Un ardid para disolver las paritarias

Con la cláusula gatillo, el gobierno de Macri intenta debilitar las negociaciones colectivas.

La vedette de las últimas negociaciones salariales fue la “cláusula gatillo”, un mecanismo que fue adosado –con alegre entusiasmo– a todos los convenios colectivos de trabajo en los que el gobierno nacional metió su firma. La moda se extendió en las provincias, los docentes santafesinos también gozarán del agregado en sus acuerdos paritarios.

Para estacioneros de servicio o estatales de toda laya, el ministro de Trabajo Jorge Triaca caminó aumentos que quedarán debajo de la inflación anual. Eso ya había pasado en 2016: el nuevo espejito de color fue la cláusula gatillo. No sólo es falso que cuide o recomponga el bolsillo, es además la primera trampa eficaz que el gobierno armó para alcanzar uno de sus objetivos principales: disolver las paritarias. “Ya estamos a mitad del año calendario con casi el 40% de las paritarias acordadas en el promedio del 20%, con la cláusula de revisión o gatillo, que es una propuesta del gobierno para que cuidemos el poder adquisitivo del salario”, celebró Triaca en radio Mitre el lunes 15 de mayo. Es evidente: la cláusula gatillo es la principal novedad de política económica del gobierno en lo que va de 2017 y entró como una tromba.

Freezer en tu billetera

Casi a mitad de mandato de Cambiemos, algunas tendencias son firmes, ciertas herramientas son conocidas y el horizonte se vuelve previsible. Sabemos que el gobierno ha triturado todo mecanismo de recaudación –siquiera de control– sobre las ganancias de los sectores más concentrados de la economía. Sabemos que el gobierno ha logrado estabilizar el precio del dólar con el truco de la década del 90, sin necesidad de ley que lo ampare: vivimos en una Convertibilidad virtual, sostenida por unas tasas en pesos que vuelan por las nubes y por un flujo de endeudamiento externo que no se detiene. Ni siquiera es necesario que los rednecks liquiden las divisas sojeras. De hecho, el ingreso de dólares en este primer cuatrimestre está por debajo de sus niveles históricos (los rednecks calculan y presionan por una devaluación después de octubre). Sabemos que el gobierno paga salarios reales a la baja, para que las empresas ganen más, o se ajusten por abajo, y la inflación ceda.

Las paritarias, en un cuello de botella muy complicado

La verdadera política de control de precios es sacar el dinero del bolsillo de los consumidores. El gobierno es explícito en este sentido: nunca va a mejorar el poder adquisitivo. “Estamos dispuestos a pagar la inflación, no podemos pagar por arriba”: a esto lo dijo el propio Mauricio Macri, en febrero de 2017, mientras inauguraba algunas viviendas en Rosario. Eso quiere decir: jamás vas a recuperar tu poder de compra.

Mientras Macri gobierne tu bolsillo no va mejorar nunca. Nunca. Macri mismo te lo dijo.

En 2016, con la legitimidad del inicio de la gestión, mintieron abiertamente con la proyección de inflación del 20%, las paritarias cerraron en proximidades del 32%, la inflación alcanzó el 40% en el año y los aumentos de tarifas fueron de tres cifras.

En 2017 volvieron con los mismos cuentos pero, además, colaron la cláusula gatillo. La cláusula gatillo vuelve eterna la consigna del presidente: tu sueldo siempre va a ir para atrás.

Tiro en el pie

¿Cómo funciona la cláusula gatillo? Se vende así: los salarios se actualizarán de acuerdo a la inflación. ¡Oh, qué bien, algazara, chacotas! Hagamos la matemática del asunto.

