Por Jorgelina Mudallel*
Este miércoles 12 de junio el Honorable Senado de la Nación Argentina llevará adelante una sesión histórica: tendrá en su poder aprobar o no la Ley Bases y el Paquete Fiscal de reformas que permitirán, en palabras del presidente, “destruir al Estado tal cual hoy lo conocemos”.
Por ende, me parece fundamental como concejala de la ciudad de Santa Fe, cuna de la Constitución Argentina y tierra del Brigadier Estanislao Lopez, entre otras memorias, resaltar la importancia, las consecuencias y las implicaciones que su sanción conlleva para mis vecinos y vecinas.
En primer lugar, me gustaría señalar que detrás de la declamada “destrucción del Estado” que se plantea concretar con esta Ley Bases, se esconde en realidad el establecimiento de un nuevo vínculo entre el Estado y los distintos actores sociales y económicos de nuestro país. El artículo 1 de la Ley concede “superpoderes” y facultades delegadas que otorgan mayor discrecionalidad al presidente, atentando claramente contra el correcto funcionamiento de los contrapesos institucionales que la República Argentina ha adoptado a partir del año 1994, pero de ninguna manera suprime el accionar del Estado.
En ese sentido, quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos en la universidad pública, hemos aprendido que una sociedad moderna como la nuestra es el resultante de diferentes esferas de funcionamiento: la comunidad, el mercado y el Estado. La armónica vinculación entre estos tres órdenes permite el normal funcionamiento de las sociedades que apuestan por el desarrollo económico y la inclusión social. Sin embargo, las intenciones del actual gobierno pretenden reducir al Estado a su mínima expresión, atentando contra la provisión de los bienes y servicios más básicos aunque, por otro lado, utiliza su máxima capacidad para desde el Estado favorecer la concentración de la riqueza en algunos pocos sectores privilegiados.
Peor aún, los postulados teóricos de nuestro presidente Javier Milei se encuentran a contramano del mundo. Se asumen posiciones dogmáticas y se plantean discusiones ideológicas saldadas hace años en casi todos los países del mundo. En el Siglo XXI, ya es un consenso básico de las democracias modernas de que el Estado es factor necesario para la creación de mercados, impulso de sectores estratégicos, creación de riqueza y redistribución del ingreso. Más aún, el Estado es elemento necesario para evitar la competencia desleal o la cartelización del mercado. Todo ello parece ser obviado por nuestro Presidente, en detrimento de las grandes mayorías de nuestro pueblo.
Por otro lado, y concretamente en nuestra ciudad, aún sin la vigencia de la Ley Bases y el Paquete Fiscal pero sí del DNU 70/23, ya podemos observar las consecuencias de estas decisiones políticas en los distintos niveles del Estado. El primer ejemplo lo podemos encontrar en la obra pública: a diciembre de 2023 existían al menos 14 obras que ya llevan más de seis meses paralizadas y donde aún no hemos visto a ningún actor privado que por voluntad propia se disponga a continuarlas, tal como proclama nuestra máxima autoridad. Por el contrario, se evidencia que los diversos actores económicos necesitan de la inversión estatal para llevar adelante sus esquemas de negocio e inversión. El resultado de la eliminación del Estado como proveedor de infraestructura básica implica menor trabajo para las empresas constructoras y de servicios, disminución del empleo, mayor exclusión social y disminución de la calidad de vida para todos los santafesinos y santafesinas.
En caso de sancionarse la Ley Bases, esta realidad se profundizará negativamente ya que los artículos 1 al 62 aluden a la Reforma del Estado, incluyendo un reordenamiento en los bienes y servicios que brinda pero teniendo como eje principal los despidos de empleados y privatizaciones de empresas públicas de servicios. Nuevamente, ideas ya implementadas y políticas fracasadas que vuelven a implementarse como si no hubiésemos aprendido nada de nuestro pasado.
Otra acción de “achicamiento” y disminución de provisión de bienes y servicios se visualiza en las decisiones de los tres niveles del Estado (Nación, Provincia y Municipio) en cuanto a los esquemas de actualización de precios regulados como tarifas de luz, agua y gas y boleto de colectivo que no encuentran relación con el nivel de ingresos de la población.
De igual manera, esta refundación del Estado que pretende ejecutar el presidente Milei, propone la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) el cual -aún con sus modificaciones- atenta contra las PyMES argentinas y su capacidad de generar empleo. Esto es así ya que el RIGI implica exageradas facilidades para que empresas extranjeras puedan mercantilizar nuestros recursos naturales.
No estamos en contra de la llegada de inversiones pero las mismas deben estar dirigidas en un esquema claro de transferencia de tecnología y desarrollo de encadenamiento productivos que permitan a nuestras empresas convertirse en proveedores de las grandes firmas. El marco normativo actualmente propuesto no solamente otorga exenciones impositivas por treinta años sino que permite la importación de bienes intermedios y durables que nuestras PyMES son capaces de producir localmente. Para una provincia productiva y manufacturera como Santa Fe, esta afrenta contra la industria nacional y el trabajo de los argentinos no debe ser pasada por alto.
Nuevamente, no se pone en juego aquí la desaparición del Estado, sino que se hace visiblemente presente para atentar contra los intereses nacionales y el detrimento de nuestro entramado productivo. El “topo” dentro del Estado podría utilizarlo para generar mercados, exenciones impositivas y desarrollo de la industria nacional pero, en cambio, prioriza los intereses de las grandes empresas extranjeras. Es hora de preguntarse para quién juega el topo.
Considero que en este siglo XXI los Estados tienen el gran desafío de modernizarse, de dar mayores respuestas de forma eficiente y eficaz, pero preservando su razón de ser que es permitir el desarrollo armónico de las comunidades y de generar las condiciones para la igualdad. Eso lo lograremos con iniciativas donde primen la articulación público-privada-comunitaria y los procesos de desarrollo endógenos, aspectos que en los manuscritos que se debaten mañana no se encuentran presentes.
Por lo tanto, y ya para concluir, quienes desde sus bancas, y desde los distintos lugares institucionales propicien este nuevo régimen normativo deberán dar cuenta de sus consecuencias y resultados.
*Concejala por la ciudad de Santa Fe - Bloque Justicialista
Lic. en Sociología - UNL
