Un informe del CEPA reveló que la planta de personal se redujo un 22,5% desde diciembre de 2023, a un ritmo de más de 70 cesantías por día.
El ajuste descomunal impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre el Estado nacional muestra un situación crítica. Según los datos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos a septiembre de 2026, desde diciembre de 2023 se perdieron 77.152 puestos de trabajo en el sector público nacional, lo que representa una caída del 22,5% en la planta de personal total.
El impacto por tipo de entidad muestra que la administración descentralizada del Estado concentra la mayor cantidad de despidos en términos absolutos, seguida por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados.
Sin embargo, el informe advierte que, en términos proporcionales, el ajuste golpeó con mayor fuerza a la administración centralizada, lo que revela un vaciamiento de las funciones propias del Poder Ejecutivo y de las áreas estratégicas de gestión directa.
Dentro del universo de las empresas y sociedades del Estado, el caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.687 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria con 4.426 cesantías, el Banco Nación con 2.379 y Aerolíneas Argentinas con 1.969.
Milei hizo caer la cantidad de empresas a los niveles de julio de 2007
En términos relativos, el recorte más drástico se produjo en la ex Télam, donde se despidió al 79,1% del personal. También sufrieron reducciones especialmente severas Educar S.A., Contenidos Públicos S.E. y la Casa de la Moneda, lo que refleja la decisión de desarticular las áreas de comunicación y producción estatal.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que abarca organismos desconcentrados y descentralizados, los números también son alarmantes. ARCA lidera las pérdidas en términos absolutos con 3.521 puestos eliminados, seguido por la ANSES con 3.053 despidos y el CONICET con 2.971 trabajadores menos.
En términos proporcionales, el recorte más severo se registró en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 63,1% de su planta, seguido por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) con un 53% y el INAES con un 46,6%.
Lo que demuestra el informe es un Estado nacional que perdió capacidades operativas críticas en el sector público, en áreas como la ciencia, la seguridad social, la infraestructura ferroviaria y la coordinación de políticas sociales.
Con información de InfoGremiales
