Con las buenas prácticas agrícolas se elude debatir las fumigaciones.
Desde mediados de la década de 1990 existen conflictos sociales, ambientales y sanitarios en el país desde que se impuso un modelo agropecuario basado en un paquete tecnológico compuesto por semillas modificadas genéticamente y exceso de pesticidas. Y el 2018 no fue la excepción.
Hace varios años que existen cientos de denuncias y estudios sobre los problemas de salud de la población y los perjuicios en el ambiente generados por la siembra y fumigación de soja transgénica. Sin embargo, este año se conocieron datos sobre el uso de agrotóxicos en otros alimentos. La ONG Naturaleza de Derechos publicó en septiembre un informe que sistematiza datos de 7876 registros oficiales sobre la calidad de los alimentos que comemos diariamente. Se detectaron 82 agrotóxicos distintos en 38 frutas, verduras, oleaginosas o cereales. El 55% de los controles del Senasa marcaron la presencia de productos no autorizados: entre dos y 34 venenos distintos en un mismo alimento.
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En este contexto algunas ciudades han avanzado en la prohibición del uso de glifosato. Por ejemplo, las ciudades de Rincón y Rosario prohibieron el uso del glifosato en todo su territorio. En nuestra ciudad también se presentó un proyecto similar que aún no prosperó.
No obstante, se evidencian movimientos contradictorios. El gobierno nacional elaboró un programa de buenas prácticas agropecuarias, al que adhirió la provincia, que apunta a fomentar el correcto uso de los pesticidas por parte de los productores. Es decir, se intenta que la buena voluntad individual contribuya con el cuidado del medio ambiente y la conservación del suelo.
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Mientras tanto, la Legislatura local debate (sin mayores avances) una modificación de la ley de fitosanitarios que busca reducir las distancias que separan las fumigaciones de los cascos urbanos. Por su parte, la campaña Paren de Fumigarnos pide ampliar la cantidad de metros para las terrestres y la prohibición de las pulverizaciones aéreas.
