El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger propone modificar la histórica Ley General de Sociedades, limitar la intervención estatal y crear nuevas figuras empresariales que podrían operar sin empleados ni conducción humana.

El Senado de la Nación comenzará este miércoles el tratamiento de una de las reformas más ambiciosas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Se trata del proyecto de modificación de la Ley General de Sociedades, una iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a reducir el control estatal sobre las empresas y habilitar nuevas estructuras societarias gestionadas mediante inteligencia artificial.

La discusión se llevará adelante en la Comisión de Legislación General y contará con la presencia del propio Sturzenegger, acompañado por funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica y de la Inspección General de Justicia, quienes expondrán los alcances de una reforma que modificaría por primera vez en más de cinco décadas el régimen societario vigente.

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la creación de las denominadas "Sociedades Automatizadas", empresas capaces de desarrollar sus actividades mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con trabajadores en relación de dependencia ni estructuras humanas para su funcionamiento cotidiano. A ellas se suman las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), entidades basadas en tecnología blockchain y sistemas de participación mediante tokens digitales.

La propuesta también plantea un cambio de paradigma respecto del rol del Estado. Los registros públicos perderían facultades regulatorias y las restricciones administrativas pasarían a ser excepcionales. El estatuto interno de cada sociedad prevalecería sobre numerosas disposiciones de la ley, ampliando la autonomía de los socios y flexibilizando las formas de organización empresarial. Además, se habilita la constitución de sociedades mediante firma electrónica, las asambleas remotas y la digitalización completa de libros y registros.

Otro punto que genera controversia es la posibilidad de que las empresas sometan sus conflictos internos a normas de derecho extranjero o tribunales arbitrales internacionales, reduciendo la intervención de la Justicia argentina. La iniciativa también amplía las formas de capitalización, incorporando activos digitales, derechos intelectuales y otros bienes intangibles.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca convertir a Argentina en una jurisdicción atractiva para empresas tecnológicas y desarrollos vinculados a la inteligencia artificial. Sin embargo, especialistas y sectores de la oposición advierten que la iniciativa profundiza la desregulación económica y podría debilitar los mecanismos de control público sobre actividades empresariales, en un contexto de creciente debate internacional sobre los límites y responsabilidades del uso de la inteligencia artificial.