Denuncian que no se garantiza el derecho al aborto en la ciudad

Foto: Ileana Manucci

Socorristas y profesionales de la salud manifestaron su preocupación por la falta de respuestas del Ministerio de Salud, la Secretaría de Género y del gobierno provincial ante la falta de anticonceptivos y acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo.

Por Bárbara Favant, para Periódicas

La línea socorrista Acción Mariposa y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir regional Santa Fe denuncian que el Ministerio de Salud de la provincia no garantiza en su totalidad el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en hospitales públicos ni en centros de salud de la capital provincial y el Gran Santa Fe. Además, reclaman que hay importantes faltantes de anticonceptivos hormonales y de barrera disponibles en las instituciones sanitarias en general.

En diálogo con Periódicas, representantes de Acción Mariposa describen: «Venimos hace rato con este tema. Por un lado por dilaciones en cuanto a turnos de ecografías, pero también en la faltante de anticonceptivos en los centros de salud de la ciudad. Lo que pasa es que no hay, o a las chicas directamente les dan DIU y no hay otra opción o método disponible. Lo más grave es que en el Cemafe -único lugar donde se practica- ya no se garantiza la aspiración manual endouterina (AMEU). Los médicos que la estaban garantizando no están trabajando y a todas las chicas que tenían turno para AMEU se los extendieron, entonces lo que sucede es que muchas están volviendo a repetir el tratamiento medicamentoso con misoprostol como única alternativa posible. No se están realizando tampoco los traslados y no se las deriva».

«Es una situación que nos viene complicando un montón el trabajo. En el medio vemos la desesperación de todas las chicas que tenían turno para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que ven que sus embarazos siguen avanzando. Es todo un drama. La verdad es que no tenemos respuesta de ningún espacio», agregan.

El Cullen y el Iturraspe objetores de conciencia

La denuncia de esta problemática abarca a todo el Gran Santa Fe. «Denunciamos que en el Iturraspe y en el Cullen, que son los hospitales más importantes de la ciudad, se ejerce una fuerte objeción de conciencia y no garantizan la práctica de ninguna manera. Nunca», relatan desde Acción Mariposa.

«En el Cullen y en el Iturraspe se está militando la objeción de conciencia. Se reparten, desde las jerarquías de los hospitales, modelos de objeción de conciencia a todos los profesionales. Vemos que el acceso de los hospitales a la IVE va a ser muy complicado porque hoy no solo no hay nadie que lo garantice sino que están motivando a los profesionales que están ahí a que firmen una declaración de objetores de conciencia. No hay voluntad de actuar conforme a la ley», sostienen.

En relación al Cemafe, apuntan: «Tenemos un caso en el que no le funcionaron las pastillas, entonces se le indicó una AMEU y la médica tuvo que recetarle nuevamente las pastillas para poder abortar porque le suspendieron el turno y la dejaron a la deriva. Es tremendo lo que está pasando. El misoprostol viene siendo la única alternativa».

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Sobre la implementación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) expresaron desde el socorrismo que aún no tuvieron acompañamiento ni información desde el gobierno provincial sobre cómo se llevará adelante. «La IVE es muy reciente. Siempre lo que fue el procedimiento con misoprostol o AMEU se dio a través de la ILE —Interrupción Legal del Embarazo— pero el acceso no se está garantizado de ninguna manera.

Y denuncian: «La Línea de Salud Sexual y Reproductiva habilitada por el Ministerio de Salud (0800-222-3444) para acceder, informar o denunciar, no responde. Hacemos responsables al Gobierno Provincial, al Ministerio de Salud, a la ministra de salud Sonia Martorano, al gobernador Omar Perotti, a la Directora de Salud Sexual, Género e Interculturalidad, a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género y toda persona que estando dentro del sistema de salud no vehiculiza las políticas públicas que garantizan este derecho».

«Sólo tuvimos diálogo con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, pero la respuesta siempre es que están trabajando, nada más. No tuvimos ninguna solución, lo dilatan», insisten.

Pandemia y agravado en enero

Desde Acción Mariposa indican que con la pandemia, hubo complicaciones durante todo 2020. «Tuvimos complicaciones porque había centros de salud que dilataron mucho los turnos o que solamente atendían cuestiones urgentes. Teníamos que dar toda una explicación de que era para una interrupción del embarazo y que tenía que ser rápido. La pandemia agravó bastante pero ahora especialmente en enero, con las vacaciones, es peor y quienes sufren son las mujeres. La situación se incrementó ahora».

