Alegría, tensión, mate, arroz y agroecología: testimonio e imágenes desde adentro de Casa Nueva, el campo en disputa de los Etchevehere donde resuenan conflictos que van desde la soberanía alimentaria hasta el machismo de las oligarquías.
El drama es el de cientos de familias campesinas y pueblos originarios en la pampa húmeda y sojera en norte santafesino, en Santiago, Córdoba o el mismísimo Entre Ríos. Pero esta vez la escena tiene protagonistas célebres, un fallo que enardece a la patria sojera y es televisada en medios de alcance nacional. La supuesta usurpadora pertenece a una familia de terratenientes, los que pretenden desalojarla también. Hay un proyecto agroecológico sin pesticidas ni trata, contra el usufructo privado de una estancia por parte de una de las familias que representan el poder inmanente en el país. Crónica desde adentro y desde afuera sobre un conflicto que siempre queda incómodo porque la discusión de fondo no es meramente sobre quiénes poseen esas tierras, sino sobre qué modelo de desarrollo agrario le queda mejor a un proyecto nacional y popular.
Desde tiempos casi inmemoriales, un sector del periodismo se empeñaba en denunciar los desalojos violentos, de tiros y golpes a mansalva, que terratenientes ávidos por extender la zona cultivable (donde harían soja sobre soja hasta desertificar la tierra) ejercían sobre pequeños campesinos o pueblos originarios y para los cuales conformaban un grupo de tareas abusivo conformado por las policías del lugar, parapoliciales armados hasta los dientes, el silencio cómplice de los intendentes o presidentes comunales y por supuesto la justicia que validaba escrituras apócrifas y emitía las órdenes con una celeridad abrumadora. En Tostado, Gato Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Margarita o en donde fuera, la escena se repetía dramáticamente: empujones, golpes y tiros cruzados y las tranqueras como la zona caliente de una disputa desigual que siempre terminaba con campesinos heridos y despojados. Uno de los casos más publicitados fue el de Jorge Barberis y su familia, expulsados violentamente de un campo de unas 2.500 hectáreas por cuenta y orden de un ex dirigente de la Federación Agraria filial Santa Fe, Juan Carlos Adrover. Sin dejar de lado que la entidad surgida del Grito de Alcorta hace años que es conducida por arrendadores millonarios y vela por sus intereses de clase, la conversión de Adrover habilita el famoso chiste que hiciese furor en 2008 durante la crisis de la 125: "¿Cuál es la única diferencia entre un pequeño productor y uno grande? Pues la cantidad de hectáreas".
Más allá de censos nacionales agropecuarios y de relevamientos acerca de la propiedad de las tierras en nuestro país –que tal como se preanunciaba demostró que más que Benetton en la Patagonia el problema eran los terratenientes "nacionales" como Etchevehere o Batistuta en la pampa sojera– el espectro nacional y popular mantuvo una relación compleja con un sujeto político agrario que debería estar dentro de sus prioridades reales y no declamadas. La fulgurante experiencia de las Ligas Agrarias setentistas, el traumático final de aquella experiencia con el correspondiente veto a la palabras revolución o su compuesto “reforma o revolución agraria” y el discurso fascista y racista que campea en buena parte de la oposición, puso las cosas realmente difíciles. Tanto que –como bien recuerda Iván Bordón, abogado de muchas de las familias despojadas y miembro de la Asociación Norte por los Derechos Humanos– en las actas que reflejaban la suspensión de algún desalojo figuraba al pie la dolorosa frase “nuevamente no se hizo presente el Subsecretario de Agricultura de la Nación Delegación Santa Fe”.
Pero a estos episodios encadenados sin solución justa ni razonable durante muchos años, les apareció uno de características espectaculares, en pleno debate acerca del rol del Estado y sus posibilidades reales de enfrentar poderes concentrados, con el dólar a casi 200 pesos, en plena contraofensiva neoliberal y con uno de los roles protagónicos encarnados por Juan Grabois. A Pausa le apareció además un protagonista y cronista situado en el corazón del conflicto, resistiendo junto a Dolores Etchevehere en la Estancia Casa Nueva de La Paz y que asegura que “no tenemos comida suficiente ni recambio de compañeres, estamos sitiados por la patota de los Etchevehere”.
Las Margaritas SA y el perfume de la tempestad
Martín Rata Vega es santafesino y uno de los fundadores y militantes históricos de Hijos en nuestra provincia, desde hace años vive y trabaja en CABA pero resiste sin pronunciar todas las eses. Pertenece desde hace cuatro años a los rescatistas del Bajo Flores (donde viven 30.000 personas) un grupo de voluntarios perteneciente al Movimiento Popular La Dignidad que se encuentra dentro del Frente Patria Grande y que hace las veces de una central de emergencias villeras, de asistencia sanitaria (por dengue y Covid en los últimos meses), de prevención y atención de violencias y de facilitar articulaciones institucionales en el barrio.
