El desguace de las políticas públicas nacionales en la provincia, a través de los despidos, no sólo impacta en el empleo, sino en los derechos y beneficios para los vulnerables.
Grasa militante, ñoquis, basura: las palabras del ministro de Economía Alfonso Prat Gay para calificar a los empleados públicos patinan de boca en boca, llenas de la abyección. Un Estado goloso y holgazán y torpe que necesita de una liposucción urgente, la carnicería en curso agita los resentimientos, en las redes sociales tus parientes festejan los despidos.
—No es una decisión que la tome yo. Vos tomarás las medidas que consideres necesarias. Yo cumplo en informarte esto.
—Yo también te informo a vos que me dejás sin comer el mes que viene. Ponete contento.
Ponete contento
La conversación telefónica entre una despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el delegado provincial del área, Daniel Minniti, referente del PRO en San Javier, cumple con los cuatro requisitos del manual de terrorismo laboral. Es un despido que no se comunica formalmente, sino por teléfono. Es un despido que se hace fuera de tiempo, a días de concretarse y sin dejar espacio para la queja o, al menos, la búsqueda de una changa. Es un despido sobre el cual no se explicita causa. Es un despido que no tiene un responsable concreto.
Hay variantes. Pueden usarse correos electrónicos, pueden avisarse despidos masivos y luego reducir la nómina –una buena amansadita–, pueden dejarse a todos los trabajadores sin tareas asignadas, sin saber qué hacer, sin condición alguna para que los reconozcan como algo más que cosas del patrimonio del patrón.
En el reverso, los pobres. Centro de Acceso a la Justicia, Progresar, Precios Cuidados, Inadi, Agricultura Familiar, Conectar Igualdad, todas políticas públicas que universalizan derechos y que, por ende, tienen su mayor impacto en el hecho de que los pobres puedan tener abogados, los pobres puedan estudiar, los pobres puedan comprar comida, los pobres puedan no ser discriminados, los pobres puedan quedarse en su tierra, los pobres puedan tener una compu.
El que trabajó gratis
Del Inadi en Santa Fe echaron a su delegada, Stella Vallejos, y a Santiago Rey, por correo electrónico. Quedaron cuatro personas, sin funciones asignadas. Rey era asistente administrativo y jurídico y, además, daba charlas en las escuelas. En abril de 2015 ingresó en recursos humanos su expediente para pasar a planta, ser un trabajador en blanco. En octubre de 2015 estaba listo para la firma. El 29 de febrero de 2016, desde una cuenta no oficial de Gmail, un tal Lic. Fernando Moroni le dijo que su contrato vencía el 1° de marzo y que no sería renovado.
Rey ingresó al Inadi en septiembre de 2009. Hasta abril de 2013 trabajó gratis y luego consiguió un contrato con un convenio con la UBA. “No teníamos horarios de ingreso o salida, siempre que se necesitaba estábamos”, dice Rey, que trabajó más tiempo ad honorem que por un salario. Su compañera Cecilia Amarillo señala que el nuevo interventor nacional del organismo, Javier Buján “cerró las puertas, nunca recibió a nadie ni respondió a ninguno de los reclamos y pedidos de los gremios. Y hay entre 50 y 60 despedidos en todo el país”.
La que resucitó
El secretario gremial de ATE, Adolfo Avallone, recibió el aviso de Daniel Minniti. Llegó “la nota” a Santa Fe, 80 despidos en Agricultura Familiar comunicados por teléfono al representante gremial a fines de febrero. A los pocos días, el Hotel de ATE era un hervidero de delegados de base de todas las provincias. En Jujuy el desguace fue total. En Neuquén está todo podrido. La delegada santafesina Karina Kasprzyc lucía preocupada por su puesto.
“Trabajamos con el sector más empobrecido del campo, los que tienen muy poquita tierra, una o dos hectáreas, diez o veinte o ninguna. Y también con los que están en islas”, describe Kasprzyc y agrega “Son familias que se generan sus propios laburos y no van a engordar las villas en las ciudades”.
—¿Cuántas son estas familias?
