Reflotando un decreto de Menem, sancionado en 1997, el gobierno nacional comenzó a dar de baja y suspender unas 70 mil pensiones a personas con discapacidad, sin previo aviso ni estudios socioambientales para conocer la realidad de cada beneficiario.
Ante esto, las y los damnificados directos, comienzan a alzar su voz. Yanina Bustos es la mamá de Tomás Agustín Calvo (13), de Recreo, quien tiene cuadriplejia y parálisis cerebral. Según comentó en su perfil de Facebook, Tomás dejó de percibir los $4.300 que recibía como pensión. Bustos tiene un sueldo de $10.500, con el cual mantiene a Tomás y a su hermano. El padre del pequeño no aporta dinero, vive en Córdoba, gana $14.000 y tiene otros dos hijos.
Pero para el Ministerio de Desarrollo de la Nación, Tomás entra dentro de los beneficiarios "solventes", que serían aquellos cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, aunque sea la mínima, y las personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, un ingreso formal de $ 21.000.
Ante la indignación, Bustos está organizando una actividad para el sábado 17 de junio, a las 10, en la puerta de la Estación Belgrano. "Estoy convocando a la gente que está pasando por lo mismo a que nos manifestemos para darle visibilidad a esta realidad que es totalmente injusta, porque a mi hijo le cortaron la pensión sin tener en cuenta su realidad".
Según le comentó Yanina a Diario Uno, el dinero que recibía para Tomás lo utilizaba pura y exclusivamente para él, "para comprarle los pañales, leche, suplementos dietarios y hasta para cubrir los traslados que necesita cuando hay que trasladarlo al médico. Realmente es una injusticia esta decisión. Estos chicos no tienen voz y se les está intentando quitar un derecho vitalicio que se les fue otorgado, sin medir las consecuencias".
