La iniciativa popular fue impulsada por vecinos autoconvocados que denuncian presuntos incumplimientos contractuales y busca relevar a las familias afectadas, dimensionar la problemática en Santa Fe y fortalecer la asistencia estatal.
El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó por unanimidad la creación de un registro voluntario de damnificados por los planes de ahorro previo para la vivienda administrados por Pilay S.A. y Casaplan S.R.L. La resolución responde a un proyecto presentado mediante iniciativa popular por el grupo Autoconvocados contra los Incumplimientos de Pilay Santa Fe, que busca visibilizar la situación de miles de familias que denuncian problemas en el cumplimiento de sus contratos.
La medida permitirá reunir información oficial sobre los afectados, orientar y asistir a las personas damnificadas y fortalecer la articulación entre los organismos competentes en materia de defensa del consumidor. La aprobación unánime representa un respaldo institucional al reclamo de los vecinos, que llevaron su problemática al ámbito legislativo y solicitaron la Banca Ciudadana para exponer los fundamentos de su propuesta.
“Somos gente común que apostó a un ahorro”
Al finalizar la sesión, Marina Mathieu, una de las damnificadas que impulsa el reclamo, tomó la palabra para destacar la importancia de la aprobación y el camino recorrido por los vecinos autoconvocados.
“Esto para nosotros es una de las primeras peleas importantes para visibilizar que nosotros somos gente común que apostó a un ahorro”, expresó. En ese sentido, remarcó la desigualdad de condiciones con la que enfrentan sus reclamos: “Nos enfrentamos a una empresa absolutamente equipada, con mucha trayectoria, con abogados, con contactos que no los podemos desconocer”.
Mathieu también agradeció especialmente al concejal Tati Restagno por el acompañamiento desde el inicio de la iniciativa. “Agradezco a Tati Restagno que desde el primer momento nos animó a la iniciativa popular, nos sostuvo aún en redes porque esta batalla no fue nada fácil”, señaló.
La vecina recordó que la primera reunión con los concejales tuvo lugar el 14 de agosto y destacó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar la aprobación. “Nuestras batallas son peleadas, sostenidas y estoy convencida de que vamos a salir adelante”, afirmó.
Finalmente, subrayó que la resolución constituye un primer avance y planteó la necesidad de ampliar las herramientas estatales para proteger a las familias afectadas. “Sabemos que este es el primer paso, sabemos que el Estado debe tener muchas más herramientas para asistir a los ciudadanos que tienen garantizado constitucionalmente el derecho a la vivienda”, concluyó.
Un registro para dimensionar los reclamos
La presentación de los vecinos se sustenta en la falta de información oficial sobre la cantidad de personas afectadas. Según estimaciones de los damnificados, la problemática podría alcanzar a unas 15.000 familias.
Entre los principales reclamos se encuentran las demoras en la entrega de las viviendas, incluso en planes con plazos de hasta 20 años; la suspensión unilateral de sorteos y licitaciones; y los cambios en la ubicación de las unidades habitacionales, originalmente proyectadas en zonas céntricas y posteriormente trasladadas a sectores suburbanos.
Frente a esta situación, el registro busca reunir información verificable que permita conocer la dimensión del conflicto y facilitar la orientación y asistencia de quienes denuncian presuntos incumplimientos contractuales.
Qué establece la resolución
El registro estará a cargo de la Oficina Municipal de Atención de Consumidores y Usuarios, dependiente de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana. La inscripción será voluntaria y estará destinada a suscriptores de contratos de ahorro previo administrados por Pilay S.A. y Casaplan S.R.L. que manifiesten haber resultado perjudicados por presuntos incumplimientos vinculados con contratos de cumplimiento en la ciudad.
Las personas interesadas deberán presentar sus datos personales y documentación que acredite la contratación del plan. También se relevará información sobre el año de suscripción, el grupo correspondiente, la situación contractual y el tipo de incumplimiento denunciado.
La resolución establece que los datos deberán analizarse de manera anonimizada, resguardando la identidad de las personas inscriptas y la confidencialidad de la información. Asimismo, prevé la articulación con la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y la remisión de documentación al Poder Judicial cuando corresponda.
La creación del registro no reemplaza las acciones judiciales individuales ni las competencias de las autoridades provinciales, pero constituye una herramienta institucional para dimensionar el conflicto y fortalecer la asistencia a los damnificados.
La aprobación unánime marca un avance en el reclamo de los vecinos autoconvocados, que lograron convertir una demanda colectiva en una iniciativa respaldada por todo el Concejo Municipal. Ahora, el desafío será que el registro se implemente y se traduzca en mejores herramientas de información, orientación y protección para las familias afectadas.
