Por descuentos indebidos sobre la coparticipación, la provincia le exige 50 mil millones a la Nación.
El gobierno provincial presentará un plan de pagos a la Nación para recuperar la deuda generada entre 2006 y 2015 por descuentos irregulares sobre la coparticipación. A valores históricos, son casi 23 mil millones de pesos, pero la provincia la actualizó en 50 mil millones y le propondrá al gobierno de Mauricio Macri un plan de pagos por ese monto. Si no prospera, Santa Fe reclamará otra vez la devolución de la deuda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobernador Miguel Lifschitz dejó de lado su tono medido y arremetió fuerte contra el gobierno de Cambiemos: planteó que Santa Fe es una provincia “discriminada” por el Estado nacional y acelerará las gestiones, ante la falta de respuestas, para tratar de recuperar la deuda de la coparticipación: uno de los puntos del fallo de la Corte Suprema del 24 de noviembre de 2015 que ordenó, además, el cese de los descuentos indebidos a la coparticipación federal para financiar a la Anses y la Afip.
“No nos parece mal que se compense a una provincia que es discriminada por coparticipación, pero sí a la ciudad de Buenos Aires, que tiene recursos de sobra”, diferenció Lifschitz. “Estamos pidiendo que se cumpla con un fallo de la Corte. No es un tema de negociación que puede quedar a criterio de un funcionario, sino que es un fallo que no admite otra alternativa que ser cumplido. Estamos en democracia y en un régimen republicano”.
El gobernador está decidido a avanzar con el reclamo: “Nos llama la atención que ha pasado tanto tiempo, casi 18 meses, y no hayamos podido avanzar en una propuesta concreta. No tenemos nada que discutir porque no hay una oferta. Hemos tomado la decisión de hacer una propuesta nosotros, que no sea solo del gobierno y que tenga respaldo de los intendentes, legisladores y organizaciones de la sociedad civil: ir con una propuesta de Santa Fe a ver si encontramos un eco positivo”, adelantó Lifschitz a Radio 2 de Rosario.
“Los meses pasan y queremos que los recursos lleguen para hacer obras; tendría un impacto para la economía santafesina impresionante y extraordinario, que nos permitiría encarar obras que se postergan año tras año por su magnitud”, añadió el mandatario.
Además, Lifschitz opinó que la gestión de Cambiemos favorece a sus propios distritos y discrimina a Santa Fe en el reparto de los recursos federales. Algo que también planteó en el inicio de la campaña electoral el ministro de la Producción y primer precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista Luis Contigiani.
Contigiani señaló que “el centralismo ha fracasado. Es momento de hacer las cosas diferente y volver a un federalismo de abajo hacia arriba”. Y agregó: “El gobierno nacional discrimina a la provincia de Santa Fe. Solamente asiste a tres provincias: Jujuy, Buenos Aires y la Capital Federal. Desde las provincias tenemos que rebelarnos contra este modelo económico”. Los tres distritos mencionados son gobernados por Cambiemos.
Ecos en las bancadas
El tema rebotó en la Legislatura provincial. En la sesión del jueves 6, el diputado Jorge Henn se expresó a favor de de instar al Poder Ejecutivo provincial a solicitar la ejecución en forma inmediata de la sentencia de la Corte Suprema que acredita el pago de los fondos que adeuda la Nación.
“Hay una clara decisión política del gobierno de Mauricio Macri de no cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia”, acusó Henn. “Macri ya no es el intendente de la ciudad de Buenos Aires y sin embargo el grueso de las obras son para la Capital Federal y el Conurbano bonaerense. Incluso, se asignaron por decreto 12 mil millones de pesos para el soterramiento del tren Sarmiento. La estación central que realizarán debajo del obelisco cuesta 45 mil millones de pesos, el triple de lo que va a percibir la provincia en los próximos tres años en obra publica. Con esto quiero decir que, no es que no hay fondos, sino que no hay decisión política para pagarle a Santa Fe”.
También desde el Concejo Municipal se expresaron. A través de un proyecto presentado por ediles del Frente Progresista, se solicitó al municipio que realice las gestiones ante el gobierno nacional para exigir el cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema en 2015. El intendente José Corral, aliado de Macri, evitó expresarse al respecto.
