El juicio de lesa humanidad conocido como Laguna Paiva II comenzará el 5 de mayo en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Abordará el abandono de niños, niñas y adolescentes de la familia de Arnaldo Catalino Páez, militante del PRT, secuestrado durante la dictadura. “Queremos justicia y tener un cierre”, afirma una de las querellantes, María Páez.
Comenzará el juicio de lesa humanidad conocido como Laguna Paiva II, este 5 de mayo a las 9 horas en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe. Este proceso judicial tendrá la particularidad de juzgar al ex juez federal Victor Brusa y a tres ex policías por los delitos de secuestro y abandono de persona cometidos contra niñas y niños en 1980; y por un caso de abuso sexual contra una de esas niñas.
En el contexto del terrorismo de Estado y en su afán por “chupar” al militante político Arnaldo Catalino Páez, la Policía de Santa Fe violentó a toda su familia, incluidos sus hijos y sobrinos menores de edad: 16 en total. Desde la querella destacan que no existen, hasta el momento, sentencias que aludan al abandono de niñas y niños como crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura.
Los organismos de derechos humanos convocan a la comunidad a concentrarse el martes 5 a las 8:30 horas frente al TOF (Primera Junta y San Jerónimo) para acompañar el reclamo de justicia.
Las historias de las infancias vulneradas en el marco de la persecución a militantes de Laguna Paiva salieron a la luz durante el juicio conocido como Chartier o Laguna Paiva, que se tramitó ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe en 2021. Como resultado de ese proceso, se condenó a seis ex policías por allanamientos ilegales y privación ilegítima de la libertad contra 11 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Los genocidas condenados fueron Eduardo Riuli, Germán Chartier (fallecido en septiembre de 2021), Omar Molina, Antonio González, Rubén Insaurralde y Fernando Mendoza.
Ese primer juicio dejó testimonios que evidenciaron cómo los operativos incluyeron el abandono de persona, secuestros y un caso de abuso sexual contra niños y niñas, familiares de Páez. Por este motivo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario presentó una denuncia formal para que esas violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas en su especificidad. Además, requirió el procesamiento del ex juez federal y genocida condenado Víctor Brusa quien, pese a ser reiteradamente nombrado y reconocido por las y los testigos, ni siquiera fue citado a declarar.
Finalmente, los imputados en este nuevo proceso judicial son Brusa y los ex policías Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti. El tribunal está conformado por Ricardo Moisés Vázquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. El fiscal interviniente es Martín Suárez Faisal.
Desde la APDH de Rosario marcan que no hay jurisprudencia sobre sentencias en casos de abandono de niñas y niñas como delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe tiene la posibilidad de reconocer finalmente esa violación a los derechos humanos que afectó particularmente a las infancias en contextos de secuestros o desaparición de sus padres o madres durante la dictadura.
“Queremos justicia, queremos un cierre”
46 años esperaron las niñas y los niños de la familia Páez-Medina para tener justicia. 46 años gozaron de impunidad los represores ante el silencio estatal. María Páez, hija de Catalino Páez y Juana Medina, afirma: “Estamos reviviendo una historia muy dolorosa. Queremos justicia, queremos un cierre, queremos poder vivir en una localidad tranquilos, en paz y seguros”.
Las dificultades de vivir en paz en Laguna Paiva, de donde es oriunda la familia, radica en que uno de los imputados, Enrique Riuli, vive a pocas cuadras de su casa. El TOF le otorgó la prisión domiciliaria tras la condena de 2021. Pero desde el retorno de la democracia hasta ese año, cruzarlo por las calles paivenses era bastante frecuente. El ex agente de inteligencia de la Policía provincial se reconvirtió a animador de fiestas e incluso llegó a tener un programa de radio.
María agrega que, esta vez, esperan una condena de cárcel común y efectiva. “Uno lo cruzó durante toda su vida y para mi madre o mi hermano mayor (Mario Páez) es muy difícil cruzarse con él. Es muy violento para ellos y por ende para todos nosotros. Por eso creemos que tenemos derecho a vivir en libertad y a poder transitar tranquilos en nuestra comunidad”, expresa. Riuli fue partícipe del secuestro de Catalino, de Juana, entonces embarazada de María, y de Mario, que tenía 14 años.
Un inicio retrasado
El comienzo de las audiencias estaba previsto para el 28 de abril, pero se postergó para el 5 de mayo debido a que el abogado Néstor Oroño renunció a la defensa del genocida ya sentenciado en Laguna Paiva I, Oscar Valdez.
“Por más que la demora sea de una semana, es un montón porque estas personas viven en Laguna Paiva, en Santiago del Estero, en Ceres, en Esteban Rams, en General Villegas (Buenos Aires) y tuvieron que pedir los permisos laborales, organizarse como familia, tener la tensión de ir a declarar nuevamente, de pasar por el cuerpo los testimonio y los horrores vividos”, cuestiona una de las abogadas de la querella, Julia Giordano.
“A eso el tribunal no lo ha analizado como era debido y lo tenemos que remarcar en relación al trato que merecen las víctimas y los testigos por parte del servicio de justicia”, indica.
Laguna Paiva II: los hechos
En febrero de 1980, para secuestrar a Arnaldo Catalino Páez, referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Laguna Paiva, fueron primero contra sus hermanos y las familias de sus hermanos, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes de esas familias.
