Por una vez, ganaron las inquilinas

Foto: Bautista Veaute

La Mesa de Ciclismo Urbano logró que la Municipalidad abra los canales de denuncia hacia los administradores de consorcios que prohíben el ingreso de bicicletas a los edificios.

Por Guillermo Capoya

Los administradores de consorcios. Esa especie de entelequia que sólo se materializa a la hora de cobrar las expensas. O para comunicar –ordenar– directivas a través de ítems desplegados a lo largo de hojas A4 pegadas en los ascensores, las puertas o los adminículos denominados transparentes. Esos que siempre exigen, pero raramente dan. Esos a quienes no se les puede reclamar porque son los dueños de la pelota. A esos, en la ciudad de Santa Fe, un grupo de inquilinas ciclistas se les pararon de manos.

Cecilia Miranda y Martina Frutos Gaboioud de Pibxs en Bici y Ciclociudad, Yamila Maribel Riego, de Santa Fe en Bici y Mariana Salvador por la Alcaldía de la Bicicleta, ciudad de Santa Fe, son las integrantes de la Mesa de Ciclismo Urbano que de tanto golpear puertas lograron que los reclamos se escuchen y se actúe en consecuencia.

Desde el 2019, las cuatro organizaciones que conforman la Mesa de Ciclismo Urbano comenzaron a recibir –a través de sus redes sociales– diversos reclamos con un mismo problema: las prohibiciones discriminatorias por parte de algunos consorcios en la ciudad de Santa Fe y sus administraciones, relacionadas con el uso e ingreso de bicicletas a edificios de vivienda colectiva.

El 80% de las personas perjudicadas son inquilinos e inquilinas –el eslabón más débil en el contrato– que eligen las bicicletas como medio de transporte. Esa información surge de un relevamiento hecho por Santa Fe en Bici. Otros datos que consigna el informe señalan que estas prohibiciones no aparecen en el contrato de locación, sino de manera intempestiva con avisos generalmente de cartelería o directamente a través de intimaciones.

El informe, además, refleja que muchos edificios que fueron construidos después de 2015, cuentan con cocheras para autos pero no así con bicicleteros como establece la normativa local. En tanto, aquellos edificios que se construyeron antes de 2015, tienen cocheras para autos e imponen prohibiciones sólo para bicicletas e incluso se evidenciaron casos de lugares que teniendo bicicleteros decidieron sacarlos.

Desde la Mesa de Ciclismo Urbano, indican que cada uno de los ítems del informe “constituyen hechos de discriminación debido a que las prohibiciones se dan a personas que eligen la bicicleta como modo de movilidad, limitando entonces la libertad de decisión respecto de qué modo preferimos para movernos en la ciudad”.

Sí se puede (guardar las bicis)

La Ordenanza 12216 aprobada el 22 de octubre de 2015 no es un slógan de campaña política. Todo lo contrario, es clara, precisa: “En todo edificio de vivienda colectiva que deba contar con una cantidad mínima de módulos de estacionamiento de vehículos, se deberá proporcionar un espacio apto para la guarda y/o estacionamiento de bicicletas o un número de bicicleteros, igual al números de los módulos de estacionamiento vehiculares obligatorios”.

Por otra parte, el artículo 2 de dicha norma aclara: “El área destinada a la guarda y/o estacionamiento de bicicletas se dispondrá en condiciones que permitan un adecuado resguardo de las inclemencias del tiempo, priorizando los sitios de mayor accesibilidad y visibilidad, preferentemente en la planta baja (…)”.

Principio de solución

Frente al reiterado incumplimiento de las normas por parte de algunos administradores de consorcios, se comenzaron a vislumbrar soluciones. “La respuesta que recibimos desde el área de Derechos y Vinculación Ciudadana de la Municipalidad fue la de generar un espacio dentro del Sistema de Atención Ciudadana para que se puedan sistematizar los reclamos y brindar soluciones concretas”, señalan a través de un documento redactado en forma conjunta las integrantes de la Mesa de Ciclismo Urbano.

