La norma fija un precio uniforme de venta al público, protegiendo a los negocios independientes frente a las grandes cadenas y las plataformas de comercio electrónico y garantizando la bibliodiversidad. Dialogamos con representantes de librerías y editoriales.
El gobierno de Javier Milei busca derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera -o del Libro-, que fija un precio uniforme de venta al público; es decir, un libro debe valer lo mismo en una librería independiente, en una cadena o en el supermercado, en cualquier ciudad del país. Además, también propone suprimir artículos de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, que destacan el papel del Estado en la promoción del libro y la lectura.
La Ley 25.542, promulgada en 2002, busca evitar que las grandes cadenas y las plataformas de comercio electrónico apelen al dumping y ofrezcan descuentos agresivos frente a los cuales las librerías independientes no puedan competir, garantizando de esta manera un acceso igualitario y federal a la cultura y fortaleciendo la bibliodiversidad, para que títulos de menor demanda y autores independientes no sean borrados del mercado frente a los best sellers.
Libreros independientes, editoriales y cámaras del sector salieron a defender la ley y advirtieron las consecuencias de una posible derogación. Una carta abierta firmada por una veintena de entidades, entre las que destacan la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), destacó que "ninguno de los actores relevantes de la cadena -autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura-" solicitó la derogación de la ley.
Para las entidades del sector, el precio uniforme "es una regla que impide que el libro se use como 'producto gancho' para capturar el mercado", y está vigente en países como Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur. El principal argumento del gobierno es que derogar la ley bajaría el precio de los libros. Sin embargo, resaltan en la carta, "la experiencia internacional desmiente la promesa oficial": "Donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron".
"En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que, tras la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general, pese a descuentos más amplios y profundos", continúa el texto: "Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados. Australia, que puso fin al acuerdo de precio fijo en 1972, vio caer su red de librerías de 2879 a 1457 entre 2013 y 2023, y hoy discute públicamente la regulación de los precios del libro".
"El libro no es un producto más"
En diálogo con Pausa, José Díaz, coordinador de la librería de Ediciones UNL, coincide y destaca que "hoy el ecosistema del libro funciona bien", y agrega: "Todos los actores aceptan la ley: editores, distribuidores, libreros. Derogarla implicaría que entren las plataformas electrónicas, que hoy es Mercado Libre, básicamente. Mercado Libre haría algo similar a lo que hizo Amazon en Estados Unidos: bajar los precios al costo y hasta menos. Las librerías independientes serían las primeras afectadas, porque no van a poder competir. En Estados Unidos ni las grandes cadenas pudieron competir contra la venta online".
Las librerías independientes serían las más golpeadas, pero hasta las grandes cadenas se oponen a la derogación de la ley. En una entrevista reciente con Forbes, Adolfo De Vincenzi, CEO del Grupo ILHSA -dueño de Yenny y El Ateneo-, sostuvo que "si se desregula todo, el negocio (del libro) agonizaría": "Me imagino a los supermercados o a Mercado Libre jugando en este mercado y rompiéndolo en dos segundos".
"La cadena número uno de ventas del mundo, que era Borders, no la mató el ebook: la mató Amazon", explicó De Vincenzi. "Compraba el libro a 20 y lo vendía a 10, cuando en las librerías valía 20. Se pasó años ganando clientes. Borders entró en quiebra y terminó cerrando".
"Si las grandes cadenas o las plataformas empiezan a hacer dumping la diversidad del libro va a cambiar mucho, se van a terminar vendiendo más best sellers", señala Ivana Tosti, directora de Ediciones UNL, que destaca que las leyes 25.542 y 25.446 "permitieron que crecieran las librerías y editoriales independientes". "El libro es un bien cultural: tenemos derecho a acceder a ellos y hoy hay leyes que nos protegen. De hecho la Ley de Defensa de la Actividad Librera surge cuando los supermercados empiezan a hacer dumping y todo el sector se une para defender el libro".
"El gobierno dice que el precio del libro es caro, pero el precio lo pone el editor sobre los costos que le implica hacer el libro", continúa Tosti, que detalla que "entre el 50 y el 60% del costo de un libro es el papel", rubro que está hiperconcentrado en Argentina.