La persecución comenzó en Esperanza, siguió Esteban Rams y en Ceres. Finalmente, llegaron a Catalino, que estaba en Lima (Buenos Aires). Se había trasladado allí junto a su esposa e hijos, sabiéndose perseguido por la dictadura por su militancia sindical en el frigorífico Nelson. Al momento de su secuestro, el 15 de febrero de 1980, la familia trabajaba en un horno de ladrillos. Con él se llevaron a Juana y a Mario. Mónica, de 12 años, quedó al cuidado de sus hermanitos; el más pequeño tenía un año y medio. Por algunos días los niños siguieron trabajando en el horno de ladrillos para subsistir, hasta que fueron institucionalizados.
“El grupo de tareas llevó adelante allanamientos ilegales en los que secuestraron a integrantes de estas familias, los torturaron, saquearon sus viviendas y les quitaron los medios materiales de supervivencia a los niños, que tuvieron que comenzar una búsqueda de adultos responsables que se puedan hacer cargo de sus cuidados”, puntualiza Noelia Zarza, también abogada de la querella.
“Es un caso pionero”
La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia presentó un amicus curiae para esta causa. Este recurso se da cuando terceros ajenos a un litigio (personas, organizaciones o instituciones) intervienen voluntariamente para aportar información objetiva, argumentos jurídicos o técnicos sobre el tema en debate.
“Estamos en un caso que es pionero: la Defensoría no puede mirar para otro lado”, argumentó el defensor Juan Cruz Giménez en una conferencia de prensa brindada esta semana por la APDH Rosario, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, el Colectivo de la Memoria, el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, estudiantes y profesionales de diversas disciplinas que acompañan a la querella.
Si bien hay procesamientos en otras provincias por el delito de abandono de persona en niñas y niños, esos casos aún no han llegado a juicio. El antecedente más cercano es la causa Guerrieri IV, tramitada ante el TOF N° 1 de Rosario. En ese juicio se condenó a 16 represores por la desaparición y el asesinato de 81 personas durante la dictadura. Por un pedido de la querella, se amplió la condena de los acusados por el secuestro de niñas y niños durante los operativos contra sus familias.
“Durante mucho tiempo la doctrina sostuvo que a las niñas y niños, como no tienen libertad ambulatoria, no se los puede privar ilegítimamente la libertad, no se los puede secuestrar. Aún hablando de niñas y niños que fueron secuestrados con sus padres en los lugares y en los centros clandestinos de detención. Pero esa doctrina está variando. Uno de los ejemplos es Guerrieri IV”, explicó Giordano.
Y valoró el amicus curiae presentado por la Defensoría “para empezar a poner el foco en las infancias como sujetos y no como objetos”.
Giménez recordó además el marco de protección a las infancias vigente en nuestro país: la Convención de los Derechos del Niño y las leyes nacionales y provinciales de protección integral de niñas, niños y adolescentes. “Vamos a acompañar este proceso, que no es ni más ni menos que la búsqueda de la verdad, de la memoria y de la justicia. No hay democracia si no hay justicia”, alegó. Destacó la inclusión de la figura de abandono de niños y niñas dentro de los crímenes de lesa humanidad y agregó que “este va a ser un caso piloto para todo el continente”.
Los organismos de derechos humanos señalaron además el apoyo por parte de la Secretaría de Derechos Humanos provincial en el aspecto logístico y de protección de testigos de cara al juicio.
“Un abandono que se recrea todos los días”
“Esa situación de abandono se recrea todos los días mientras el Estado deje que los perpetradores de tal crimen de lesa humanidad sigan sin condena”, subrayó la licenciada en Trabajo Social, Maricel Salera. La profesional integra el equipo que acompaña a la querella.
En la previa al inicio del juicio, explicó que el abandono implica una ruptura en la cotidianidad de niños, niñas y adolescentes. Recordó que el Estado tiene una función fundamental de protección y que esa protección incluye tres niveles: la familia, la comunidad y el Estado.
“En el caso de la familia, sus padres fueron detenidos delante de los chicos en el lugar más seguro para ellos, su casa, que además fue desmantelada. Los niños tuvieron que hacerse cargo de su propia protección y de la función adulta: las niñas más grandes tuvieron que ir a preguntar a la Policía dónde estaban sus padres. Los dejaron en una situación de absoluta indefensión que se recrea permanentemente en su vida adulta”, fundamentó.
En cuanto al nivel comunitario, que incluye a otros familiares que puedan cuidar, señaló: “Todos sus familiares fueron detenidos al mismo tiempo. No había grupos familiares que pudieran hacerse cargo del cuidado de estos chicos, como ocurrió en otras situaciones de hijos o hijas de compañeros detenidos y desaparecidos”.
En cuanto a la comunidad, “el miedo que implicaba asistir o involucrarse en situaciones que tenían que ver con hijos e hijas de secuestrados, implicó una doble soledad”, prosiguió.
Y concluyó: “El Estado, el tercer nivel de protección, fue quien vulneró y aún sigue vulnerando a estas infancias. El delito de abandono significa dejar a su suerte a niños, niñas que no fueron tratados como sujetos, sino como objetos”.