—Hay unas 500, 600 mil familias argentinas. En Santa Fe estamos cerca de 30 mil familias, sobre todo en el centro norte. Representan a nivel nacional, de lo que se produce, el 48% de lo que hay en la mesa de los argentinos.
Finalmente, a la fecha se concretaron nueve despidos sobre la plantilla de 80. Suena a alivio pero es más del 10% de la nómina. El procedimiento fue telefónico y sobre la fecha de vencimiento de los contratos. “Tampoco tenemos seguridad de si continuamos o no”, advierte de todos modos Kasprzyc. “No se manejan con nada escrito. Es todo un misterio como sigue. Y sobre todo las causas de por qué se despide. El despido sin causa es violencia institucional”, explica angustiada.
El primer caído
Por correo electrónico, Tomás Alda se enteró que estaba despedido apenas asumió Mauricio Macri. Alda era el único inspector de Precios Cuidados en el departamento La Capital. Contaba con una lista de voluntarios –militantes peronistas en su mayoría– que gratuitamente colaboraban en fiscalizar si las cadenas de supermercados cumplían o no con proveer toda la oferta del programa, a los precios pactados. Como Tomás, había un delegado por departamento en la provincia y un coordinador general; todos fueron echados de toque (ver aparte).
Excepto que se crea que los supermercados se controlan los precios a sí mismos, en Santa Fe Precios Cuidados es una entelequia desde diciembre de 2015.
“A mí me tocó trabajar casi hasta las Fiestas. Después del 10 de diciembre cambió la relación entre el empresario y el Estado. Actuaron con prepotencia, no estuvo más el respeto que había antes, abrir el acta de inspección se complicó más, muchas veces no permitían el ingreso”, rememoró Alda.
El que caminaba
Francisco es hermano de Tomás y trabajaba en el equipo territorial de Progresar: 900 pesos mensuales para que los jóvenes de 18 a 24 años vuelvan a estudiar. “Un derecho”, dice Alda. “Cuando se lanzó el programa fue muy baja la cantidad de jóvenes que se anotó. Después de un año de laburo con la red territorial la cantidad de inscriptos se elevó de 450 mil jóvenes en todo el país a 900 mil jóvenes. En La Capital son 30 mil jóvenes los titulares del derecho”, enfatiza.
Como la inscripción del Progresar se realiza por Internet, la red territorial tenía el objetivo de ir a barrios y a localidades, sobre todo del centro norte, a difundir el programa y a asesorar a los jóvenes. En los hechos, garantizaba que el programa llegue adonde tiene que llegar. Los seis santafesinos que trabajaban en la red fueron despedidos: dos en nuestra ciudad, otro en Santo Tomé y tres en Rosario.
Francisco Alda era monotributista. Progresar comenzó en febrero de 2014. En julio del mismo año, Francisco ya estaba caminando los barrios. Fue despedido vía email.
En blanco y marcado
Lucas Arnold fue apoderado del Frente para la Victoria en las últimas elecciones. Como se sabe, eso está muy mal. Por eso lo echaron a él primero y luego a su jefe.
Arnold era el abogado del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en Santa Fe. Ingresó en 2012 con la tarea de hacer asesoramiento jurídico y acompañamiento a las víctimas de violencia en general y de género en particular. “La oficina está en barrio Los Hornos, pero abarcábamos toda la ciudad de Santa Fe. Atendíamos a cualquier persona con derechos vulnerados que se acercara de cualquier barrio y realizábamos operativos itinerantes, con previa difusión”, explica.
Del CAJ echaron a dos de sus seis integrantes: el coordinador y el abogado. Así, carece de sentido. En Rosario había dos, uno fue cerrado por completo y del otro también echaron al abogado.
Una excepción: Arnold sí recibió un telegrama de despido, como corresponde, el 10 de marzo. Una regla: previamente no se le inició ni sumario administrativo ni nada. Además, era empleado de planta, en blanco, del Ministerio de Justicia. “Acá no hay ninguna causa para despedirme”, dice Arnold.
El invisible
El ministro de Educación Esteban Bullrich dijo que Conectar Igualdad no sólo iba a continuar, sino que se iba a fortalecer porque “no conecta”. En campaña, Macri lanzó la promesa de “poner computadoras desde primer grado en todo el país para que los chicos tengan las mismas oportunidades”.