“Llegamos el jueves pasado convocados por Juan (Grabois) para apoyar y brindarle seguridad a Dolores. Sabíamos que iba a ser una situación tensa y que los chacareros iban a intentar un desalojo por la fuerza, con la policía y la justicia de su lado porque son empleados de familias como los Etchevehere. Habíamos escuchado los audios prometiendo bala o cargarse a compañeros que los chacareros hicieron circular y vinimos con lo que es fuerte en los rescas: atención primaria y primeros auxilios para el caso de que se produjera algún enfrentamiento”. Sobre la estrategia de saturar de compañeres la ocupación pacífica para dificultar cualquier arremetida violenta, Rata aclara que “aquí seremos unos 80 en total, que fuimos ingresando cuando todavía no había llegado el acampe de camionetas y tractores de la patota de Etchevehere. El tema es que ahora establecieron un piquete, con cacheos inclusive para los que pretenden salir de la estancia y que impide el relevo de militantes y la provisión de víveres, estamos a mate y arroz pero con la alegría que nos caracteriza a las organizaciones sociales de base territorial, porque nosotros no odiamos, creemos que esta causa es justa, creemos en el Proyecto Artigas y mientras se resiste se hacen huertas y talleres”.
No hay ingenuidad en estos enriedos. Dolores conoce a su familia y los señala sin titubear como “fraudulentos, evasores, lavadores, machistas y explotadores laborales”. Los desalojos por la fuerza público-privada son un clásico del clan que conduce el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ministro de Agroindustria del macrismo. Grabois no tiene la mesura elíptica del Papa, cree que la independencia ideológica no le hace mal a nadie y sube la apuesta: “son una mafia, tienen una patota de narcos más que de productores, están acostumbrados a manejar Entre Ríos. Nosotros estamos muy plantados, de guapos no nos van a sacar”. Una beligerancia frontal que incomoda a propios y extraños y tensa el paño del Frente de Todos, que no se hace cargo de las acusaciones de la Sociedad Rural y los medios opositores y que accionó rápidamente a través del Inadi y la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Derechos Humanos.
Victoria Donda aclaró que “no es el gobierno nacional, es el Inadi que está acompañando a Dolores Etchevehere por que se trata de un caso de violencia económica y discriminación. Cuando los representantes de (Luis Miguel) Etchevehere ingresaron al predio al grito de 'negros de mierda, los vamos a matar' o la diputada radical Patricia De Ferrari se pregunta 'si falta mucho para que aparezcan los Falcon para impartir justicia' esto queda comprobado y justo el Día Nacional del Derecho a la Identidad, espero que pidan su renuncia, una diputada no puede despreciar así la democracia".
Sobre el hecho de que la funcionaria del Ministerio de Justicia nacional Gabriela Carpinetti pernoctase en la Estancia, Martín Vega clara la situación: “no tenía alternativa ya que ninguno de los que estamos aquí podemos salir y volver a ingresar, montaron un puesto de control debajo de un gazebo donde requisan a los que salen para que no se roben pertenencias familiares, una locura. Además de los insultos, los empujones, el bloqueo a los medios, las fotos de las patentes de los vehículos y todo tipo de vejaciones”. Ante la campaña de victimización de Luis Etchevehere donde denuncia que hay piqueteros durmiendo en la cama de su madre, Martín aclara que “la única que entra a la casa y duerme allí es Dolores, no sé de dónde sacan eso”.
Flores para un Juez de bajo perfil
Antes del fallo que hoy se festeja en Casa Nueva, los que conocen al juez subrogante Raúl Flores no aceptaban la teoría de que iba a fallar a favor de la agrocorporación que reparte amenazas a funcionarios provinciales por Twitter y Whatsapp o iba excusarse e iba a dejarle el asunto a Walter Carballo, el Juez de Garantías que reasume la semana entrante luego una licencia corta. Le aseguran a Pausa que “no le importan sus 15 minutos de fama, lo están llamando de todos lados y está bajo presión importante, pero tiene mucho carácter y siempre falló ajustado a derecho sin importar las consecuencias”. Así fue, en cinco páginas muy concretas concluye que “hay un trámite sucesorio en proceso” y que no se verifica el delito de usurpación por lo cual se desestima el desalojo avalado por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa a pedido de los hermanos Etchevehere. Luis Miguel le baja el precio diciendo que como su competencia natural es un Juzgado de Familia “recomienda una reconciliación familiar en vez de ordenar el desalojo”.
Pero persiste y se prolongan dos problemas: uno superficial y otro de fondo, la propiedad de las 1250 hectáreas que reclama Dolores (una traidora a su clase para el ideario del complejo agropecuario) y el insulto que implica montar un proyecto agroecológico en el corazón de la república separatista de la soja. “Hay una alegría increíble acá, no es lo que esperábamos” asegura Martín con una felicidad que claramente contrasta con la confusión y el odio que se macera del otro lado de la tranquera. La decisión de Flores alcanza para que –si no levantan el puesto de cacheo y bloqueo motus propio– la policía provincial garantice por los medios que correspondan que el Proyecto Artigas pueda seguir desarrollando sus actividades, para que se puedan hacer relevos e ingresen alimentos y agua a Casa Nueva.
En medio de operaciones devaluatorias, los boicots a la cuarentena que –como sinceró el presidente– ya no existe desde hace rato y las complicaciones para imponer una agenda parlamentaria capaz de recuperar el centro de la escena, se alzan algunas voces del campo nacional y popular para repudiar el racismo y la brutalidad de los Etchevehere y reducirlo todo a una disputa familiar. Pero Juan Grabois hace lo que tiene que hacer: tensar por izquierda al FDT construyendo poder popular y poner en debate el modelo productivo con todas sus notas, no solamente las ecológicas. No es poco, tanto una experiencia novedosa y valiente como la violencia y el despojo pueden ser aún y tenemos que estar atentos.
