En el marco de la Causa Laguna Paiva II, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe escuchará a quienes, hace 46 años y siendo niñas o niños, vivieron en carne propia la violencia del terrorismo de Estado. En el banquillo están el ex juez federal Víctor Brusa y los tres ex policías de Santa Fe, Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti.

Por primera vez se juzga como delito de lesa humanidad el abandono de niñas y niños durante la dictadura. Pese a las demoras generadas por las revocatorias de poder que los represores imputados presentaron respecto a sus abogados, finalmente el juicio Laguna Paiva II comenzó la semana pasada en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Santa Fe. Este miércoles, jueves y viernes, a partir de las 9 horas se escucharán los testimonios de quienes, en sus infancias, fueron abandonados o secuestrados por el grupo de tareas comandado por el Departamento de Informaciones D2 de la Policía provincial.

Durante la primera audiencia, el pasado 5 de mayo, se leyeron los hechos que se le imputan a los cuatro acusados: los genocidas Victor Hermes Brusa, Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti. Entre otros crímenes contra militantes sindicales oriundos de Laguna Paiva, se cuentan también el abandono de persona, el secuestro y la aplicación de tormentos contra niños y niñas.

Gracias a un pedido de la querella, se logró la transmisión en vivo de las audiencias testimoniales. La querella, acompañada por el abogado Federico Pagliero y las abogadas Noelia Zarza y Julia Giordano, todos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, reclama que se reconozca a las infancias no como víctimas colaterales de los “operativos”, sino como víctimas directas, con entidad jurídica propia y con derecho a ser oídas en esa condición.

También acompañarán a las y los sobrevivientes el Foro contra la Impunidad y por la Justicia y el Colectivo de la Memoria, colegios profesionales y agrupaciones estudiantiles. El caso de las niñas y los niños de la familia Páez-Medina es el primero, a nivel nacional, que llega a esta instancia judicial. Sin embargo, hay otras causas similares por violación de los derechos humanos contra las infancias que se tramitan en Mendoza y en Entre Ríos.

Luis Larpin, del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, precisó a Pausa que el acompañamiento de los organismos de derechos humanos en el juicio Laguna Paiva II lleva dos años. Inició cuando se completó la etapa de instrucción y hubo que apoyar a la querella en sus reclamos para que sea elevado a juicio.

Larpin comenta: “En Santa Fe las organizaciones de derechos humanos y aquellas que adhieren a esta preocupación, nos propusimos generar actividades de apoyo y difusión para que la sociedad conozca qué es lo que sucedió”. Y agrega la necesidad de que se haga justicia:“Va a servir para que sea reparado, en el personal, familiar y social todas las atrocidades que vivieron”.

En ese marco se han sumado colegios profesionales (como el de Trabajo Social y el de Abogacía) y organizaciones estudiantiles (como el Frente Estudiantil de Trabajo Social, FETS, y la Juventud Universitaria Peronista). Además del Foro, también participa El Colectivo de la Memoria, que reúne a perseguidos políticos de los años 70 en la ciudad de Santa Fe. A nivel estatal se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos provincial y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

El militante marca la importancia de este juicio en un contexto en el que “hay una permanente disputa en el borde de la política de Memoria, Verdad y Justicia”. Alude a las prisiones domiciliarias, las libertades condicionales que piden los genocidas condenados y las dilaciones que genera el sistema judicial en estos procesos.

Respecto a las dilaciones, Laguna Paiva II no fue la excepción. El juicio debió comenzar el 28 de abril, pero se pospuso al 5 de mayo. El día 5, iba a comenzar a las 9 de la mañana, pero inició a las 10:30. En ambos casos, la demora ocurrió porque los imputados Valdez y Parvelotti revocaron los poderes a sus defensores y el Estado debió proveerles de una defensa oficial.

Al respecto, la abogada Giordano expresó: “Celebramos el inicio del juicio porque lo venimos reclamando desde 2025. Que los juicios de lesa humanidad sigan adelante es una bandera por la que seguir luchando”.

Además de conseguir la publicidad de las audiencias los abogados de la querella lograron un cronograma de las mismas diferente al que había sido propuesto por el Tribunal,

Para el nuevo cronograma se tuvo en cuenta “el respeto a las víctimas”, que declarar “no implique largas horas de espera en el tribunal” y que “quienes tengamos que escuchar estemos en condiciones de hacerlo, eso habla también del respeto a las víctimas: poder escucharlos, prestar atención y hacer las preguntas necesarias para que el testimonio sea eficaz en relación a los hechos que se quieren probar”, argumentó Giordano.

Además, precisó, ordenaron los testimonios cronológicamente de acuerdo a cómo ocurrieron los hechos: desde el primer allanamiento y secuestro hasta el último.

