El fantasma de la proscripción tras la intervención judicial del PJ

La jueza Servini de Cubría dio lugar a una medida cautelar presentada por Carlos Acuña y nombró a Luis Barrionuevo como interventor. El titular del partido, José Luis, Gioja apelará la medida. Fuerte rechazo del arco político, incluidos el socialismo y la UCR.

La intervención del PJ nacional por decisión de la jueza con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría generó fuertes críticas y fue interpretada por la mayoría de los dirigentes como una intromisión judicial indebida en la vida interna del partido a petición del gobierno de Mauricio Macri.

La decisión de la jueza fue en respuesta al pedido de intervención realizado por el dirigente sindical Carlos Acuña, aliado de Luis Barrionuevo, quien fue designado interventor por parte de la Justicia. En un fallo de diez carillas, Servini de Cubría hizo lugar a la medida cautelar de Acuña quien acusó un supuesto “estado de acefalía” en los órganos de conducción del PJ nacional.

El presidente del partido, José Luis Gioja, emitió un comunicado en el que sostiene que la intervención “carece de todo sustento legal” y criticó la medida de la magistrada federal porque “tiene que ver con la judicialización de la política y atenta contra la democracia”. Gioja adelantó además que apelará la medida.

“Esta decisión tiene por objeto proscribir una vez más al peronismo y dejar al gobierno (de Macri) sin su principal partido de oposición”, agregó el titular del Consejo Nacional del PJ. “Nosotros seguiremos levantando nuestras banderas, luchando por los trabajadores, los más humildes y para que se corrija el rumbo económico”.

“Nos quieren proscribir”

Los diputados nacionales del Frente para la Victoria, alineados con la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, opinaron que con la intervención del PJ “quieren proscribir al principal partido opositor” y denunciaron “una clara maniobra de persecución política que busca acallar la voz de miles de afiliados”.

“Esta decisión judicial  es una afrenta hacia quienes piensan distinto, con el objetivo de allanar el proyecto neoliberal en Argentina que sumerge cada día a miles de argentinos a la pobreza. Seguiremos levantando las banderas de la democracia, en defensa de los trabajadores y los que más padecen el modelo de derecha que hoy gobierna la Argentina. Claramente buscan truncar el camino de la unidad del PJ para dejar fuera de la cancha al principal partido opositor”, añadieron los legisladores.

“Clara intencionalidad política”

El presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, rechazó la “medida arbitraria” de la Justicia y dijo que bajo la gestión de Gioja “el partido estuvo abierto y hubo diálogo”. Para Olivera, la intervención tiene “claras intencionalidades políticas”.

“En Santa Fe el partido está ordenado y acompaña el proyecto de unidad que está planteando el justicialismo a nivel nacional y en las provincias, por lo que me parece que esto ha molestado a algunos dirigentes y esa molestia tuvo la complicidad y el apoyo del gobierno y de la Justicia en un hecho lamentable que vamos a resistir”.

Por su parte, el secretario general del PJ Rosario y concejal del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, opinó que trata de una “injerencia ilegítima del Poder Judicial, motorizada por el gobierno nacional” a través de los “lacayos judiciales” del presidente Mauricio Macri.

“Es una injerencia indebida de la Justicia en una estructura partidaria, que además es la principal opositora en la Nación, que deja entrever que hay una intencionalidad y una mano negra que es la del gobierno nacional con intenciones de desarticular el justicialismo”, añadió Toniolli.

“Preocupación” en el socialismo

El Partido Socialista manifestó su “profunda preocupación” ante el fallo de la jueza Servini de Cubría que ordenó la intervención del PJ. El titular del partido, Antonio Bonfatti, le manifestó al presidente del PJ, José Luis Gioja, su solidaridad “ante la gravedad del suceso ocurrido”.

“Consideramos que esta sentencia moviliza a la Justicia como un carril de intromisión política e institucional y habilita un antecedente que debilita la democracia de nuestro país”, expresó el socialismo en un comunicado y pidió además “dejar sin efecto” la resolución.

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