Por Claudia Azcárate (*)
“¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego”. Así, con total liviandad, se refería el presidente Macri al programa Conectar Igualdad. Lo dijo en un acto de campaña, en el marco del relato que están construyendo y en el cual se ubican como fundadores de una nueva Argentina a la que califican como “verdadera”, “construida desde los cimientos”, “auténtica” y desde el cual denostan las políticas de reconocimiento y ampliación de derechos, caracterizándolas como “populistas”.
Soy docente hace 19 años, en los últimos 10 me he dedicado a la gestión de políticas públicas de educación, comunicación y tecnologías. Estuve vinculada a Conectar Igualdad (CI) desde diferentes roles, experiencia que me permite algunas preguntas y reflexiones, a las que me gustaría abordar no sólo desde las vivencias y el sentido común, sino también desde algunos datos y conceptos que nos posibiliten romper ciertas naturalizaciones.
Conectar Igualdad, aun con todos los problemas y limitaciones que tuvo, fue la política de inclusión digital más importante y ambiciosa de toda Latinoamérica. Por su magnitud y extensión superó ampliamente a otros planes nacionales como Ceibal de Uruguay y provinciales como el Joaquín V. González de La Rioja o el Plan Sarmiento impulsado por el propio Macri en CABA durante su gestión.
El concepto de "inclusión digital" se construye en contraposición al de “brecha digital”, que alude al acceso (desigual) de las personas a las tecnologías, Internet, telefonía móvil, entre otros dispositivos y, además, apunta al uso que la ciudadanía puede hacer de las mismas. En este sentido cuando se habla de políticas de inclusión digital se hace referencia a los esfuerzos que realizan los Estados para reducir esta brecha propiciando no sólo el acceso, sino también y, sobre todo, la apropiación inteligente y crítica de las tecnologías. En relación a esto último, en educación hablamos de políticas integrales de inclusión digital, explicitando que las mismas si bien tienen como eje central la distribución de equipamiento y de conectividad, no quedan sujetas sólo a este punto, sino que abarcan también la formación y capacitación docente, la producción y distribución de contenidos educativos digitales y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el curriculum.
En estas políticas se inscribe CI con el propósito de distribuir netbooks a todas las escuelas de educación secundaria y técnica, de modalidad especial e institutos de formación docente. Un plan universal que representa un salto cualitativo en relación con anteriores políticas, al propiciar lo que se conoce como “Modelo 1 a 1”, una estrategia pedagógica orientada hacia la equidad, con alta potencialidad para un desarrollo de calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que tienen lugar dentro y fuera de la escuela.
Aquí cabe detenerse para darle la razón en algo al presidente: el programa tuvo falencias y no pudo concretarse en condiciones óptimas. La conectividad fue a destiempo, el programa Argentina Conectada que debía llegar con el tendido de fibra óptica a todo el país quedó a medio camino, pocas escuelas tuvieron acceso a Internet y las que lo hicieron no contaban con conexiones de calidad. También tuvo inconvenientes graves el sistema de servicio técnico de las computadoras, muy centralizado, lento y con errores frecuentes que limitaban la experiencia.
Ahora bien, ¿estos problemas invalidan el impacto que supone haber distribuido más de cinco millones de computadoras en las escuelas? Sin dudas que no.
Las net en el aula, aun sin conectividad, lograron sacudir las prácticas tradicionales, interpelaron los modos naturalizados de la clase, instalaron la pregunta por la innovación y habilitaron la posibilidad de pensar nuevos proyectos.
Pero el impacto del que hablamos excede lo pedagógico, porque para CI, la net no se trataba tan sólo de un “recurso educativo”, sino que entendía la tecnología en clave de derecho, porque acceder a la tecnología es también acceder al conocimiento y a la cultura.
Conectar eran también las fábricas que ensamblaban dispositivos en Tierra del Fuego, los cursos de formación docente, los postítulos, las historias de las familias que nunca habían tenido una computadora y de pronto contaban con dos o tres. Los proyectos de miles de jóvenes que usaron la net para seguir estudiando en la universidad o para trabajar. También fue el desarrollo de un software de base Linux, Huayra, una apuesta por la cultura libre y la soberanía tecnológica.
El presidente podría haber llevado conectividad a las escuelas, solucionando el problema y profundizando esta política de ampliación de derechos, pero eligió otro camino. En tres años, convirtió al portal educ.ar, el principal productor de contenidos educativos de la región, en una empresa que importa insumos tecnológicos; interrumpió la propuesta de formación docente que se impartía desde el Ministerio de Educación; cerró las fábricas; y optó por un modelo de distribución de equipamiento conocido como “Aulas Digitales Móviles”, que en la práctica es un “carrito” con treinta netbooks o menos para toda la escuela.
Podría habernos dejado el asado, pero no. Eso tampoco.
(*) Es Coordinadora General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Consejo General de Educación de Entre Ríos.
