El pasado 30 de mayo, los familiares de Natalia Acosta realizaron una conferencia de prensa en la Plaza 25 de Mayo para dar a conocer el estado de la causa que investiga la búsqueda de la joven desaparecida hace siete años.
Por Diego Gentinetta
Natalia Liliana Soledad Acosta desapareció el 29 de mayo de 2009 en Santa Fe. La vieron por última vez en la céntrica esquina de 25 de Mayo y Suipacha. Desde entonces, su familia, junto a diversas organizaciones sociales, está abocada a su búsqueda y, mediante un trabajo de hormiga, aportaron una serie de pruebas que la justicia santafesina no investigó con la debida diligencia.
Ahora, los familiares exigen que la causa pase al fuero federal para que se investigue como Trata de persona. Además, María Cristina Balán y Ariel Acosta, padres de Natalia, solicitaron que se los acepte como querellantes con el patrocinio de Gabriel Ganón, el Defensor Provincial del Servicio Público de Defensa. En lo últimos días, el juez provincial Darío Sánchez se declaró incompetente y el caso pasó a la Suprema Corte de Justicia, donde deberán decidir si es la justicia provincial o federal la que continúe con la búsqueda de Natalia.
Reactivar la causa
El pasado 18 de mayo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, se realizó una mesa interinstitucional con el objetivo de analizar el estado de la causa por la desaparición de Natalia Acosta e impulsar, por un lado, la investigación y, por otro, remarcar la inacción de la justicia santafesina a la hora de investigar la desaparición de la joven.
Junto a la familia de Natalia estuvieron la Defensa Pública a través de su máximo responsable, Gabriel Ganón, el Programa Género, Sociedad y Universidad de la Universidad Nacional del Litoral, el Foro Santa Fe contra la Trata, la Campaña Abolicionista y las Asociaciones Civiles GENERAR y Mujeres en Actividad. También dieron el presente el diputado provincial Leandro Busatto, la delegada del Inadi, Caren Schilbelbein, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) –representada por Francisco Fuksman y Marcos Parera-, la División para la Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad, la Comisario Mónica Viviani y Carlos María Morales en representación de la Procuración Fiscal Nº 7. No hubo representantes del juzgado provincial que tenía la causa en sus manos.
En la reunión se leyó un documento que repasa lo sucedido desde el momento de la desaparición de Natalia hasta la actualidad. En la lectura, se detallaron las pruebas aportadas por la familia, lo actuado por la justicia santafesina y los pedidos de cara al futuro para que la causa se active.
Las pruebas aportadas
La familia de Natalia afirma que la joven es víctima de las redes de trata y, por ello, quiere que sea la justicia federal quien investigue el caso. Su certeza se basa en los datos que sistemáticamente aportaron al Juzgado Provincial de Instrucción Quinta Nominación a cargo de Darío Sánchez.
Natalia ejercía la prostitución en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha bajo el control e influencia de quien era, por entonces, su pareja, Eduardo Daniel Ruiz. La noche en que Natalia desapareció, Ruiz le solicitó cerca de las 3 de la mañana que regrese a la casa que compartían en Santo Tomé. A las 4.30 se envió mensajes de texto con Natalia y entre las 5 y las 7 intentó comunicarse con ella. Luego fue, junto a su madre, a los hoteles que Natalia frecuentaba. A las 9, se hizo presente en la casa de María Cristina y Ariel para preguntar por la joven. Ruiz declaró como testigo y pese a que afirmó tener informaciones “muchas y no confiables” sobre la desaparición de Natalia, además de descartar que “se haya ido por propia voluntad”, no fue investigado ni se solicitó que amplíe su declaración.
Ese 29 de mayo de 2009, quien también se acercó al domicilio de barrio Centenario fue Soledad Ruiz, cuñada de Natalia y hermana de Eduardo. Soledad ejercía la prostitución en la misma esquina y, casualmente, la noche que Natalia desapareció, ella no había concurrido al lugar.
Rodolfo Acosta es uno de los hermanos de Natalia. Él se dedicó a una investigación propia a través de contactos particulares. Así le llegó el dato de que a su hermana la habían llevado a una casa en el barrio Barranquitas, sobre calle Cochabamba al 4100. Le aportaron dos nombres de posibles involucrados y otra dirección: Vera al 4000, en barrio Roma. La justicia santafesina ordenó un allanamiento y ante los resultados negativos, descartaron de plano esta pista.
