Fue en dos campos de Pozo Borrado, en el norte de la provincia. Vivían en estado de hacinamiento bajo precarios toldos de nylon, sin agua potable ni baños, y trabajaban 10 horas diarias de lunes a lunes. Había dos menores de edad.
31 trabajadores rurales, entre ellos dos menores de edad-, fueron rescatados en allanamientos realizados en dos campos ubicados sobre la ruta provincial n° 77, en la localidad de Pozo Borrado, del departamento 9 de Julio, al norte de Santa Fe. Las víctimas de trata vivían en estado de hacinamiento bajo precarios toldos de nylon, sin agua potable ni baños, y trabajaban 10 horas diarias de lunes a lunes. Algunas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas.
El procedimiento se dio en el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos.
Precariedad absoluta
El caso se inició el 4 de septiembre pasado, cuando personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como "Santa Ana”.
Allí identificaron a 15 personas -entre ellas dos adolescentes de 17 años- que realizaban tareas de desmalezamiento. Se constató que vivían en campamentos improvisados con toldos de nylon, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños. Debían hacer sus necesidades en tachos y dormían en el piso sobre mantas o colchones.
Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes, en Santiago del Estero, y contaron que trabajaban de lunes a lunes de 8 a 18, con salarios de 300 mil pesos por quincena a los que se les descontaba el valor de la comida.
Las víctimas no tenían posibilidad de retirarse del lugar. No contaban con medios de comunicación, varias no sabían leer ni escribir y otras estaban indocumentadas, lo que evidencia altos grados de vulnerabilidad social.
La comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones, que fueron calificadas como “deplorables” por los funcionarios.
Frente a esto, el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del lugar y profundizar la investigación.
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Explotación laboral
La semana pasada, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe allanó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas. Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos provincial, que, junto a la Municipalidad de Tostado, articuló medidas urgentes de contención a las víctimas para garantizarles alojamiento y alimentación.
También se dio intervención al Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, que colaboró para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados, abordaje del que participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
En el marco de los allanamientos se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones y se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Con información del Ministerio Público Fiscal.
