Hoy y mañana la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra acampa en la plaza Congreso, en Capital Federal, para exigir avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. El 87% de las familias productoras de los alimentos que comemos alquilan la tierra.
Este lunes 20 y martes 21 la UTT está acampando en la plaza Congreso con movilización, verdurazo, feriazo, charlas y talleres, florazo y un cierre con un festival artístico al aire libre. Reclaman que se trate la Ley de Acceso a la Tierra, en función de solucionar el problema de la propiedad de la tierra y la pequeña producción, responsable de la mayor parte de los alimentos que comemos en la mesa.
El proyecto de ley cuenta con estado parlamentario: en mayo las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de la Cámara de Diputados de la Nación lo trataron pero sin llegar a un dictamen. La propuesta de ley se había presentado en octubre del año pasado por tercera vez en el Congreso de la Nación junto al ministro de Agricultura Luis Basterra, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, –ambos ya fuera del Gabinete– y la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau.
🟢 La Unión de Trabajadores de la Tierra (@uttnacional) comienza acampe frente al Congreso para pedir la Ley de Acceso a la Tierra.
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El proyecto de ley determina la creación de un «fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar» como política de desarrollo económico y social, con el objeto de facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar. Las verduras que servimos en nuestras mesas son producidas por familias que trabajan en condiciones precarias, que no tienen vivienda y que alquilan de manera informal lotes que apenas alcanzan para salir derecho.
En diálogo con Pausa, Delina Puma, productora hortícola del periurbano platense e integrante de la UTT, explicó: «El proyecto de ley es bastante sencillo: plantea la creación de un fondo fiduciario que permita a las pequeñas familias productoras acceder a un crédito blando para el acceso a la compra de un terreno». «Hoy en día para una familia agricultora pensar en un crédito, con las altas tasas de interés que brindaría cualquier banco o cualquier ente de crédito -casi siempre está sobre el 100%- es casi imposible», contextualiza. «También por la cantidad de requisitos que se piden», agrega.
En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. “El proyecto de ley propone un sistema de créditos blandos estilo Procrear pero para el sector rural con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, explicó Lucas Tedesco, vocero de la UTT.
“Ahora más que nunca, el pueblo necesita medidas concretas para poder acceder al alimento a través de precios justos, y para eso es fundamental bajar y controlar los precios de la canasta alimentaria. Una de la medidas concretas que nosotras y nosotros proponemos es el acceso a la tierra a través de esta Ley para que las familias productoras puedan acercar alimento más económico y saludable para todos los argentinos”, expresó Rosalía Pellegrini, vocera de la UTT.
Agustín Suárez, también vocero del gremio agregó: “El modelo del agronegocio representa a un campo concentrado que no alimenta, no está enfocado en el hambre del pueblo mientras genera extraordinarias riquezas por las exportaciones. Si bien las exportaciones son necesarias, tenemos que promover otro modelo de un campo que alimente, somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra, para lograr la soberanía alimentaria en nuestro país.”
🔴 #AHORA Liberaron la circulación para el tractor de la @uttnacional e inicia el verdurazo en el Congreso.
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«Cuando suben los alquileres se hace difícil pagar y las familias se tienen que mudar y empezar todo nuevo. No se puede planificar una producción o decidir sobre la producción y eso se sujeta a un modo de producción convencional, basada en agroquímicos y con la necesidad de querer producir rápido, en cantidad o una sola variedad, y de estar atados a un paquete tecnológico que te obliga a producir rápido con el fin de poder llegar a fin de mes», sintetiza Delina Puma. «Con lo que se paga hoy un alquiler, tranquilamente se podría pagar la cuota de un crédito», piensa la productora.
El contenido del proyecto
El proyecto de ley que impulsan las familias agricultoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra propone la creación de un fondo fiduciario -un fideicomiso-, es decir: un contrato entre partes que se ponen de acuerdo para administrar una serie de bienes. En este caso, esas partes serán el Estado nacional y el Banco Nación.
La función del Banco será administrar los recursos del fideicomiso. El Estado, por su parte, cederá la administración de ciertos bienes incorporados al fondo (por ejemplo, tierras públicas) para el cumplimiento de los objetivos de la ley. O sea: que los grupos familiares inscriptos en el Registro Nacional de Familias Agricultoras sean respaldados ante la toma de un crédito para la compra de predios productivos.
Entre los requisitos para acceder a ese tipo de créditos, se cuentan:
-Que el trabajo en el campo sea cubierto por mano de obra familiar y/o con aportes complementarios de asalariados.
-Que la familia agricultora resida en el campo o en la localidad más próxima a él.
-Tener como ingreso económico principal de su familia la actividad agropecuaria de su establecimiento.
-Se tendrán especialmente en cuenta a los pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productor familiar y, también los campesinos y productores rurales sin tierra, los productores periurbanos y las comunidades de pueblos originarios.
El fondo fiduciario tendrá una duración de 30 años, contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración del correspondiente contrato de fideicomiso, quedando su liquidación a cargo de quien designe el Comité Ejecutivo de seguimiento del mismo. Las familias que presenten propuestas de desarrollos productivos agroecológicos podrán acceder a créditos con una tasa subsidiada preferencial.
Entre los deberes de las familias que accedan al crédito, se enumera:
-Acatar las normas generales de explotación vigentes y procurar reducir progresivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en el predio, así como la toxicidad de los mismos.
-No arrendar, dar en aparcería o bajo cualquier otra forma que implique desprenderse de la dirección de la explotación, ni ceder sus derechos sin consentimiento previo y expreso del Comité Ejecutivo del fideicomiso.
-Implantar y/o conservar la forestación de conformidad a los planes establecidos o que se establezcan, para el cuidado y el mantenimiento de las tierras.
