La Justicia constató el daño ambiental y sanitario, pero consideró que la prueba era insuficiente para imputar responsabilidades individuales. Un fallo a pedir de boca del agronegocio.
El Tribunal Federal Nº 2 de Rosario absolvió a siete productores y condenó a dos funcionarios municipales de Pergamino en el juicio por los daños en la salud provocados por las fumigaciones con agrotóxicos, iniciado en 2018. A pesar de haber constatado el daño ambiental y sanitario, la Justicia consideró que la prueba era insuficiente para imputar responsabilidades individuales.
Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino a cargo de fiscalizar las fumigaciones, fueron condenados a dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los productores, aplicadores y técnicos Fernando Esteban Cortese, Mario Roces, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Grattone Carlos y Hugo Sabbatini y el peón Cristian Taboada, por su parte, fueron absueltos.
"Esquizofrenia argumental"
En sus fundamentos, los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Cruz y Helena Beatriz Hilario dieron por probado el daño sanitario, al considerar que las fumigaciones podían vincularse con enfermedades detectadas en zonas cercanas a Pergamino. Sin embargo, sostuvieron que la acusación no logró demostrar “más allá de toda duda razonable” que los imputados hayan fumigado en forma ilegal o con intención de contaminar, ni establecer con precisión el nexo causal entre conductas concretas y el resultado contaminante. Además, señalaron que el ámbito penal no es el adecuado para dirimir cuestiones relativas a los metros de exclusión o las sustancias con las que se fumiga.
El abogado querellante Fernando Cabaleiro consideró que el fallo presenta una "abierta esquizofrenia argumental" y que "el tribunal logró una pirueta política perfecta: validó el reclamo científico de las víctimas, reconociendo que los agroquímicos deben ser llamados agrotóxicos porque provocaron en una exposición medianamente cercana daños a la salud, condenó a los inspectores municipales y mantuvo las restricciones de fumigación para proteger a la población; pero absolvió a los productores agroindustriales, los verdaderos ejecutores materiales del daño”.
“Un productor profesional del agro sabe de forma directa qué sustancia está cargando en el 'mosquito' y decide voluntariamente accionar los picos pulverizadores junto a las casas habitadas", explicó Cabaleiro. "La contaminación resultante no es un misterio del destino; es la consecuencia directa, necesaria e inmediata de un acto ejecutado con total deliberación”, sostuvo.
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Desde la fiscalía de Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de la acusación, confirmaron que apelarán e irán a Casación. La denunciante Sabrina Ortiz, una de las víctimas de las fumigaciones, manifestó que "esto es solo una instancia y que no van "a parar hasta que dejen de fumigarnos". "No hay que quebrarse ante tanta impunidad”, sintetizó.
“Las pruebas científicas son contundentes, nuestros cuerpos tienen veneno", señaló Ortiz: "El que me envenenó fue Mario Roces que vive enfrente de mi casa y está probado. Esta es solamente una instancia y sabemos que podemos doblar este veredicto. Vamos a seguir para que eso se logre, para que dejen de enfermarnos para siempre”.
Con información de Agencia Tierra Viva y Tiempo Argentino.
