La averiguación de antecedentes como pretexto para el abuso policial y el consecuente maltrato, que no elude la tortura, dan cuenta de una realidad que aqueja, de un modo particular, a los jóvenes carenciados. Por ello no se pueden soslayar los recurrentes proyectos para bajar la punibilidad de los menores como parte de las políticas de Estado que buscan frenar la mentada inseguridad.
En ese tren, los más indefensos suelen ser aquellos que sufren el apremio por “portación de rostro” o por su procedencia barrial, dejando claro que se registra una violación a los derechos humanos. De hecho, la provocación o el verdugueo por parte de los efectivos es una de las evidencias de la violencia ejercida por la fuerza policial.
En ese contexto, el Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe presentó su informe sobre torturas, abusos y violencia institucional. Los resultados indicaron que en 2016, 683 personas fueron víctimas de agentes del Estado.
El trabajo se fundamentó en testimonios de jóvenes pobres y con baja educación formal que ante el miedo sufrido quedan paralizados para efectuar una denuncia. Sólo el 45% inició acciones judiciales, el 55% de las 683 víctimas registradas no lo hizo. De hecho, el 59% de los que no realizan la denuncia “teme represalias”, mientras que el 20% evalúa que denunciar “empeora su situación de detención”.
No obstante, más allá de la elocuencia de los porcentajes, existe una denominada “cifra negra” que se corresponde con las víctimas que no expresan lo sucedido. Además, el 50% de las víctimas tienen 23 años o menos, se contabilizaron 1182 agresiones ejercidas sobre las 683 víctimas, el 60% fueron físicas, el 19% psicológicas y el 21% violaciones de derechos, lo cual se potencia en con el “armado de causas”.El 86% de los abusadores pertenecen a la Policía de la provincia de Santa Fe.