Otros dos allanamientos fueron realizados por el aporte de información de la familia. Uno fue en San José del Rincón. Un vecino de María Cristina y Ariel dijo haberla vista en la localidad costera sobre una camioneta negra, semidesmayada. El 17 de junio de 2009 se realizó una nueva pesquisa en la zona cercana a calle Los Caracoles y el terraplén de defensa. No hubo resultados positivos y se abandonó esta pista. El otro fue en Recreo, recién en 2012. Los padres de Natalia recibieron la información de que su hija era llevada los fines de semana al prostíbulo El Gitano, ubicado sobre la ruta 70. El juez Darío Sánchez, sin investigación preliminar, ordenó el allanamiento para el martes 26 de febrero. Nada encontraron.
El domingo 11 de agosto de 2013 se desarrollaron las elecciones primarias en la provincia. El Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral detectó que figuraba un certificado de justificación de no emisión del voto de Natalia. Ante esta situación y en conjunto con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, se solicitó el certificado a la Secretaria Electoral de Santa Fe. La Secretaría envió el certificado pero anexó un comprobante de emisión de voto de Natalia. Es decir, para la justicia electoral Natalia a la vez que votó, se excusó de hacerlo. Esta contradicción llevó al Programa de Género de la UNL a solicitar explicaciones. La Secretaría Electoral de Santa Fe se limitó a responder que las actas de las mesas electorales fueron destruidas por disposición 10/14.
En 2011, María Cristina y Ariel se enteraron de que en 2009 había aparecido el teléfono celular de Natalia. El aparato fue hallado por Gendarmería Nacional en manos de Miguel Espinoza en una verdulería sobre la Ruta 2. Junto a este local hay una whiskería. Espinoza, en su explicación, aportó tres versiones diferentes. En primer lugar dijo que se había encontrado el teléfono. Posteriormente afirmó haberlo comprado en una feria. La versión final establece que adquirió el aparato en el Mercado de Abasto, ubicado sobre Teniente Loza en el noroeste de la ciudad. Este hecho fue investigado en una causa separada. La justicia provincial nunca requirió información sobre los resultados obtenidos en dicha investigación.
Otra causa separada que tiene relación con la desaparición de Natalia refiere a la detención de su hermana Carmela. Rodolfo contactó a una mujer que afirmó haber visto a Natalia en un prostíbulo ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Lisandro de la Torre. Por su propia cuenta, Rodolfo le pagó los pasajes a esta posible testigo para que viaje desde Córdoba a nuestra ciudad y aporte mayores datos. Cuando esperaban a la mujer en la terminal de ómnibus, la Agencia de Investigaciones de Trata de la Policía santafesina realizó un operativo que derivó en la detención de Carmela.
Marchas y pedidos
El lunes 30, los familiares de Natalia junto a organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa y volanteada en la plaza 25 de Mayo de la capital santafesina. Allí reiteraron su pedido de que se los acepte como querellantes de la causa y que se le permita a Gabriel Ganón ser su representante legal, ya que no sólo no se investigó a fondo la desaparición de Natalia, sino que afirman que el acceso a la justicia le fue negado, lo cual viene a traducirse como violencia institucional. El Defensor Provincial había dicho en el encuentro del 18 que “en Santa Fe el partido judicial va consolidando una forma de hacer justicia a espaldas del pueblo y negando derechos”. Y remarcó que “ninguno de los cambios que tanto esfuerzo presupuestario han significado para las arcas provinciales han movido el amperímetro para que los más vulnerables puedan ser escuchados”.
Ahora, la causa pasó a manos de la Suprema Corte de Justicia. El máximo tribunal analizará el expediente, que estuvo tres años en la justicia federal y fue remitido a la provincial el 29 de mayo de 2014, y deberá determinar que jurisdicción continúa con la investigación luego de que el Juez de Instrucción Quinta Nominación Darío Sánchez se haya declarado incompetente. Lo hizo luego de siete años en un caso donde presumiblemente estén involucradas las redes de trata. Y donde el tiempo, en estas situaciones, resulta vital.