Enrique Riuli. una voz conocida en Laguna Paiva

Era locutor y animaba fiestas, pero también era ayudante del área de Inteligencia de la Policía de la provincia. Eduardo Riuli fue oficial ayudante de la División de Informaciones (D2) desde el 26 de febrero de 1979 hasta el 1 de junio de 1992.

Condenado por delitos de lesa humanidad en la causa Laguna Paiva I, en este caso se lo acusa por el abandono de persona en perjuicio de Ramón Horacio Páez, Mónica Páez, Carlos Páez, Alberto Páez, César Páez, Ceferino M. Páez, Miguel Alfredo Páez, José Santiago Páez, Rodolfo Hilario Lemos, María Susana Medina, Mario Luis Medina, Ramona Medina, Miguel Santiago Medina y Ramón Nicasio Medina.

Los testigos, los sobrevivientes, aseguran que lo reconocieron durante sus secuestros por la voz. “Lo reconocí cuando empezó a hablar. Riuli tiene una voz que no tiene cualquiera. Es una voz potente, trabajada, grave. Tiene esa particularidad: es imposible no reconocerlo. Uno puede no verlo, pero lo escucha hablar y sabe que es Riuli”, relató Mario Páez a este medio en 2021.

Se le imputa haber presuntamente intervenido como autor de los delitos de violación de domicilio por allanamiento ilegal de la ladrillería de la localidad de Lima (Buenos Aires), donde vivía el militante del PRT Arnaldo Catalino Páez, de la casa de María Ceferina Medina en Esperanza, de Ramona Páez en Ceres y de Miguel Páez en el paraje Los Pocitos (localidad de Esteban Rams). Estos hechos ocurrieron en febrero de 1980.

También se le imputa el delito de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en perjuicio de Mario Ángel Páez (14 años al momento de los hechos) y de sus padres, Arnaldo Catalino Páez y Juana Tomasa Medina; de sus tíos Miguel Páez, Marcelina Medina de Páez y de su prima, Graciela Páez, también menor de edad; y de sus tíos María Ceferina Páez y Luis Santiago Medina.

Además deberá responder por el allanamiento ilegal de la casa de Ramona Páez en Ceres, y por su privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas. Y por la privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y tormentos agravados por ser perseguidos políticos en perjuicio de Juan Carlos Sánchez y Roberto Manuel Soria, también militantes del PRT.

Víctor Brusa, “amigo y colaborador del Ejército argentino”

Víctor Hermes Brusa se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Fe. Fue designado por acordada el número 65 de la de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario el 27 de abril de 1978.

La fiscalía le imputó violación de domicilio por allanamiento ilegal de la ladrillería de Lima (Buenos Aires); privación ilegítima en la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de perseguidos políticos en perjuicio de Arnaldo Catalino Páez, Juana Tomasa Medina y Mario Ángel Páez y abandono de personas de Ramón Horacio Páez, Mónica Páez, Carlos Páez, Alberto Páez, César Páez y Ceferino Páez.

También se lo acusa por apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento público en perjuicio de Arnaldo Catalino Páez, Miguel Gil Fredo Páez, Juan Carlos Sánchez, Roberto Manuel Soria, Ricardo Galván y Leonel Óscar Gaitán.

“El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe tuvo por probada la materialidad de alguno de los hechos descritos precedentemente en las sentencias número 53/19 y 75/21, habiéndose condenado en esta última a los aquí imputados Riuli y Mendoza fallecido conjuntamente con otras personas”, sostuvo la Fiscalía.

La Causa Brusa, en 2009, fue el primer juicio de lesa humanidad que se desarrolló en Santa Fe. En ella, el ex juez recibió una pena de 21 años por diversos crímenes cometidos durante la dictadura.

En la primera audiencia de Laguna Paiva II, se expuso cómo la dictadura no fue solo ejecutada por las Fuerzas Armadas sino que contó con el apoyo y la colaboración de otros sectores. Entre ellos, el Poder Judicial. A Brusa se lo acusa de secuestro, torturas, amenazas y de obligar a firmar declaraciones bajo tormentos.

“El Poder Judicial Federal de la ciudad de Santa Fe evidenció una clara voluntad de no investigar las atrocidades que sufrieron las víctimas de la dictadura militar y de esta manera favoreció a la impunidad de sus autores. En este sentido, Brusa fue uno de los principales colaboradores judiciales del Ejército argentino en la denominada ‘lucha contra la subversión’. Así fue puesto de relieve en el memorando 319/81 de la Dirección de Informaciones de la Policía de Santa Fe donde se destacó, entre otros antecedentes del imputado, que ‘no ha tenido ni tiene militancia política alguna, ha colaborado estrechamente con las fuerzas y es amigo y colaborador del Ejército Argentino”, se leyó al momento de argumentar las actuales imputaciones.

