UN AÑO DE MACRI | Santa Fe ante el gobierno nacional.
Si el Frente Progresista en Santa Fe esperaba un cambio respecto de la década K, con Mauricio Macri en la Casa Rosada las cosas resultaron muy parecidas. En el primer semestre de la nueva gestión, desde el gobierno santafesino alternaron apoyos y críticas, pero a mediados de año el presidente asestó un mandoble (“Santa Fe es la provincia que menos vocación demostró para coordinar políticas”) y Miguel Lifschitz debió ordenar a su gabinete bajar las armas y subir la bandera blanca.
Hay dos etapas en la relación Nación-provincia. En la primera mitad del año los legisladores socialistas apoyaron en el Congreso leyes claves para Macri, como el pago a los fondos buitre, pero al mismo tiempo desde el Ejecutivo provincial señalaron en forma crítica varias políticas económicas: los tarifazos, el modelo productivo y la apertura de importaciones.
Al interior del Frente Progresista se fueron diferenciando distintos sectores. Un núcleo mayoritario de socialistas, radicales frentistas y otros aliados se perfilaron como opositores al macrismo; otros sectores de la UCR –el Grupo Universidad de José Corral y el MAR de Julián Galdeano–, junto al PDP y parte de la Coalición Cívica formaron la Mesa Cambiemos Santa Fe y ya definieron que el año que viene acompañarán al presidente con listas legislativas propias.
El Frente Progresista, tal como se lo conoció hasta ahora, tiene fecha de vencimiento: las elecciones intermedias de 2017. El Partido Socialista, actor central de la coalición, definió en forma orgánica en abril no sumarse a Cambiemos, ante las señales de sus socios radicales. “Quedamos solos”, resumió el gobernador Lifschitz en referencia a la consolidación de la alianza UCR-PRO tras la asunción de Macri.
Más allá de los reordenamientos políticos, hubo un punto de inflexión: la inundación de abril, que dejó media provincia bajo agua y causó pérdidas millonarias para los sectores productivos. La Casa Gris acusó inercia de la Nación para colaborar durante la crisis. Después de 20 días de lluvias ininterrumpidas, el presidente Macri viajó a Rafaela sin respuestas concretas y pidió “que la gente sepa que su dolor es nuestro dolor”.
A partir de allí, el socialismo tomó distancia de Cambiemos y el portavoz principal fue el ministro de la Producción Luis Contigiani. A las protestas por la poca ayuda (apenas un fondo de 41 millones de pesos para subsidiar a los productores afectados) brindada durante la crisis hídrica, luego se sumaron las posiciones muy duras de Contigiani sobre el impacto del tarifazo eléctrico y de las importaciones en la industria local.
La segunda etapa de la relación Nación-provincia estuvo signada por los problemas de seguridad. El gobierno santafesino se plantó ante la Nación para reclamar fuerzas federales; Macri puso las condiciones con aquella frase crítica que aún resuena en los pasillos de la Casa Gris. Lifschitz eligió bajar los decibeles del enfrentamiento y consiguió que Patricia Bullrich envíe tres mil federales hasta fines de 2017.
Entre tanto, la provincia debió esperar más de tres meses para que la Nación autorice la toma de deuda en dólares para obras de infraestructura. Las mismas quejas que eran frecuentes bajo el gobierno de Cristina Fernández se repitieron con Macri en la Casa Rosada: favoritismo político para las provincias alineadas y el resto a hacer cola.
