La tijera que pasó anoche por el Congreso llega a muchísimos más argentinos que la que aplicó Patricia Bullrich cuando le sacó el 13% de los ingresos a los asalariados del Estado.
Con 128 votos, uno menos de los que se necesitan para el quórum, dos días de represión militarizada nunca vista desde 1983 y cientos de miles de argentinos protestando en las calles de todo el país, Cambiemos reveló el corazón de su programa de gobierno: enfrentar el déficit fiscal no con impuestos a los más ricos sino con los ingresos de viejos, discapacitados, pobres y veteranos de guerra.
Hace 16 años la Alianza, de la mano de la entonces ministra de Trabajo Patricia Bullrich, impulsó una política similar, que quedó marcada en la memoria: el famoso recorte del 13% a los salarios de estatales y jubilados del Estado nacionales. Ojalá el alcance del ajuste aprobado en la mañana de hoy fuera tan benigno.
El saqueo de Bullrich en julio 2001 alcanzó al 16% del total de jubilados en la época –hablamos de un tiempo en que no había moratoria, ese número no representa más del 8% de los jubilados actuales– y al total de los empleados del Estado nacional. También llegó a las asignaciones familiares y a los seguros de desempleo. Según los datos de AFIP, 1.502.135 personas eran empleadas públicas en el país eran, a enero de 2017. Esa cifra también contiene a los empleados provinciales y municipales, pero hagamos como si así no fuera. También, 4.431.990 personas recibían asignaciones familiares, a junio de 2017.
El dato es abrumador. El recorte de 2001 afectó directamente a 533.401 jubilados de ese entonces. El recorte de 2017 afecta a 6.941.214 jubilados y pensionados. Y a 3.846.848 perceptores de la AUH y la AU por hijo discapacitado. Y faltan los veteranos de guerra o el Progresar.
En el trazo grueso ayer se le metió la mano en el bolsillo a 17 millones de personas. Un recorte a lo Bullrich 2001 hubiera impactado, también a grosso modo, a no más de dos millones de personas, entre jubilados estatales y asalariados del Estado, más las personas que reciben asignaciones familiares. Serían seis millones y medio de personas en total, mucho menos de la mitad de los afectados directos por la reforma previsional sancionada el martes 18.
