Para que los grandes buques puedan atracar hacen falta unos barquitos que los llevan, conducidos por los prácticos de navegación. Federico Sturzenegger los atacó con un decreto que les saca el trabajo. El resultado: exportaciones portuarias paradas desde el sábado. Fuerte impacto en todo el Paraná.

Desde la madrugada del sábado 1° de agosto, la gran mayoría de los prácticos, pilotos y baqueanos fluviales de la Argentina dejaron de prestar servicio de manera concertada. Se trata de un lock-out por tiempo indeterminado que impide el ingreso, la maniobra y la salida de buques comerciales en los puertos de todo el país, incluido el Paraná.

La medida es la reacción directa a la publicación, el 31 de julio, del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y pergeñado po el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma reemplaza el reglamento de practicaje y pilotaje que regía desde 1991 (Decreto 2694/91) y avanza sobre una desregulación integral del sector: elimina los cupos de inscripción de prácticos ante la Prefectura Naval Argentina, habilita a los armadores a contratar libremente a profesionales independientes, fija topes tarifarios obligatorios a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y amplía las exenciones para capitanes que acrediten conocimiento previo de la zona de navegación.

Uno de los puntos más resistidos por el sector es la extensión de la exención a capitanes de buques de bandera extranjera, que podrán obtener un Certificado de Conocimiento de Zona y navegar sin contratar de manera obligatoria a un práctico argentino. El decreto también amplía el tamaño de los buques a partir del cual el servicio es obligatorio, con el objetivo declarado de reducir la cantidad de operaciones que requieren de un práctico.

Otro derrape de Sturzenegger

El propio Sturzenegger presentó la reforma en sus redes sociales con un agravio: afirmó que con el decreto se "desarman kioscos" en el practicaje. Sostuvo que guiar un buque hacia el puerto o por una zona compleja implica en la Argentina costos muy superiores a los de otros países, y calificó al esquema previo como una barrera artificial para el comercio exterior. Argumentó, además, que la exigencia estatal de contratar prácticos tiene un fundamento débil en los ríos interiores argentinos

Frente a la protesta, el gobierno ratificó que no dará marcha atrás y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Prefectura y, de ser necesario, a la Armada, a prestar en forma directa los servicios de practicaje, o a habilitar temporalmente a capitanes de contingencia con certificado de conocimiento de zona.

En los hechos, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación pusieron en marcha, junto con la Prefectura, un operativo de notificación individual a los prácticos. Las cédulas de "intimación perentoria" exigen la "inmediata puesta a disposición" del servicio, invocando el artículo 99 de la Ley de Navegación 20.094, que define al practicaje como servicio público esencial, bajo apercibimiento de acciones penales y sumarios administrativos. Según pudo saber elDiarioAR, la Prefectura también pidió al centro de capitanes de ultramar reemplazantes de los prácticos en conflicto, pero la respuesta fue negativa.

Qué dicen los prácticos, capitanes y baqueanos

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de "abusivo e inconstitucional" en un comunicado. Sostiene que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad de la navegación, la defensa nacional y la continuidad de los puestos de trabajo y anunció pedidos de amparo y una denuncia penal contra los funcionarios firmantes por infracción al artículo 190 del Código Penal, que sanciona los actos que pongan en peligro la seguridad de una nave. La entidad coordina, además, un plan de acción conjunto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos.

En el caso puntual de los baqueanos, la entidad puso el foco en los artículos 10 y 11 del decreto, que equiparan las exigencias a buques de bandera extranjera con las de buques nacionales y permiten a capitanes internacionales prescindir de baqueanos si acreditan viajes previos en la zona.

El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, por su parte, difundió un comunicado de solidaridad con prácticos y baqueanos, en el que llamó a preservar las incumbencias profesionales y el cumplimiento de la normativa vigente, y recomendó a sus afiliados consultar con el Centro antes de aceptar tareas de practicaje mientras dure la incertidumbre normativa. La entidad remarcó que defender el practicaje es defender los ríos, el comercio, el trabajo argentino y la soberanía nacional. Desde el sector se señaló, además, que Sturzenegger había sido alertado previamente sobre los riesgos operativos de la reforma, pero mantuvo su posición de reducir los costos de la navegación.

Zonas y actividades afectadas

La protesta impacta sobre todo en los puertos del río Paraná y en las terminales del cordón industrial de Santa Fe, además de los puertos marítimos de todo el país. Los medios locales de Rosario reportaron la paralización del ingreso, amarre y zarpada de buques en el Gran Rosario, con particular incidencia en Puerto General San Martín, San Lorenzo, Timbúes y Rosario.

La medida afecta tanto a buques de ultramar como a embarcaciones de bandera nacional que requieren asistencia para ingresar, maniobrar o zarpar de los puertos, ya que el practicaje es un servicio técnico considerado obligatorio para la navegación segura por canales y pasos críticos. Según ArgenPorts, la operatoria permanece paralizada en el Gran Rosario y en el resto de los puertos del país.

La actividad más golpeada es el comercio exterior agroexportador: la carga de granos, combustibles y otras mercaderías quedó detenida en los puertos, con buques acumulados a la espera de asignación de prácticos. Fuentes empresariales del sector describieron un escenario de creciente congestión, ya que cada nuevo buque que llega sin práctico asignado incrementa la demora general del sistema. El decreto intenta anticiparse a este escenario autorizando a la Prefectura a prestar directamente el servicio o a requerir la intervención de la Armada Argentina, aunque distintos análisis remarcan que esa alternativa enfrenta límites materiales de personal disponible.