Piden suspender al diputado Cáceres por una causa de violencia de género

El legislador presentó el proyecto de Ley Alejo, que desconoce y tergiversa los objetivos de la Ley Micaela. A fines de 2020 fue acusado de violencia física por su ex pareja y hoy está procesado; sus pares piden la suspensión.

Diputadas de la Nación pidieron al presidente de la Cámara, Sergio Massa, la suspensión del legislador sanjuanino Eduardo Cáceres, por estar procesado a raíz de una denuncia  por violencia de género. Días atrás, el legislador presentó un proyecto que desconoce y tergiversa los objetivos de la Ley Micaela, al buscar que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia «desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”.

La denuncia a Cáceres data de fines de 2020, cuando su ex pareja Gimena Martinazzo lo acusó de haberla golpeado. Por esa causa, el legislador está procesado. Sus pares en la Cámara consideran que debe ser suspendido.

Hace algunas semanas, Cáceres presentó un proyecto de ley que desconoce la normativa vigente para erradicar la violencia de género, especialmente de la Ley Micaela -que apunta a la capacitación obligatoria en materia de género para quienes se desempeñan en los distintos niveles y poderes del Estado.

Pedido de suspensión

El 30 de noviembre del 2020 el propio Cáceres pidió su desafuero por la causa que enfrentaba contra Martinazzo. En esa oportunidad, la diputada Graciela Caselles solicitó que se lo licenciara, para que la justicia local pudiera acceder a todas las herramientas necesarias que permitieran aclarar y proceder conforme a derecho, ante la denuncia por violencia de género. Posteriormente, la Justicia sanjuanina dictó el procesamiento sin prisión preventiva contra Cáceres, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

«Dada la situación expresada, creyendo firmemente en la división de Poderes del Estado e independencia de la Justicia, pero fundamentalmente, defendiendo el rol que la ciudadanía nos ha asignado y la necesidad de proteger y cumplir con la legislación para erradicar todo tipo de violencia de género, es que reiteramos el pedido de suspensión del diputado y/o aplicar las medida que Usted estime oportunas», dice la carta dirigida a Sergio Massa. La misma está firmada por Mónica Macha, Jimena López, Mara Brawer, Lía Caliva, entre otras.

En su planteo, las diputadas apelan a los artículos 66 y 70 de la Constitución Nacional. Este último establece que «cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento». Las legisladoras también basaron su pedido en tratados internacionales de jerarquía constitucional como la CEDAW o la Convención de Belem do Pará.

«Es necesario tener presente, que tenemos una deuda con la sociedad en la capacitación y preparación de todos los órdenes de la justicia en la aplicación de la Ley 27.449 (Ley Micaela), la cual estableció la obligación de capacitarse en esta temática para el conjunto de los funcionarios públicos», agregan las legisladoras

«Nosotros y nosotras como funcionarios y funcionarias, debemos formarnos en materia de género con el fin de prevenir, concientizar y crear nuevas medidas, en el marco de la igualdad, y prevención de violencia», argumentan.

La ley Alejo

Además de ser suspendido por el proceso judicial que afronta, Cáceres debe ser capacitado con urgencia. Sin comprender lo que implican los estereotipos y mandatos de género, el legislador nacional argumenta que “los hombres tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte». De esta manera, distorsiona y confunde acerca de los alcances de la Ley Micaela, que justamente apunta a capacitar en materia de género a quienes se desempeñan en el Estado -legisladoras y legisladores incluidos.

En nuestro país, según el Observatorio Lucía Pérez, se produjeron 60 femicidios en lo que va de 2021. Es decir, 60 mujeres murieron por el hecho de ser mujeres. Pero Cáceres, acusado de golpear a su ex pareja, reclama comisarías especializadas “capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención”. Úrsula Bahillo realizó 18 denuncias antes de ser asesinada por su ex pareja, un policía de la Bonaerense.

Cáceres también desconoce la figura del falso testimonio y las calumnias, buscando tipificar las «falsas denuncias». Según el Observatorio Ahora que sí nos ven, en 2020 dos de cada diez víctimas de femicidio habían realizado al menos una denuncia y sólo 19 de las 298 tenían medidas de protección, y aún así las asesinaron.

En este contexto, a Cáceres le preocupan los escraches en redes sociales. Y se ocupa del tema con un mensaje disciplinador. El legislador nacional propone establecer “mecanismos informativos y educativos en la capacitación para dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales”.

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