La medida se replica a lo largo y a lo ancho del país, en el marco del paro nacional que vienen llevando adelante profesionales del sector, que están sufriendo un ajuste descomunal.
Santa Fe será hoy una de las sedes de la Marcha de las Antorchas, que se replicará a lo largo y a lo ancho del país exigiendo la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en defensa tanto de las personas con discapacidad como de las y los trabajadores del sector, que viene sufriendo un ajuste descomunal. La cita será a las 18:30 en El Molino Fábrica Cultural (Boulevard Gálvez y Rivadavia), desde donde se marchará hacia el Puente Colgante.
La medida se da en el marco del paro nacional que están llevando adelante las y los trabajadores de salud del sector entre el 26 y el 30 de mayo, con cese de atención en la mayoría de las provincias argentinas. Los aranceles del Nomenclador Nacional de Prestaciones de Servicio no se actualizan desde diciembre de 2024: la prestación de apoyo tiene un valor de $12.370,61, cuando, de acuerdo a la inflación de los últimos meses, debería haberse elevado hasta por lo menos los $18.555,92. Una vez más, la estrategia del gobierno nacional es recortar por el eslabón más vital del sistema: las y los trabajadores.
Según la licenciada en Terapia Ocupacional Candelaria Abalde, "la situación es crítica", no solo por la cuestión de los aranceles, sino también porque "las autorizaciones de los tratamientos están demorando demasiado, lo que genera incertidumbre y dificultades para planificar y brindar atención a nuestros pacientes", situación que afecta no solo "a los prestadores, sino también a las personas con discapacidad que dependen de nuestros servicios".
"Estamos a merced de un sistema que parece no considerar las necesidades de las personas con discapacidad ni de los profesionales que trabajamos en este campo: es fundamental que se tomen medidas urgentes para actualizar los aranceles y mejorar el sistema de autorizaciones", señala Abalde; "de lo contrario, corremos el riesgo de que la atención a las personas con discapacidad se vea afectada de manera irreversible".
En esta línea, el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad busca asegurar el acceso pleno a prestaciones de salud, educación, trabajo y protección social, regularizar los pagos atrasados a prestadores y actualizar los aranceles, hacer cumplir el cupo laboral para personas con discapacidad y los beneficios para las empresas que las contraten y fortalecer los servicios básicos y de atención.
"El sector viene pisoteado desde hace muchos años"
La licenciada en Psicopedagogía Abigail Parado explica que el sector de discapacidad "viene vulnerado y pisoteado desde hace muchos años" y que las y los trabajadores vienen "luchando contra el sistema hace tiempo": "Las obras sociales nos pagan a nosotros a través de un fondo solidario de distribución que depende de la Superintendencia de Salud de la Nación, y nosotros las facturas las presentamos a la obra social. Ese círculo demora tres meses mínimo. En el camino la plata se pierde, las obras sociales no nos pagan o nos pagan con demora, nos piden rehacer facturas. Cobrar en tiempo y forma siempre es tedioso para los profesionales. Hay obras sociales que nos deben desde diciembre del año pasado, no pagaron nada de este año".
"Hay colegas que tienen que salir a pedir prestado, otros que son del interior y no pueden llegar a su lugar de trabajo porque es imposible comprarse los pasajes, y esto genera que las personas con discapacidad estén perdiendo sus derechos porque no reciben la atención adecuada", describe Parado. El cuadro de situación provoca que sean "cada vez menos los profesionales que quieren atender a través de la prestación por discapacidad".
Además, continúa Parado, la situación en Santa Fe reviste una complejidad aun mayor, ya que el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) "presenta demoras aún más grandes que las obras sociales que dependen de la Superintendencia de Salud, y el arancel es todavía más bajo". "Este mes estuvimos a punto de cortar prestación porque IAPOS argumenta que si ellos no tienen fondos no nos van a pagar, entonces trabajamos a ciegas, sin saber si vamos a cobrar por nuestro trabajo: algunos todavía no cobraron enero".
Lo que las y los trabajadores de salud solicitan "es que el Estado intervenga y controle con una auditoría qué es lo que sucede con nuestro dinero, por qué nunca llegamos a cobrar en tiempo y forma". Además, reclaman un aumento de los aranceles, ya que, concluye Parado, "el valor de una sesión está muy por debajo de los mínimos éticos establecidos por los colegios, y a su vez ese dinero no nos queda limpio, sino que para poder ejercer tenemos que pagar Arte de Curar que aumenta todos los meses, consultorios que aumentan cada tres meses, servicios, impuestos, capacitaciones y formaciones, materiales de trabajo, recursos, movilidad".
