Con la intervención estatal de Vicentín, se abre la posibilidad de un debate profundo vinculado a las cuatro soberanías: la alimentaria, la monetaria, la comercial y la productiva.
Por Germán Mangione
Pocos imaginaban aquella mañana del 4 de diciembre de 2019 que la mayor empresa nacional agroexportadora Vicentín anunciaría horas más tarde que se declaraba en “stress financiero” y suspendía así el pago de sus deudas a productores, corredores de cereales, bancos nacionales y extranjeros. Muchos menos imaginaban que en la Argentina actual era posible el anuncio de una intervención estatal en el mercado de granos como el que anunció el presidente Alberto Fernández el lunes 8 de junio.
Y es que Vicentín no es cualquier empresa. La agroexportadora llegó a ubicarse el año pasado como el sexto mayor exportador de cereales, oleaginosas y sus derivados; con una participación del 9% de todo el mercado nacional y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites.
En la campaña 2018-2019 vendió 4,9 millones de toneladas de harinas y 1,05 millones de toneladas de aceites. En 2019, concentró el 21% de la molienda de soja: unas 8,4 millones de toneladas. Es un jugador decisivo en la cadena girasolera, ya que procesa el 24% de la molienda (unas 829 mil toneladas en lo que va del año).
En el negocio de los biocombustibles, Vicentín también pisa fuerte y creció entre 2017 y 2019 un 25% en la producción de etanol (97 mil metros cúbicos en 2019) y un 4% en la de biodiesel (163 mil metros cúbicos).
Se trata de una de las pocas empresas de capital nacional (además de ACA y AGD) que queda en un sector dominado por multinacionales como Cargill y Bunge (Estados Unidos), Cofco (China) o Dreyfuss (Francia).
¿Por qué el gobierno nacional tomó la decisión de intervenir a Vicentín?
La empresa de los Padoan-Nardelli tiene gran peso en el sector por su asociación con la multinacional suiza Glencore, actor central en el mundo en el negocio minero y de commodities agrícolas con la que comparte en la localidad de Timbúes la propiedad de Renova, la empresa de mayor capacidad de procesamiento de soja del mundo.
Los números de Vicentín hasta su declaración de “stress financiero” (una forma elegante de declararse en default) no levantaban la más mínima sospecha de insolvencia. En 2018, terminó su ejercicio económico con ganancias netas por 1800 millones de pesos, de los cuales gran parte proviene de las sociedades en las que participa: Vicentín Europa, Vicentín Paraguay, Vicentín Uruguay, Oleaginosa San Lorenzo, Diferol, Biogas Avellaneda, Tastil, Renova, Río del Norte, Emilgrain, Bioceres y Terminal Puerto Rosario.
Pero Vicentín no es solo un gigante de los cereales: en los últimos años y con ayuda del Estado por entonces en manos de Mauricio Macri, de quien las subsidiarias de Vicentín fueron las principales financistas en la última campaña presidencial, la empresa creció y diversificó sus negocios.
Entre las firmas del conglomerado Vicentín se encuentran Algodonera Avellaneda, destinado al acopio, desmotado, hilado y tejido, Enav (planta elaboradora de jugo concentrado de uva ubicada en San Juan), el feedlot Los Corrales de Nicanor, la bodega Vicentín Family Wines (que exporta vinos a Estados Unidos, México, Perú, Bolivia, Suiza y Brasil), Promiel (un acopio de miel que destina su producción a Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, España, Canadá y Japón), ARSA en el negocio de los lácteos (compró los postres y yogures de la ex SanCor) y su empresa estrella del último periodo: Frigorífico Friar, en el norte de Santa Fe, con plantas en Reconquista y Nelson.
La prosperidad de los negocios llevó a la familia Vicentin a ocupar el lugar 27° entre las 50 familias más ricas de Argentina según la Revista Forbes y es uno de los seis grupos vinculados al agro que ocupan ese podio, con 860 millones de dólares.
¿Qué pasó?
Al día de hoy sus acreedores, que suman 2638, se preguntan cómo puede ser que una empresa de esa magnitud y en plena expansión los haya dejado “estresados” a todos, haciendo peligrar la cadena de pagos en todo el sector.
La empresa todavía no lo ha podido explicar y es uno de los ejes centrales que investiga el juez Fabián Silvano Lorenzini de Reconquista, quien tiene a su cargo el concurso de acreedores, y la comisión de seguimiento creada en la Legislatura santafesina.
“Hay que encontrar alternativas a las operaciones a fijar y poner la lupa sobre las operaciones financieras que hacen los compradores con el producido de los granos que recibieron a fijar”, dijo Fernando Rivara, presidente de la Federación de Centros y Entidades Acopiadoras de la Argentina sobre la deuda Vicentín, en ocasión de las primeras reuniones de acopiadores para ver cómo enfrentaban en conjunto el desastroso saldo dejado por la empresa.