Cuando a comienzos de marzo se denunciaron despidos masivos en el programa, la cartera educativa salió a aclarar y tranquilizar “Hoy en día trabajan y lo seguirán haciendo 1.500 personas en todo el país en el Programa Conectar Igualdad”, dijeron en un comunicado público. Vía Twitter, Bullrich paró en seco la polémica: “Ante las numerosas preguntas que recibí durante el día de hoy, quiero ratificar una vez más la continuidad del programa Conectar Igualdad”. El escándalo se diluyó ante la ratificación de las promesas. Mintieron.
No hay periodistas q ubiquen a @estebanbullrich p/q explique CÓMO "sigue #ConectarIgualdad" sin trabajad?acá mi ofi pic.twitter.com/aQI6FnwkpL
— MPSosa (@MPSosa88) 29 de marzo de 2016
“No cobramos desde el 1º de enero”, dice Matías Mullor, trabajador de Conectar Igualdad en la provincia. Son 90 en total, que integraban un plan federal en el que la Nación le entregaba el dinero para los salarios a las provincias, las cuales desarrollaban sus propias estrategias educativas digitales. Descentralización educativa de la bien entendida: fondos nacionales –parejos más allá de las economías regionales– para didácticas situadas –diversas según las geografías. Mullor y la mayoría de sus colegas se dedicaban a viajar por toda la provincia para capacitar a los docentes y ponerlos a la altura de sus estudiantes digitalizados por el Estado. “Fue tremendamente interesante cómo tomaron esto los docentes. En los últimos cuatro o cinco años hemos llegado al 95% de los establecimientos educativos de la provincia, primarios, secundarios y terciarios. La mayoría de los profesores tuvieron una visión muy positiva de las capacitaciones”, graficó Mullor, pero lamentó “A nuestra parte, la capacitación docente, nadie la tenía en cuenta”.
“Yo creo que la Nación va a dejar de solventar el programa. Muy posiblemente sigan llegando netbooks a las escuelas, pero no creo que la provincia esté en condiciones de sostener el equipo de trabajo”, avizora Mullor.
La propuesta nacional es que cada provincia asuma los costos de volver al programa, algo más que repartir las compus. La disolución de la política anterior fue sencilla: prácticamente todos estaban apenas contratados “Yo estoy trabajando desde 2008 en esto, y todos los años nos cambiaron una o dos veces a quién teníamos que facturarle. Había un nivel de inestabilidad extremadamente alto. Pero el proyecto estaba bueno, esa es la realidad”.
Dos por uno
Cambiemos llegó para la cirugía mayor, diría Menem si hubiera sido Macri. Las privatizaciones de los 90 transmutaron en el desguace de las políticas públicas de apoyo a los más vulnerables, desguace efectivo en los despidos. Si en los 90 las empresas públicas habían sido saqueadas previamente de personal técnico idóneo y privadas de las inversiones necesarias, cuando no endeudadas adrede, ahora el panorama de los despidos remite a un cuadro de precarización del empleo público durante el kirchnerismo. Los echados pertenecían al enclenque reino del eterno contrato, el modelo se extiende en todas las áreas y niveles. Así, Macri tiene todo abierto para clavar un dos por uno: achicar el Estado por el lado de la nómina salarial y pulverizar su presencia social.
Despedido por mail
Esta es la trascripción del correo recibido por Tomás Alda, donde después de avisar que lo van a echar (pero que, no obstante, le pueden renovar el contrato) le piden que trabaje gratis y le dan una palmada por la buena tarea:
“Buenas tardes, queríamos comentarles un poco sobre la situación actual. Si bien sabemos que la intención del nuevo Gobierno Nacional es la de no renovar los contratos del área de inspección y fiscalización del programa Precios Cuidados, les pedimos que sigan realizando los correspondientes relevamientos con la responsabilidad y dedicación de siempre hasta el día 31/12/2015. Estén atentos a la posible renovación del próximo contrato.
“Sin más que agradecer a todo el equipo por el compromiso constante, la predisposición y el buen desempeño”.
Publicada en Pausa #169, jueves 31 de marzo de 2016