Otro de los ejes asumidos por el Municipio es “el compromiso de trabajar con los Administradores de los Consorcios para darle difusión a la normativa. Asimismo, a través de los datos recogidos por el Sistema de Atención Ciudadana se podrán generar estadísticas precisas del grado de acatamiento de la normativa vigente en los edificios de vivienda colectiva construidos desde el 2015 en adelante en nuestra ciudad”.

Movilidad sustentable, cuestión de Estado

Desde la Mesa de Ciclismo Urbano manifestaron: “Esperamos que estas acciones articuladas entre el gobierno local y las organizaciones sociales contribuyan a generar mayor conciencia y respeto por los derechos que nos asisten a las personas que disponemos de bicicletas como medio de movilidad”. Asimismo, señalaron “que tal circunstancia debe ser tenida en cuenta en igualdad de condiciones que cualquier otro residente que disponga de movilidad motorizada”.

Firma: la administración

“No se pueden ingresar con bicicletas al edificio. Firma: La Administración”, ese fue el tono general de las notas que recibieron muchas vecinas y vecinos que viven en diferentes edificios, pasillos o viviendas compartidas. Uno de los primeros reclamos que se conocieron fue en julio de 2019. En ese momento, Virginia hacía un mes que vivía en el departamento de un edificio ubicado en Bulevar a la altura del 2200. La esquela que recibió por debajo de la puerta dejaba explícitamente clara la prohibición de acceder con una bicicleta al edificio y remataba: “(…) Esperemos que se respete esta mínima norma de convivencia y respeto hacia los demás (…)”.

“Antes de firmar el contrato pregunté cómo era la política del edificio para estacionar las bicicletas, me respondieron que no sabían muy bien porque el edificio era nuevo pero que seguramente no habría ningún problema para guardar la bicicleta, ya que en el edificio hay cocheras. Yo trabajo desde mi casa así que no me muevo mucho, pero mi novio y los amigos que me visitan se mueven en bici. A los pocos días comenzaron las quejas de los vecinos y de ahí, la nota del administrador”, relataba Virginia.

“Apenas leí la carta me puse en contacto con el administrador y su respuesta fue recitarme la nota que me había mandado. La única solución que me dio es que alquile una cochera o hable con algún vecino que me preste su garaje. No me dieron ninguna respuesta positiva. Esto genera problemas con los vecinos, pero no tengo otra opción que seguir subiendo las bicis. Creo que lo justo es que pueda entrar y salir en bici. Que se respeten las ordenanzas”, aseguraba la joven.

La bici como rehén

Otro de los casos denunciados fue el de María, que frente a la posición intransigente del administrador del consorcio tuvo que alquilar una cochera a 30 metros del departamento que alquila en La Rioja entre 4 de Enero y Urquiza. “En este edificio no dejan entrar bicicletas. Ante esa situación tuve que alquilar a la vuelta de donde vivo un garaje para la bicicleta y pagar pesos extras todos los meses, que a mí me genera un gasto que se suma a todo lo que pago. Yo busqué solucionar este tema, pero no hubo otra alternativa que este gasto extra”.

Por otra parte, María destacó que “cuando me mudé a este edificio nunca me aclararon que no podía entrar y salir  de lo que hoy es el lugar en donde vivo con la bici, que es mi medio de transporte”.

Cómo reclamar

En los testimonios de los inquilinos recogidos por Pausa, se reitera la misma solicitud: que no se publiquen sus apellidos. Ese temor se fundamenta en la desigual relación de poder que tienen los administradores de consorcios frente a los inquilinos. Y que, gracias al reclamo colectivo, comienza a emparejarse.

Actualmente, quienes tengan dificultades para ingresar y acceder a estacionar sus bicicletas en edificios de viviendas colectivas podrán asentar su reclamo por medio de los diferentes canales del Santa Fe Te Escucha, telefónico al 08007775000, al correo informes@santafeciudad.gov.ar, al chatweb de la página de la ciudad, o presencialmente en la sede del Palacio Municipal o en las Oficinas Municipales de Distrito.

Una vez que se tome el reclamo, personal de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana buscará mediar para solucionar el conflicto. En el caso de que persista el incumplimiento por parte de los consorcios, la Secretaría de Desarrollo Urbano llevará adelante las acciones correspondientes.

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