Organizaciones feministas, territoriales y comunitarias de toda la provincia impulsan una declaración conjunta para exigir al Gobierno de Santa Fe la declaración de la Emergencia en Violencia de Género. Según el Observatorio de MuMaLá, entre el 1° de enero y el 18 de agosto se registraron 33 femi/transfemicidios en la provincia, 10 más que en el mismo período de 2025. Santa Fe es, además, la segunda provincia del país con mayor tasa de femicidios.
Con la consigna "Basta de matarnos, nuestras vidas valen", una declaración política que ya reúne firmas de organizaciones y personas de distintos puntos de la provincia reclama la urgente declaración de la Emergencia en Violencias de Género en Santa Fe.
El texto, difundido por la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe, retoma los datos del Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de MuMaLá, que entre el 1° de enero y el 18 de agosto de 2026 contabilizó 33 femi/transfemicidios, 10 más que en el mismo período de 2025. En el desagregado de casos hay 15 femicidios directos o íntimos, 1 transtravesticidio, 4 femicidios vinculados, 4 muertes en contextos de narcotráfico y crimen organizado, y 9 casos que aún permanecen en investigación, además de 64 intentos de femicidio.
Emergencia en Violencia de Género
Las organizaciones informaron que, en la provincia de Santa Fe, al menos dos proyectos de ley con media sanción perdieron estado parlamentario en estos años debido a la falta de tratamiento en la Cámara de Senadores, sumados a otras iniciativas similares que caducaron de manera directa en las comisiones por falta de tratamiento.
"La dimensión de la emergencia también queda expuesta por los propios datos oficiales", indicaron, y agregaron que, en declaraciones realizadas en marzo de este año, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó —con datos del Ministerio Público de la Acusación— que durante 2025 se perpetraron 30 feminicidios. Esa misma cifra ya se registra en poco más de la primera mitad de 2026".
La declaración responsabiliza a los distintos niveles del Estado por el "vaciamiento institucional, la precarización de las políticas públicas, la falta de presupuestos, de presencia y asistencia en el territorio, de campañas de prevención" y de priorización de la Educación Sexual Integral (ESI) y del financiamiento a consejeras comunitarias, en un contexto en el que rigen obligaciones establecidas tanto por leyes nacionales y provinciales como por tratados internacionales con rango constitucional.
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El rol de las organizaciones
El comunicado también apunta que son las organizaciones feministas, territoriales y comunitarias las que sostienen, con recursos escasos, las tareas críticas vinculadas a las violencias de género: espacios de cuidado, comedores y acompañamiento a víctimas.
La declaración advierte que, sin ese trabajo territorial, "la situación sería mucho peor", y rechaza que los Estados sigan descargando sobre esas organizaciones una responsabilidad que les compete de manera directa.
Finalmente, las firmantes exigen "la declaración de la Emergencia en Violencias de Género, acompañada de partidas presupuestarias acordes a la magnitud del problema, de rápida ejecución, con políticas integrales, sostenidas y con presencia territorial, que garanticen prevención, asistencia, protección y reparación para quienes atraviesan situaciones de violencia".
