¿Se puede enfrentar el delito con las herramientas que hoy tiene la provincia? El ministro Saín dice que no. Aquí, los fundamentos de la ley de seguridad que discutirá la Legislatura.
Para justificar el paquete de reformas en materia de seguridad pública que impulsa la provincia, el ministro de Seguridad Marcelo Saín acude a tres hechos históricos: la organización institucional de la fuerza policial en la década del 50, la sanción de la ley orgánica de 1975 y la última reforma integral sancionada en 2006 bajo el título ley del personal policial.
El envío de un paquete de leyes sobre seguridad fue uno de los principales anuncios del gobernador Omar Perotti ante la Asamblea Legislativa, el 1º de mayo, en su discurso de apertura del período ordinario de sesiones. El proyecto, que ingresará a la Legislatura durante junio, consta de 184 artículos divididos en diez títulos (60 páginas) y está acompañado por otras 30 páginas de fundamentos.
El ministro Saín entiende que es necesario un nuevo marco normativo ya que “las problemáticas sociales que llevan años configurándose” no pueden abordarse con una estructura pensada hace siete décadas sobre la cual los distintos gobiernos democráticos de 1983 a la fecha solo aplicaron “parches” .
De entrada, Saín se aleja de la “grieta” santafesina y reparte las responsabilidades en partes parejas entre los gobiernos del PJ y del Frente Progresista: “Este proceso no sucedió en los últimos meses, pero tampoco es imputable a un partido político exclusivamente que haya gobernado con anterioridad”.
La reforma apunta a modernizar las leyes de la Policía y legislar en materia de estructura de personal y carrera profesional. “La Policía de la provincia de Santa Fe cuenta con una institucionalidad construida durante un largo período histórico que va desde mediando de los años 50 hasta la actualidad. La base normativa actualmente vigente es la Ley 7395 Orgánica de la Policía de Santa Fe del 28 de mayo de 1975”, ubica en el tiempo Saín.
“Desde la instauración democrática de 1983, los sucesivos gobiernos mantuvieron aquella institucionalidad policial de manera incólume pese a los profundos cambios políticos, sociales, económicos y culturales por los que atravesó Santa Fe y, en particular, las profundas transformaciones criminales y de las violencias que tuvieron lugar en su seno. Las instituciones democráticas santafecinas abordaron escuetamente la cuestión policial y sólo modificaron aquellas bases institucionales de manera parcial”.
Al analizar los gobiernos del Frente Progresista (2007-2019), el ministro Saín señala que fueron remendando el viejo sistema policial mediante la creación de nuevos servicios y dependencias especializadas, algunas de las cuales “no tuvieron desarrollo institucional a la altura de la proclama oficial de origen y otras se convirtieron en apéndices de la Policía tradicional con todos los defectos institucionales de ésta y poca eficacia en el cumplimiento de su misión”.
Al respecto, Saín enumera las reformas parciales que impulsó el socialismo: la creación de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial en 2011, la reconversión de la vieja Dirección General de Drogas Peligrosas en la nueva Dirección General de Control y Prevención de Adicciones en 2012, la puesta en marcha de la Dirección Provincial de Proximidad Policial 2013, de la Policía Comunitaria y la Policía de Acción Táctica en 2014 y la conformación de la Policía de Investigaciones en 2018.
“La creación de estos servicios policiales significaron una modificación soterrada de la organización del sistema policial aprobado en la ley 7395 (de 1975) y el resultado es una estructura policial fragmentada de forma horizontal y vertical que resulta inadecuada para disponer de un eficiente control de las problemáticas delictivas existentes en la provincia”, apunta Saín.
En los fundamentos del proyecto se enumeran cuatro grandes problemas a resolver:
- Una estructura fragmentada e incoherente. Los sucesivos gobiernos del Frente Progresista anunciaron el desarrollo de un proceso de reestructuración policial, pero tuvieron poquísima vocación reformista y fueron temerosos de alterar el “status quo policial”. Al igual que las administraciones anteriores, fueron “remendando” el sistema policial mediante la creación de diferentes servicios colaterales que hicieron de ese sistema un manojo institucional incongruente, fragmentado y resistente a una conducción político-institucional integral.
- Policías “polirubro” con baja especialización y profesionalización policial. En la práctica suele diluirse hasta la más elemental distinción entre prevención e investigación. Se advierte la alta rotación del personal entre diferentes labores a lo largo de sus trayectorias profesionales, algo que tiende a quebrar el precepto de la especialización y le otorga a la institución una marcada impronta de desprofesionalización.
