Un fallo emblemático contra las violencias de género

El Juez Nicolás Falkenberg resolvió la absolución de una joven acusada de homicidio, tras un evento obstétrico por el cual solicitó asistencia en el Hospital Cullen. El fallo admite que el proceso judicial se basó en «estereotipos de género que resultan intolerables», a la vez que cuestionó el rol del personal hospitalario. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito destacó la decisión judicial.

En febrero de 2019 una mujer fue acusada de homicidio en los tribunales de Santa Fe, luego de haber acudido al Hospital Cullen con una hemorragia post parto y el bebé muerto. La Fiscalía acusó a la joven, primero de homicidio agravado por el vínculo, aunque después, al no encontrar elementos que sustentaran la hipótesis de la culpa de la mujer, propuso el cambio de carátula a “homicidio culposo”, por el que la acusada enfrentaba una pena de al menos tres años de cárcel.

Los fiscales Roxana Marcolín y Raúl Nessier y la defensa, llevada adelante por Carolina Walker y Martín Risso Patrón, habían acordado un juicio abreviado para la sentencia. Sin embargo, la condena mediante un proceso abreviado fue rechazada por el Juez en lo Penal Nicolás Falkenberg, quien finalmente absolvió a la joven, advirtiendo que el proceso judicial había sido motivado por “estereotipos de género”, en un fallo que fue bien recibido y destacado por organizaciones feministas.

En su fallo, el Juez Falkenberg rechazó la pretensión de penar a la mujer ya que la misma responde a que, supuestamente, ésta violó “un deber de cuidado que resultó determinante para provocar la muerte de su bebé -y aún para poner en riesgo su propia salud- al no realizar los controles pertinentes del embarazo que estaba cursando”. El magistrado se pregunta entonces, cuáles son esos deberes de cuidado tipificados en el Código Penal argentino y cuyo incumplimiento implicaría una pena.

Falkenberg manifiestó que “si bien desde una concepción socialmente aceptada, puede sostenerse que lo más adecuado para la madre y el feto es realizar controles previos al parto, ello en modo alguno puede considerarse como una obligación susceptible de generar consecuencias penales para ésta”.

Por este motivo, resolvió “absolver a la imputada, toda vez que los hechos atribuidos a la misma resultan atípicos, ya que han sido elaborados sobre la presunta omisión de un pretendido ‘deber de cuidado’ que: a- no se encuentra debidamente detallado; b- cuyo carácter imperativo no surge de la propia imputación; y c- en su construcción subyacen estereotipos de género que resultan intolerables”.

“Subyacen en la elaboración de la imputación, diversas circunstancias que evidencian sesgos de género por parte de quienes estuvieron a cargo de la investigación, que invalidan y atentan contra el regular juzgamiento de este tipo de sucesos”, admitió el magistrado.

“No cabe más que interpretar que en el reproche a tales ‘in’conductas, subyacen estereotipos o preconcepciones que están fundados en la visión tradicional y propia de una cultura patriarcal en orden al rol preconcebido de la mujer; a la idea de que su realización como tal sólo puede concretarse mediante la maternidad, por estar predestinada a parir, en razón de ser un atributo que la define”, cuestiona el fallo.

«Esta naturalización -de que la mujer tiene un deber de parir por su destino biológico y, por tanto, debe saber cómo, dónde y en qué contexto hacerlo- es conteste con una visión estereotipada del papel social de la mujer como ‘buena madre’, ‘cuidadora’, ‘responsable’, de la que se espera cumpla los controles médicos obstétricos y sólo trasunta una ponderación prejuiciosa sobre la conducta esperable, e importa criminalizar su comportamiento por no encajar en los patrones considerados ‘adecuados’ por la sociedad. Respuesta judicial, que, de concretarse, a no dudarlo, constituiría una práctica discriminatoria que no puede ser tolerada», describe la sentencia.

Falkenberg no solo cuestionó a la Fiscalía, sino también al Hospital Cullen, alegando que incumplió las leyes de parto humanizado y de derechos del paciente al denunciar a la joven que había acudido en busca de asistencia.

