Mientras miles de científicos colman las calles en todo el país en reclamo por el desfinanciamiento a la ciencia, el gobierno prepara una reforma del organismo a pedir del mercado para volverlo más "eficiente".
Miles de científicos colmaron las calles el miércoles pasado en todo el país, en reclamo por el desfinanciamiento a la ciencia, la parálisis de los proyectos y la fuga de cerebros resultante: en 2024, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) tuvo 1291 trabajadores menos que el año anterior, entre despidos, renuncias, jubilaciones, recorte de becas y cierre de carreras.
"Cienticidio" es la palabra que usó la revista científica Nature, una de las más prestigiosas en todo el mundo, para referirse al vaciamiento que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei. La nota destaca que el financiamiento a la investigación se ha detenido por completo, incluso con los proyectos que ya estaban en desarrollo, que la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) no realiza convocatorias para nuevos proyectos desde el 2023 y que el Conicet "estuvo pagando salarios y no mucho más", y que estos cayeron un 40% desde la asunción de Milei.
More than 1,000 scientists took to the streets yesterday in Buenos Aires and other cities in Argentina wearing gas masks to protest the collapse of science in the country, which they say was initiated by their government.https://t.co/fkNEa7RnEg
— nature (@Nature) May 29, 2025
En este contexto, el gobierno prepara el terreno para llevar adelante una reforma estructural del Conicet a fin de alinearlo más con sus intereses, que son los del sector privado. El "think tank" Libertad y Progreso, centro de investigación a cargo de los referentes liberales Alberto Benegas Lynch y Agustín Etchebarne, elaboró un documento titulado "Diagnóstico y propuesta para reformar y potenciar el Conicet", que plantea objetivos como eliminar la carrera del investigador y las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, disolver la Agencia I+D+i, aumentar la participación del sector privado en el directorio del organismo, auditar todas las investigaciones en curso y financiar solo aquellas que tengan aplicabilidad inmediata en el mercado.
El objetivo, según el documento, es "ir hacia un CONICET más eficiente, ágil y con mayor impacto social, enfocado en el financiamiento de investigaciones con impacto estratégico en el país". Para lograrlo, se propone "una reforma orientada a fortalecer el rol del sector privado en el organismo", debido a que "la elevada participación del Estado como conductor del desarrollo científico tecnológico nacional ha resultado infructuosa".
La reforma se daría a partir de la modificación de la Ley 25.467 y la actualización del Estatuto del CONICET establecido en la Ley 20.464, incorporando "de forma destacada la participación activa del sector privado": "Solo aquellos proyectos capaces de atraer inversión privada pueden considerarse realmente efectivos, ya que la participación del sector productivo actúa como un filtro que garantiza su aplicabilidad y potencial comercial".
Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, se propone aumentar "la participación del sector privado, que deberá ser equitativa respecto al sector público", incorporando "miembros adicionales al Directorio que sean representantes del sector privado, como del sector de servicios, minero y/o energético, y de las Academias Nacionales". Sí, así de simple: los CEOs de las grandes empresas sentados a la mesa decidiendo la orientación del desarrollo científico y tecnológico del país.
El vaciamiento avanza: en 2024 hubo casi 1300 trabajadores menos en Conicet
Los privados tendrían una preponderancia tal que contarían, incluso, con poder de veto: "Esto ayudaría a que el sector privado tenga mayor participación en las decisiones del CONICET, ayudando a definir qué líneas de investigación financiar. Pero más importante aún, marcando líneas rojas sobre cuáles no corresponde financiamiento".
Las reformas prosiguen: se propone "eliminar las Carreras de Investigador Científico y de Personal de Apoyo y sustituirlas por un esquema en que los investigadores trabajen por proyectos". Es decir, "el vínculo entre el CONICET y los investigadores no será permanente, sino que estará supeditado al proyecto en sí, con una fecha de inicio y final y con criterios de evaluación e impacto que permitan decidir la continuación o no del mismo".
Establecida la nueva estructura, el nuevo Directorio lanzará "una auditoría interna para revisar la situación de los becarios, investigadores y personal de apoyo que hoy integran el organismo", para identificar "todas las designaciones o actos administrativos -incluyendo la asignación de becas y la incorporación de investigadores- que, bajo la apariencia de perseguir fines legítimos, hayan respondido a objetivos políticos, partidarios o intereses particulares".
Párrafo aparte merece la ya habitual estigmatización de las ciencias sociales y humanidades, para las cuales el documento propone sencillamente eliminar el financiamiento, considerando que "los espacios naturales para su desarrollo históricamente han estado en las universidades estatales y privadas, las entidades sin fines de lucro, los partidos políticos y las organizaciones y asociaciones empresarias".
"El área de Ciencias Sociales y Humanidades, por la propia característica de su objeto de estudio, es más propensa al riesgo de captura por parte de grupos con intereses ideológicos o partidarios", señala el texto, que enumera "un cúmulo de investigaciones que tienen dudosa utilidad social y, en cambio, reflejan un claro sesgo ideológico o partidario". Este sesgo, según el documento, "también se refleja en la temática de dos unidades internas que actualmente se mantienen activas en la estructura del Conicet: la Comisión de la Memoria y el Área de Políticas de Género y Diversidades, ajenas a la misión del organismo".
Finalmente, a fines de racionalizar y simplificar las estructuras, el documento propone eliminar diversos organismos como el Gabinete Científico y Tecnológico, la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Plantea, incluso, disolver la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, con la consiguiente eliminación del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica.