- Trabajo reactivo y sin planificación en materia de seguridad preventiva. La forma de prestación del trabajo de seguridad preventiva está básicamente asentada en el patrullamiento o vigilancia aleatorios y en la respuesta a llamados de emergencia, siempre en el marco de una acción meramente reactiva y de escasa eficacia en el abordaje de eventos delictivos. Está comprobado que la mayoría de los problemas criminales pueden ser reducidos si el sistema policial de seguridad preventiva interviene de manera focalizada en los espacios donde ocurren, abandonando la presencia policial aleatoria como la modalidad de intervención policial.
- Prestación deficiente del servicio de investigación criminal, en particular, de las investigaciones de organizaciones y economías criminales. Aproximadamente el 35% del personal activo de la Policía de Investigaciones está en una situación laboral inestable, trabajaba de manera precarizada en “comisión de servicio” desarrollando las mismas labores que el resto del personal, pero percibiendo un salario más bajo. Del total de esta dotación, el 30% desarrollan labores forenses-criminalísticas y el 27% lo hacen en las unidades de investigación de delitos no complejos.
Motivos de la reforma
El principal fundamento de la reforma es actualizar las normativas vigentes y superpuestas para generar un modelo de Policía moderna, profesional y democrática. Según el ministro Saín, la provincia “cuenta con una caja de herramientas antiquísima para abordar un problema nuevo, complejo, diversificado y en crecimiento”.
“En Santa Fe no hay una ley relativa al sistema de seguridad como la que sí disponen, desde hace años, las provincias argentinas más grandes, con problemáticas más complejas en materia de seguridad y con dispositivos institucionales y policiales de mayor envergadura”, argumentó el ministro.
La evolución de los homicidios en Santa Fe entre 2002 y 2019
Saín menciona las nuevas leyes policiales que rigen en la provincia de Buenos Aires (desde el año 1998), en Córdoba (2005), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2008 y 2016) y en Mendoza (1999).
Además, señala que “la provincia no cuenta con una ley que articule los componentes, estructuras y actores que intervienen en materia de seguridad pública”.
El ministro Saín asegura que “en Santa Fe, la situación de seguridad pública es crítica. Pero tenemos claro hacia dónde vamos y la propuesta que pretendemos ofrecer a la sociedad y al sistema político santafesino, para lograr un consenso en torno a políticas de estado que supere la discusión de los casos, la utilización política de los muertos y la verborragia estridente, dura, inflamada de palabras y vacía de contenidos de políticos que, con muecas de compromiso, afirman ‘luchar contra las mafias’, según los reiterados clichés de la época”.
Saín menciona también “una tríada desfasada y trágica”: el problema criminal, las políticas y las capacidades institucionales. Y despega la situación de inseguridad de las gestiones de uno u otro color político: “En la última década la inseguridad en la provincia, fundamentalmente en sus principales urbes, ha cambiado la calidad de vida de los ciudadanos y algunas ciudades han adquirido una nefasta reputación en torno al narcotráfico, sus clanes y organizaciones criminales. Este proceso no sucedió en los últimos meses, pero tampoco es imputable a un partido político exclusivamente que haya gobernado con anterioridad. Es tan maniqueo atribuir políticamente un homicidio actual, inscripto en problemáticas sociales que llevan años configurándose, como colocarle a un partido político que ha gobernado en el pasado el sello de ‘narco’. Pero algo está claro: hay sectores que quieren que nada cambie y otros que están dispuestos a construir un nuevo modelo de gestión de la seguridad”.
Saín sostiene que “El Ministerio sigue más o menos igual que hace años, sus políticas son más o menos las mismas y la policía se mantuvo históricamente al mando de la seguridad. El ‘gobierno policial’ de la seguridad resulta en un fracaso a la hora de tomar cuenta de las problemáticas delictivas y abordarlas de manera integral y, peor aún, ante la criminalidad compleja”.
Según el ministro, ello “deriva en la rápida conformación de grupos y circuitos institucionales dedicados casi exclusivamente a regular el delito, asociándose a él o protegiendo sus emprendimientos. Este es un problema de alcance institucional: la policía heredada es socia y árbitro de los negocios criminales. Esa es la peor herencia. Así, el abordaje debe orientarse hacia una reforma integral del sistema de seguridad y policial, ya que no resultan suficientes los intentos centrados en ‘casos’ frente a una crisis estructural”.
