La denuncia fue realizada por organismos de derechos humanos. La decisión fue comunicada por el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Patricia Bullrich. Alfredo Astiz ya pidió que le asignen una celda individual.
H.I.J.O.S. Regional Capital denunció en los últimos días que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de Patricia Bullrich, pidió autorización a distintos tribunales federales para trasladar a 19 genocidas detenidos en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, lugar de detención con condiciones de privilegio.
El comunicado emitido por H.I.J.O.S. informa que el director general de Régimen Correccional, Gabriel Esteban Aquino, solicitó autorización, entre otros, al Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 para trasladar a los genocidas del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo Juan Carlos Avena, Luis Juan Donocik, Gerardo Jorge Arráez y Miguel Ángel Britos y al Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 para el traslado de los genocidas de la ESMA Alfredo Ignacio Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Cionchi, Alberto Eduardo González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Rádice, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro.
"Los tribunales no pusieron reparos al traslado, consultaron la opinión de las defensas de los genocidas y pidieron informes sobre infraestructura de la Unidad 34 de Campo de Mayo", indicaron.
Y señalaron: "Siempre hemos reclamado el Juicio y Castigo para los genocidas y partícipes civiles con la plena garantía de sus derechos. Y también hemos sostenido, y lo seguimos haciendo, que el único lugar para quienes cometieron delitos de lesa humanidad es la cárcel común".
Represores más cómodos
Según informa Página/12, el 16 de abril Aquino les informó al TOF 2 y 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza. El argumento invocado es que hay sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres.
El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.
Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5, 7 y 8, donde hay 19 represores presos. Según Página/12, Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se “agraven” sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El TOF 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.
Un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti mostró las condiciones diferenciales en las que se encuentran quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones.
Según el SPF le informó al juez Adrián Grünberg, del TOF1, hay una variedad importante de entretenimientos para los presos de Campo de Mayo: desde espacio de deportes hasta talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching (estiramiento).
Venganza no, justicia
"Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia. Mientras, ellos siguen sin romper los pactos de silencio para decirnos dónde están nuestras hermanas y hermanos apropiados y dónde están los cuerpos de los miles desaparecidos", reclaman desde H.I.J.O.S. Regional Capital.
En otra parte del comunicado, recuerdan que: "El año pasado conocimos el plan de impunidad de La Libertad Avanza, que tuvo un fuerte repudio social y no pudo avanzar ni en la clausura de los juicios por crímenes de lesa humanidad ni en la libertad o domiciliarias automáticas de los genocidas. Si bien ahora el argumento del Servicio Penitenciario Federal para pedir el traslado es «liberar plazas y redistribuir al resto de la población penal masculina y generar plazas para mujeres detenidas», consideramos que los genocidas deben estar en cárcel común. Esto nos lleva a decir, una vez más, que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad".
Y finalizan: "El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a la casi totalidad de las personas detenidas, a excepción de los genocidas que en Ezeiza, por ejemplo, se encuentran en pabellones que registran una ocupación del 50%. La situación carcelaria demanda una política integral dispuesta a resolver los problemas de fondo como las detenciones indiscriminadas, el abuso de la prisión preventiva y el endurecimiento de las penas para muchos delitos comunes".