«La faltante de anticonceptivos, fue siempre, la verdad no es nuevo. Y el protocolo de ILE dice que la persona gestante tiene derecho a decidir qué método anticonceptivo es más conveniente para sí misma. Eso nunca se cumplió en totalidad. Todo se agravó ahora con lo que está pasando en el Cemafe», cuentan.

Por el derecho a decidir

En coincidencia, la Red de Profesionales denunciaron en un comunicado: «Ante la solicitud de IVE por parte del primer nivel de atención, ya sea por falla de tratamiento con medicamentos, por semanas de gestación avanzadas para ser tratadas en este nivel o cualquier otra consideración de los equipos que determine que quien consulte no pueda realizar el tratamiento medicamentoso ambulatorio, las respuestas desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva —a cargo de Paola Gross— vienen siendo derivaciones a Rosario en donde la paciente debe pagarse el traslado o el equipo que deriva realizar las gestiones locales para cubrir dichos gastos. Además, la demora de los turnos excede extensamente los plazos que imponía el protocolo ILE y hoy pretende garantizar la Ley IVE».

«El equipo de salud sexual que realizaba AMEU en Cemafe no se ha ampliado, no se ha invertido tiempo en formar recursos humanos que pudieran sostener la oferta ante el derecho de sus integrantes a solicitar sus Licencias (LAO) o a enfermarse, ni en garantizar condiciones seguras de trabajo para el personal que desde el principio forma parte de dicho equipo armado informalmente y con absoluta predisposición pero con poco respaldo institucional», agregan.

En este sentido, describen: «Actualmente no se cuenta con este recurso para derivar pacientes y los equipos derivadores no han sido notificados, lo cual no es para nada extraño con esta gestión de gobierno considerando que el protocolo de derivación redactado por el equipo de AMEU para mejorar la atención y acceso en pandemia nunca fue compartido a los Centro de salud ni a los Samcos de las localidades de la región centro norte de la provincia. El acceso a las ecografías por IVE tiene una demora inusitada, que también complica cumplir la ley en el tiempo estipulado por la misma. En los centros de salud hace meses faltan anticonceptivos inyectables, donde las excusas quedan cortas ante el incumplimiento de un derecho. No se garantiza el anticonceptivo, y luego no se garantiza la ley IVE como corresponde».

«La pandemia sigue su curso, como hemos denunciado con anterioridad la doble esencialidad en Salud que priorizaba la atención sobre Covid y salud sexual reproductiva, no se cumple. Por un lado se sostiene con la espalda de los equipos, sin que se cubran las distintas licencias, obstaculizando todos los accesos a consejerías, ecografías y laboratorios, por el otro la extrema precarización laboral en Salud y uso de contratos eventuales Covid, mas los miserables aumentos salariales, no remunerativos, ni bonificables, dejan en evidencia qué intereses defiende el Estado, que claramente no son los de les trabajadores ni de las personas con capacidad de gestar», sostienen.

Y denuncian: «En Argentina, las iglesias y las corporaciones médicas son ‘quienes’ por influencia o participación directa en los ministerios y secretarías de salud, determinan las direcciones y jefaturas de los nosocomios y servicios que deberían garantizar abortos seguros, además de manejar los acuerdos con las obras sociales y prepagas. La objeción de consciencia institucional pone en riesgo el trabajo en el terreno de la salud sexual reproductiva, instando a perseguir y hostigar a quienes desean garantizar derechos sexuales y reproductivos».

Por último, exigen: «Organizar y capacitar con urgencia a todos los equipos de salud en las diferentes instituciones de todos los niveles de atención para garantizar la LeyIVE. Brindar respuesta a los pedidos de AMEU que realizan desde el primer nivel de atención, con un equipo formal y organizado, con turnos programados en forma ágil. Acelerar el acceso a los estudios de laboratorio e imágenes necesarios para garantizar la IVE. Gestionar la distribución de todos los métodos anticonceptivos a todos los efectores de salud. Convocar a reunión a todas las organizaciones que acompañan el derecho a decidir desde antes de la sanción de la Ley IVE para coordinar en conjunto la implementación de la misma».

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