El fallo recuerda además “la marcada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a cómo los estereotipos pueden afectar la vida de las mujeres y el ejercicio de derechos” y afirma que “es posible asociar la subordinación de las mujeres a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial”.

Reconocimiento feminista

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito destacó el fallo de absolución de la mujer santafesina. «En el momento de la imputación, como integrantes de esta Campaña nos pronunciamos y exigimos la inmediata libertad para la joven, señalando que se trataba de un proceso judicial generado por la falta de perspectiva de género entre los mismos agentes del Estado. Por eso valoramos hoy, además, que el juez haya rechazado el acuerdo de la Fiscalía y la defensa de condenar a la mujer mediante un juicio abreviado, reconociendo que en verdad la misma fue una víctima y no una victimaria», manifestaron.

«El fallo del juez Falkenberg pone en evidencia la vulneración de derechos que suponen los estereotipos de género en dos ámbitos: en el Poder Judicial y en los servicios de salud pública. En este caso en particular, dichos estereotipos se cristalizaron en la Fiscalía -que basó su acusación en el supuesto ‘deber de cuidado’ que la mujer debía asumir en su rol de ‘madre’- y en el Hospital José María Cullen, cuyo personal violó el secreto profesional y el derecho a la privacidad y a la intimidad de la joven, para denunciarla ante la policía y ante los medios de comunicación», puntualizaron.

Asimismo, desde la Campaña señalaron, en consonancia con la sentencia judicial «la violencia obstétrica post parto a la que fue sometida la mujer por parte del Hospital Cullen». Para la Campaña, «no se trata de un hecho aislado, tal como lo hemos denunciado en varias oportunidades. Son sistemáticas las vulneraciones de derechos a mujeres que acuden a los servicios de salud en procura de acceder a sus derechos y a la garantización de su salud sexual y reproductiva».

«No es la primera vez que los hospitales de la ciudad de Santa Fe son noticia por imponer el ideario personal de quienes allí trabajan por sobre los derechos consagrados de las personas gestantes. Por eso exigimos la urgente aplicación de la Ley Micaela con las y los agentes del Hospital Cullen y de todos los hospitales de la provincia de Santa Fe», argumentaron desde la organización.

«Los hechos que empezaron con una consulta médica post parto redundaron en el incumplimiento de las leyes de parto humanizado y de derechos del paciente por parte del personal del Hospital Cullen. Esta situación generó una deshumanización de la persona, un trato humillante y degradante y un proceso judicial basado solamente en lo que funcionarias y funcionarios del Estado consideraron que debe hacer una persona gestante con su embarazo», cuestionaron.

Asimismo, desde la organización feminista advirtieron que «Hoy en nuestro país, muchas personas con capacidad de gestar corremos el riesgo de ser encarceladas, acusadas y procesadas tras una consulta médica ginecológica”.

En ese sentido, repudiaron que «personal policial, judicial y de la salud impongan la amenaza de la cárcel ante circunstancias relativas a nuestro cuerpo, primer territorio de soberanía. También señalamos que procesos judiciales de estas características constituyen en sí mismos una manifestación de violencia basada en cuestiones de género. La posibilidad de la criminalización redunda, también, en la realización de prácticas inseguras que ponen en riesgo nuestra vida y nuestra salud».

“Nuestros cuerpos y nuestros derechos no pueden seguir dependiendo de las inclinaciones morales de quienes transitoriamente se desempeñan en un efector de salud pública. No es posible que agentes del Estado incumplan el ordenamiento jurídico vigente que fundamenta el Estado de derecho. Las personas con capacidad de gestar no podemos seguir siendo rehenes del sexismo y la violencia que ejercen estos funcionarios públicos”, expresaron desde la Campaña.

Por último, la organización feminista destacó «el rol de los medios de comunicación hegemónicos que, una vez anoticiados de la acusación, se ocuparon de estigmatizar a la joven, orquestando un verdadero ‘escándalo mediático’ en torno a una situación de salud de una mujer que había acudido a un hospital en estado de shock, que había atravesado el desenlace inesperado de un embarazo y que se encontraba en una situación de vulnerabilidad física”.

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