el Estado. En una unión entre todas las disciplinas que registra pocos precedentes, médicos, odontólogos, farmacéuticos, kinesiólogos, fisioterapeutas, bioquímicos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, psicopedagogos y terapistas ocupacionales afirmaron: “la salud es un derecho constitucional inalienable, y desde hace largo tiempo el Estado ha dejado de garantizarla”. Asimismo, acusaron a las obras sociales de pagar “cada vez menos honorarios”, y de hacerlo con hasta cuatro meses de retraso, y apelaron a los pacientes, al pedirles que “exijan a los financiadores del sistema (Estado, obras sociales, prepagas) que el dinero de la salud llegue a quienes brindamos la prestación del servicio”. Pero lo cierto es que los pacientes poco pueden hacer para presionar por una mejor atención, en un sistema que está pergeñado para dejarlos afuera de todas las decisiones, pero adentro (como rehenes) de todos los conflictos.
