Expertos expresaron su "profunda preocupación por las medidas regresivas adoptadas en Argentina", que "amenazan con socavar cuatro décadas de avances" en materia de memoria, verdad y justicia.
A 50 años del golpe de Estado de 1976, expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron sobre "alarmantes retrocesos" en justicia transicional en Argentina y expresaron su "profunda preocupación" por las "medidas regresivas" que "amenazan con socavar cuatro décadas de avances ejemplares en materia de memoria, verdad y justicia.
“Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se ha consolidado como un referente mundial en materia de justicia transicional”, afirmaron los expertos, que destacaron, entre otros hitos, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el Juicio a las Juntas, el enjuiciamiento y sanción penal de más de mil perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la restitución de la identidad de niños desaparecidos forzadamemte y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria.
Expertos y expertas en derechos humanos de la ONU advirtieron sobre los "alarmantes retrocesos" a 50 años del golpe de Estado.
“Lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito”, señalaron.👇https://t.co/GhAc8nNkIO
— CELS (@CELS_Argentina) March 19, 2026
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la justicia transicional comprende "toda la gama de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación". Esta disciplina acompaña a las sociedades marcadas por graves violaciones de los derechos humanos y desarrolla diversos instrumentos para reconstruir y superar estos episodios.
“Aunque con vaivenes y lagunas, durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria”, afirmaron los expertos de la ONU; “Lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito”, sostuvieron.
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Desde 2024, el gobierno de Javier Milei ha adoptado una serie de medidas regresivas, que incluyen la reducción del papel del Estado en la promoción de las investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura, el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas y el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos.
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“Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición”, afirmaron los expertos de la ONU, que instaron al gobierno "a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”.
Además, hicieron referencia a las informaciones sobre un posible otorgamiento de indultos a militares condenados por crímenes internacionales cometidos en la última dictadura, y aseguraron que esto supondría "un grave retroceso para la rendición de cuentas": "Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional. Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición”.
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Finalmente, los expertos de la ONU expresaron su profunda preocupación por las instancias publicas de negacionismo y glorificación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional.
Al respecto, señalaron que "las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas": "Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”.