—¿Cómo se vería afectado el ecosistema del libro con la derogación?
—El algoritmo va a dictar lo que quieras comprar o no -responde Díaz-, y eso va a golpear a las editoriales independientes, porque hoy cada librería hace su curaduría. Y va a haber más presión sobre las editoriales también. Esto pasó en Estados Unidos con Amazon: empezó a haber una presión a las editoriales para que empiecen a bajar precios, y las editoriales independientes no tienen forma de competir frente a eso. Los autores y autoras también se van a perjudicados en el futuro.
—Las librerías son centros culturales -aporta Tosti-. Lugares donde te recomiendan libros, donde se mueven las voces jóvenes, donde hay talleres, lecturas de poesía. Todo eso también desaparece con la librería independiente. La librería no es solo un negocio. Se enfoca solo el costado de la mercancía, como si el libro fuera un producto más, y no es un producto más.
Guardia alta
—¿Te tomó por sorpresa este intento del gobierno por derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera?
—No, no me tomó por sorpresa, porque es ya el segundo intento -responde Daniel González, de la emblemática librería santafesina Del Otro Lado-. Estaba en el primer paquete de la Ley Ómnibus. En aquel momento se hizo una campaña fuerte para instalar el tema y lo bajaron, pero ahora mejoró su correlación de fuerzas y vuelven a insistir.
—¿Crees que puede haber un lobby detrás?
—Ellos tienen una visión de cómo tiene que ser la vida social, cultural y política: todo tiende a ser liberalizado para favorecer a jugadores grandes. En ese sentido puede haber ciertos lobbies puntuales. ¿Quiénes se benefician con este cambio de las reglas de juego? Primero los grandes grupos editoriales y en última instancia las plataformas, o sea Mercado Libre. En estos años ha sido cada vez más difícil sostener espacios de nuestra escala pequeña y mediana, han cerrado un montón de librerías.
—¿Y cuán fuerte sería este golpe?
—Cambiaría completamente las reglas de juego. El ecosistema donde estábamos viviendo desaparece. La ley funciona como paraguas para protegernos del dumping, porque una vez que desaparecen los competidores los jugadores que quedan pueden poner el precio que quieren, y esto ha sido históricamente así. Inglaterra es el ejemplo más conocido: se desreguló el precio y se llevaron puestas todas las pequeñas librerías. En Argentina, pero también en otros lugares del mundo, la regulación del precio ha tenido un efecto virtuoso, ha generado condiciones para que crezca la cantidad de editoriales, ha fomentado la bibliodiversidad y ha hecho crecer la cantidad de librerías pequeñas. Va a ser mucho más difícil nuestra actividad, eso seguro.
—Y en relación a este argumento del gobierno de que bajarían los precios, ¿no habría un efecto rebote y en el largo plazo los precios subirían?
—En general es lo que ha sucedido, sí. La discusión sobre cómo bajar los precios no pasa por desregularlos, sino por tener alguna política activa que genere mejores condiciones para consumir. A su vez hay otro problema que es que la producción y distribución del papel, que está hiperconcentrada; hay un duopolio, de hecho. Eso hace muy difícil bajar el valor de los libros.
—¿Qué medidas concretas están tomando para defender la ley?
—Me parece que lo que sigue es visibilizar el tema, ponerlo en discusión, y después contactar a todos los representantes, diputados y senadores que tengamos a mano para informarlos acerca de lo que pensamos desde el sector. Esta ley no tiene costo fiscal, no implica una erogación estatal, entonces la excusa no puede ser que se está subsidiando al sector. Cada una de las partes de la cadena participó de la elaboración de esta ley: imprenteros, editores, editoriales, librerías, todo el sector. Se logró establecer una regla que tuvo efectos virtuosos. Hoy hay que tratar de mantener ese diálogo con todos los actores del sector y mantener la guardia alta. Y, por otro lado, hacer un ejercicio de conversación permanente, para que nadie se coma el verso de que esto va a bajar el precio de los libros. El problema en este momento es sectorial, pero a su vez está este trasfondo de desarmar cualquier espacio de conversación. Las librerías, las editoriales, son parte del tejido de la conversación pública: y hay que sostener la conversación y tratar de contagiar a los ciudadanos para que no nos lleven puestos.