Si bien todavía no se conoce el destino de las ganancias del grupo, la sospecha de Rivara es que, al igual que la corredora BLD (declarada en default unos meses antes), el “problema” de Vicentín tuviera alguna raíz en una apuesta a la bicicleta financiera con bonos públicos y dinero de los productores que salió mal con la derrota del macrismo y el posterior “reperfilamiento” de los bonos.
El Estado interviene Vicentín y envía proyecto al Congreso para su expropiación
Otra de las hipótesis, que estudia el abogado porteño Mariano Moyano, contratado por acreedores de Vicentín, apunta a rastrear activos ocultos en el exterior que pueda tener el grupo empresario y que puede haber fugado para financiar su crecimiento en otros negocios.
La investigación se centra ahora en Paraguay, adonde el grupo tiene una subsidiaria que dejó de operar en enero, pero que en los últimos cinco años exportó un promedio de 200 millones de dólares anuales.
Vicentín tiene además dos off shore en Panamá, Nacadie Overseas y Nacadie Comercial, y dos en nuestra zona: Nacadie Comercial Uruguay y Nacadie Argentina. Si bien las empresas no tienen ni bienes ni actividad comercial fueron utilizadas como garantías para tomar los créditos internacionales.
¿La segunda YPF?
Esa pregunta se hacía el editorialista de La Nación Carlos Pagni el lunes por la noche, cuando intentaba explicar el decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y quien fue designado interventor de la empresa: Roberto Gabriel Delgado.
La pregunta de Pagni resuena en la política no solo porque el presidente anunció que todos los activos del Grupo Vicentín serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, sino por la implicancia estratégica (al igual que el de la empresa hidrocarburífera) del sector del que es parte Vicentín: la agroexportación.
Este negocio pasó a ser en los últimos años el pulmón financiero de Argentina, con el 55% del total de las exportaciones del país a su cargo gracias a la profundización de un modelo económico que colocó a la Argentina (y a todo el subcontinente) en el inamovible lugar de proveedor de materias primas de las principales potencias.
China, Estados Unidos y Europa se encargan de producir industrialmente y luego inundar con esa producción nuestros países. Mientras producimos materias primas, importamos trabajo extranjero. Una fórmula que no por antigua deja de ser letal para cualquier sueño o proyecto de desarrollo nacional por estas tierras.
Por otro lado, ese lugar de privilegio en el manejo de las divisas extranjeras le dio al sector, fuertemente extranjerizado y casi sin intervención estatal, el poder de definir el rumbo monetario del país. En 2018, dos de cada tres dólares que ingresaron a la Argentina lo hicieron en concepto de agroexportaciones y pesca.
Los dueños de la canilla de los dólares son además los principales beneficiarios con la suba de la divisa y las devaluaciones. Un negocio redondo.
Según reza en el decreto el gobierno, la intervención será por 60 días para auditar y conocer los números de Vicentín y “con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”.
El gobierno ha dispuesto además la remisión al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa Vicentín SAIC y la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado nacional y el fiduciante la empresa YPF SA, a través de YPF Agro SA.
Letra chica
Quedan por ver todavía muchos detalles no menores de la intervención y del proyecto de estatización. Entre ellos, si la intervención será solo sobre Vicentín SAIC, el brazo agroexportador de la empresa, o sobre todo el grupo económico con sus frondosas inversiones en otros rubros.
Alberto Fernández y una empresa testigo para la soberanía alimentaria
Tampoco se sabe qué hará el Estado en caso de hacerse cargo completamente de la empresa con la deuda que Vicentín mantiene con bancos extranjeros. En los últimos cuatro años, la empresa del norte provincial recibió del exterior casi 600 millones de dólares, el doble de lo que le debe a los productores o al Banco Nación, el principal acreedor estatal.
En la conferencia de prensa Fernández también fue consultado sobre el destino de las acciones que mantiene la empresa de la sociedad con Glencore en Renova, a lo que el presidente pidió “tiempo al tiempo”.
Algunos se esperanzan, además, con que la estatización implique también la vuelta al control estatal del Puerto Terminal Rosario, hoy en manos de la empresa, pero para saberlo habrá que esperar.
Lo cierto es que en Argentina con esta medida, se abre la posibilidad de un debate vinculado a la soberanía. La alimentaria, la monetaria, la comercial y la productiva. Un debate que muchos sectores del poder real santafesino y argentino anunciaban perimido y cerrado para siempre y del que depende cualquier proyecto soberano de desarrollo que se plantee en este mundo post pandemia que empieza a asomar. Y eso, es una buena noticia.
