La Multisectorial Ni Una Menos de Córdoba cuestiona la actuación estatal en la investigación del femicidio de Agostina Vega y denuncia un patrón de violencia institucional, encubrimiento y falta de perspectiva de género. Piden la renuncia del ministro de Seguridad.
En la antesala de una nueva movilización por el Ni Una Menos, organizaciones feministas de Córdoba intensificaron sus reclamos contra el gobierno provincial y el Poder Judicial. La Multisectorial Ni Una Menos Córdoba solicitó formalmente la destitución del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y la apertura de un jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón por su actuación en la investigación del femicidio de Agostina Vera.
El reclamo se produce a pocos días de cumplirse once años de la primera movilización de Ni Una Menos y en un contexto de creciente preocupación por los niveles de violencia de género y las respuestas institucionales frente a estos hechos.
Según sostienen las organizaciones, tanto el Ministerio de Seguridad como sectores de la Justicia provincial tuvieron desempeños deficientes durante la investigación del asesinato de Agostina, y apuntaron contra Iván Rodríguez, el fiscal que dejó en libertad a Barrelier en 2025 por esa causa de abuso y privación ilegítima de la libertad, quien actualmente se desempeña en la Procuraduría Penitenciaria.
Las críticas apuntan particularmente al fiscal Garzón, a quien cuestionan por declaraciones públicas realizadas durante la investigación y por la manera en que se abordó el caso. Desde la Multisectorial consideran que existieron prácticas revictimizantes y decisiones incompatibles con una perspectiva de género adecuada para este tipo de investigaciones.
Tras encontrar su cuerpo, el fiscal Raúl Garzón dio una conferencia donde, no solo se refirió al crimen como un “homicidio” y no como un “femicidio”, sino que dedicó algunos minutos a felicitar...al perro que había hallado el cuerpo de Agostina.
En paralelo, el pedido de destitución contra Quinteros se fundamenta en una serie de denuncias vinculadas al accionar de las fuerzas de seguridad provinciales y a lo que las organizaciones describen como una política de criminalización de la protesta social y de los movimientos feministas.
La presentación fue acompañada por familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y colectivos feministas que vienen denunciando desde hace años la persistencia de mecanismos institucionales que obstaculizan el acceso a la justicia para mujeres y diversidades.
Desde la Multisectorial señalaron además que el caso de Agostina no constituye un hecho aislado, sino que expone falencias estructurales en el abordaje estatal de las violencias por motivos de género.
“Tenemos que estar todos y todas en las calles, en todo el país y en cada rincón de Córdoba, todo el año peleando por estas causas, peleando por nuestros derechos, peleando por las vidas de las mujeres”, aseguraron.
