En pandemia y con ley de emergencia, volvieron los bonos no remunerativos para el sector público. ¿Qué pasará con las paritarias de aquí en más?
En 2005, promediando el segundo gobierno de Jorge Obeid, la Legislatura sancionó la ley 12.469 mediante la cual se prohíbe taxativamente que el Estado provincial realice pagos de sumas no remunerativas (“en negro”) a sus agentes.
Aquella norma impulsada por el líder de UPCN Alberto Maguid, por entonces diputado provincial del PJ, tenía por objetivo formalizar la situación de miles de trabajadores y trabajadoras que percibían una parte de sus ingresos mediante sumas fijas no remunerativas: el vulgarmente conocido “bono salarial”. Era una “ayuda” al bolsillo, pero no formaba parte del sueldo y, por tanto, no se trasladaba a la seguridad social ni a los aportes jubilatorios.
La llamada Ley Maguid le puso fin a una rémora de los 90, época de fuerte ajuste estatal, desinversión pública y salarios magros para docentes, médicos y estatales.
La Ley Maguid tiene dos partes centrales: por un lado, establece que “toda modificación a la política salarial del sector público provincial deberá tener carácter remunerativo” y que “no será de aplicación toda norma que se oponga a la presente ley”; por otro lado, le ordena al Poder Ejecutivo “convertir en forma gradual y progresiva” en remunerativos todos aquellos ítems que componen la retribución de los agentes públicos y que por aquel entonces no tenían ese carácter.
A lo largo de 15 años, esa normativa se aplicó sin excepción: las sumas “en negro” fueron trasladas al salario –lo que implicó un incremento real, no solo de bolsillo sino también en los recibos– y los aumentos se discutieron entre los gobiernos de turno y los sindicatos del sector público en el ámbito de las paritarias.
Esa dinámica prevaleció por cinco lustros y puso a la provincia de Santa Fe a la vanguardia en materia de legislación y derechos laborales. Hasta que el coronavirus descalabró la economía.
Un bono que no es aumento
El “acuerdo salarial” firmado por el Poder Ejecutivo y los sindicatos estatales ATE y UPCN el 7 de septiembre, que al día siguiente se hizo extensivo a las fuerzas de seguridad de la provincia, implica un retroceso de 15 años para los trabajadores y un peligroso antecedente de cara a las próximas paritarias.
Las negociaciones fueron suspendidas por el gobierno a mediados de marzo, apenas estalló la pandemia. A fines de ese mes se sancionó la Ley de Necesidad Pública, que incluye la declaración de la emergencia económica: el instrumento que le permitió a la Casa Gris “saltarse” la Ley Maguid. Desde entonces, los salarios del sector público quedaron congelados, a excepción del bono de 3000 pesos otorgado en agosto.
La nueva “política salarial” consiste en bonos de entre 4000 y 8500 pesos, según la categoría, que se pagarán con los salarios de agosto, septiembre, octubre y noviembre. “Por ahora es la modalidad que encontramos para tratar de satisfacer los reclamos de los trabajadores”, se sinceró el ministro de Gobierno de la provincia, Esteban Borgonovo.
Bonos no remunerativos de entre 4000 y 8500 pesos por cuatro meses para los estatales
Esas sumas serán no acumulativas –no se trasladan al salario– y formarán parte de la remuneración habitual de los trabajadores públicos con carácter no remunerativo y no bonificable. Como los sueldos de agosto ya se abonaron, el bono correspondiente a ese mes se pagará por planilla complementaria.
El secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que “con estas sumas se cubre holgadamente la inflación del período”. El secretario general de ATE Jorge Hoffmann tradujo los bonos a porcentajes y explicó que, según la categoría, suponen un aumento de bolsillo de entre el 16 y el 20%. La inflación de enero a julio en la provincia de Santa Fe fue del 16,1%, según datos del Ipec.
Del mismo modo, el actual líder de UPCN Jorge Molina –paradójicamente, el heredero de Maguid– valoró el acuerdo: “Se trata de una política salarial no convencional, con sumas fijas que respetan la globalidad de la carrera de los compañeros porque va creciendo de acuerdo a la responsabilidad jerárquica”.
Interrogantes
Los sindicatos docentes Amsafe y Sadop rechazaron de antemano la idea de acordar con la provincia un incremento a través de sumas fijas y redoblaron las medidas de fuerza que vienen llevando adelante desde julio y que se extenderán durante septiembre, todas las semanas, hasta que tengan una oferta salarial concreta.
Con la recaudación en caída libre producto del coronavirus, la provincia viene planteando un panorama de “caja flaca” (un concepto compartido por el gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía Walter Agosto) y desde la Casa Gris ya adelantaron que “por ahora” las propuestas para el resto de los sindicatos públicos serán similares a la que ya aceptaron las cúpulas de ATE y UPCN.
En el actual panorama, sin salida a la vista de la emergencia económica y sanitaria, ¿qué va a pasar en diciembre, en febrero o en marzo cuando se reanuden las paritarias? ¿Y cuánto va a durar el “por ahora” del que habla el gobierno?