Giordano reflexiona: “La dictadura no fue solo una planificación de terrorismo por parte de las tres Fuerzas Armadas ni de las fuerzas de seguridad en general. Para que una dictadura se sostenga, se pueda implementar otro plan económico y se pueda aterrorizar a la población como lo hicieron, necesitan de una planificación mucho mayor, que involucra a varios estamentos de la sociedad. Entre ellos, el Poder Judicial. El caso de Brusa da cuenta de cómo gran parte del Poder Judicial no solamente omitió e hizo la vista gorda sino que también participó activamente y fue parte de ese terrorismo de Estado”.

Oscar Valdez: condenado por la masacre de Ituzaingó y Las Heras

Oscar Cayetano Valdez también prestó funciones en el D2 de la Policía de Santa Fe desde el 23 de abril de 1975 hasta el 16 de marzo de 1984. Valdez fue sentenciado a prisión efectiva en 2021, en la causa Laguna Paiva I. Sin embargo, cuatro años después, la APDH Rosario continuaba exigiendo que se lo traslade a una cárcel común. Aún hoy permanece con prisión domiciliaria.

Valdez ya había sido condenado a prisión perpetua en 2019, en el marco de la Causa “Balla”. Fue partícipe necesario de los crímenes de Osvaldo Pascual Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti, el 19 de enero de 1977. Ese día, un grupo de tareas conformado por la Policía de Santa Fe y el Ejército acribilló un edificio ubicado en la esquina de Ituzaingó y Las Heras de Santa Fe, donde vivían los militantes de la organización Montoneros

En este juicio, se le imputa haber intervenido como autor de los delitos de violación de domicilio por allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en perjuicio de Arnaldo Catalino Paez, Juana Tomasa Medina y Mario Ángel Paez y de los abandonos de Ramón Horacio Paez, Mónica Paez, Carlos Paez, Alberto Paez, César Paez y Ceferino Paez.

Antonio Parvelotti, jefe suplente del D2

Antonio Parvelotti se desempeñó como subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la provincia de Santa Fe desde el 19 de julio de 1979 al 31 de diciembre de 1982. Tras su paso por el D2, reemplazó a Fernando Mendoza en la Comisaría 13º de Laguna Paiva. Mendoza fue juzgado y sentenciado en 2021; posteriormente falleció.

Parvelotti quedó a cargo del D2 en varias oportunidades, cuando el titular de la misma (Germán Chartier) estaba de licencia. Estuvo a cargo del D2 desde el 12 de febrero de 1980 y por el plazo de 23 días, que coinciden con aquellos en los que se realizaron parte de los operativos.

Durante la lectura de las imputaciones formuladas por el fiscal Martín Suárez Faisal, se indicó que “el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe tuvo por probado que el Departamento de Informaciones D2, en el que Parvelotti llegó a ser subjefe, formó parte del circuito represivo que funcionó en esta jurisdicción durante la última dictadura cívico militar, tal como se probó en las sentencias número 43/09 y 53/19 entre otras”.

Se agregó además que “la mencionada división de informaciones policiales, más conocida por la sigla D2, fue uno un uno de los centros de represión ilegal de esta ciudad en los años en que sucedieron los hechos aquí juzgados, constituyéndose como uno de los principales sitios de detención y tortura de la época, ya que como ha sido probado con el testimonio de numerosas víctimas que declararon en el presente juicio, allí fueron llevadas, detenidas de manera ilegal todas y cada una de las víctimas de esta causa, quienes eran trasladadas en forma violenta, esposadas y encapuchadas de manera clandestina y donde eran sometidas a interrogatorios bajo crueles tormentos”.

A Parvelotti se lo acusa de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en perjuicio de Arnaldo Catalino Páez, Juana Tomasa Medina y Mario Ángel Páez, violación de domicilio por allanamiento ilegal de la ladrillería de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires y abandono de las personas de los niños Ramón Horacio Páez, Mónica Páez, Carlos Páez, Alberto Páez, César Páez y Ceferino Páez.

También se le imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en perjuicio de Miguel Gilberto Páez, María Ceferina Páez y Luis Santiago Medina. Y contra los militantes del PRT, Daniel Acosta, Juan Anselmo Miranda, Pedro Pablo Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Carlos Luis Zubán, Hugo Alberto Silva, Ricardo Nicolás Galván, Juan Carlos Oliver, Norberto Manuel Soria y Óscar Gaitán.