Despejemos antes una cuestión: el índice que mide la inflación valora muy –pero muy– por debajo de su peso real al gasto que todos los meses se hace en servicios y en alquiler. Pero muy por debajo: se supone que se gasta apenas el 1,58% del ingreso mensual en pagar luz, agua y gas. Eso quiere decir que una persona que tiene gastos de $500 mensuales en agua, luz y gas –es decir, un asceta–, para el Indec es alguien que cobra $31.645. Lo mismo sucede con los alquileres. Entonces, hagamos como si los tarifazos y la renta no se estuvieran morfando la billetera con voracidad y simulemos que el Indec sí traslada adecuadamente el impacto de estos aumentos a su índice de precios. Otras mentiras más sumemos: que en 2016 el salario no perdió poder adquisitivo, que los aumentos fueron enero y que fueron en un solo bloque, no en cuotas. Ahora sí, veamos cómo funciona este mundo inexistente en el que, aun bajo estas maravillosas condiciones, el trabajador pierde igual.

A usted le aumentan un 18% enero. Salariazo. Llega septiembre y la inflación alcanza el 20% en los primeros nueve meses. ¡Se dispara la cláusula gatillo! Pero, ¿cuándo se va a enterar usted? Cuando lo publique el Indec, en octubre. ¿Y cuándo le va a llegar el aumento? ¡En noviembre!

Suponga que en septiembre la inflación en el mes fue de 2%, en octubre también y en noviembre también. Pues eso quiere decir que en septiembre el trabajador perdió dos puntos de poder adquisitivo, cuatro en octubre y, también, cuatro en noviembre, cuando le llegó el mini aumento de la cláusula gatillo por lo perdido en septiembre. Y así seguirá, siempre atrás, perdiendo siempre, hasta que la inflación llegue a cero, cosa que sólo sucederá cuando se terminen los tarifazos. O nunca.

Pero ni siquiera esto es lo peor.

La trampa

“En cómo llevamos las paritarias estatales tenemos que tener en cuenta la regla: no le podemos ganar a la inflación”. Otra cita, por si quedaba duda de que no vas a recuperar el salario real que perdiste en 2016 y en 2017, ni tampoco el que vas a seguir perdiendo hasta fin de año. El autor es el patiño de Carlos Pagni, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. El contexto, la cumbre del FMI y el Banco Mundial de abril, en Washington.

“Las paritarias en el Estado no podrán superar la inflación”

El gobierno miente más y peor que el Indec de Moreno. Lo hizo sin tapujos: prometió no devaluar y manejar la inflación en meses, devaluó y todavía no se llega a la inflación de 2015; prometió continuar el Fútbol para Todos. Con esas dos alcanzan, pasemos a las formas más aviesas. Prometió respetar al Congreso y autorizó por decreto a los parientes de los funcionarios para que blanqueen su guita negra y evadida al exterior, tras haberse garantizado por ley el práctico fusilamiento de quien ose publicitar el listado de fallutos financieros. En el mismo paquete, arengó hasta el hartazgo la “reparación histórica” de los haberes jubilatorios. No sólo cobraron muy pocos y mucho menos de lo promocionado, sino que además bajó la cantidad de juicios liquidados por año, se reventaron las moratorias y se inventó la perversa “pensión universal”, un haber mínimo que está 20% por abajo del mínimo.

Pero el antecedente que hay que considerar es la paritaria nacional docente. El gobierno no cumplió la ley en 2017 y se amparó en una cláusula del acuerdo paritario de 2016, que establecía el aumento automático del salario inicial de los docentes para que queden siempre un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. Dice, entonces: una cláusula de actualización automática –la “gatillo” es exactamente eso– vale lo mismo que todo un acuerdo paritario. Luego, no se abrió la paritaria docente de 2017.

¿Qué puede evitar que lo mismo se aplique en las paritarias de 2018 cuando se disparen las cláusulas gatillo este año? ¿Por qué le interesó tanto al gobierno que esa cláusula se repita en la mayor cantidad posible de acuerdos? El gobierno impulsó esta estrategia, la vende como graciosa ventaja para los trabajadores. Lo mismo hizo el ministro de Educación Esteban Bullrich en 2016 y esa cláusula sustituyó toda una paritaria en 2017, que ni siquiera la poderosa y organizada resistencia de los docentes logró reabrir. Con esa experiencia a cuestas ¿será la apuesta del gobierno extender la trampa a todos los trabajadores? ¿Podrá hacerlo? Depende tanto de la resistencia sindical como de los resultados de octubre.

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